Sin lograr el respaldo suficiente, el Gobierno deberá esperar hasta después de las pascuas para avanzar en su denominado plan de "blanqueo laboral".

El tratamiento del proyecto oficial que debía retomar hoy la comisión del Trabajo del Senado quedó bloqueado por el previsible faltazo de la CGT y las dudas en sectores claves del empresariado, en donde hasta anoche mantenían un prudente silencio sobre los últimos cambios a la iniciativa.

Esta situación convenció a los legisladores de aplazar hasta nuevo aviso la convocatoria a la comisión. Por este motivo, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, retomará las negociaciones en los próximos días para reflotar la reforma del mercado de trabajo y obtener su foto en el Congreso, un requisito exigido por el FMI en sus recomendaciones.

"No hay condiciones para que el Senado trate un proyecto que no discutimos en la CGT", confirmó ayer a iProfesional el abogado de la central obrera, Federico West Ocampo.

El asesor de Héctor Daer, cotitular de la entidad sindical, asegura que nunca recibió la versión oficial de las modificaciones que intentó presentar sobre tablas el martes pasado el senador de Cambiemos, Roberto Basualdo. Finalmente, el plenario de comisiones convocado para ese día fue suspendido ante la decisión de los representantes sindicales de retirarse del Congreso, lo que provocó que Sica tampoco asistiera y se pasara a un cuarto intermedio hasta este martes. 

"Se volvió a caer el tratamiento del proyecto", reconoció ayer a este medio Basualdo.

Con mensajes y llamados, el equipo del ministro reventó desde el fin de semana los teléfonos de la cúpula sindical en la búsqueda infructuosa de una señal de apoyo. Las dificultades para encaminar un acuerdo con la central obrera y los cuestionamientos internos al acuerdo de precios a cargo del propio funcionario alimentaron la semana pasada la versión de su renuncia. En las últimas horas surgió otro conflicto: una asamblea en rechazo a 37 posibles despidos en el área de sistemas de la secretaría de Trabajo.

El distanciamiento del sector gremial obedece -dicen en el oficialismo- a los agregados de último momento sugeridos por Sica a la normativa, que en lo central prevé la eliminación de multas y la eximición del pago de contribuciones a los empleadores por regularizar o contratar nuevos trabajadores, junto con una reducción de la indemnización y los fondos destinados a la seguridad social. 

Por lo pronto, el proyecto ya cosechó en el ámbito privado la adhesión de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y Servicios (CAC) y el foro empresario IDEA. La entidad presidida por Javier Goñi se refirió al mismo como una iniciativa "auspiciosa" que "tiene como objetivo la promoción del empleo genuino y formal".

Con todo, el Gobierno no pudo aún capitalizar el espaldarazo de la Unión Industrial Argentina (UIA), que delegó el análisis de los últimos cambios al vicepresidente Daniel Funes de Rioja en medio de un fuerte hermetismo. "Lo estamos evaluando y hay mucho enojo porque dieron por hecho que íbamos a estar de acuerdo", explicó a este medio un miembro del consejo directivo de la central fabril.

La comisión de Trabajo del Senado encabezada por el senador por La Pampa y sindicalista mercantil, Daniel Lovera, elaboró un cuadro comparativo al que accedió este medio sobre las principales correcciones hechas por Basualdo, entre ellas la restricción del alcance del artículo 11 por el que los empleadores que contraten nuevos trabajadores serán eximidos de las contribuciones patronales a la jubilación por el plazo de dos años desde su registración.

La nueva versión especifica que "el empleador gozará de este beneficio siempre que este trabajador produzca un incremento en la nómina de personal" y "se dejará de percibir si registra una reducción de la nómina".

El nuevo artículo 17, además, establece que las multas y agravamientos indemnizatorios previstos en casos de incumplimiento de la registración "no serán de aplicación cuando se trate de casos en los que se cuestione la naturaleza remuneratoria de un determinado concepto, la registración de encuentre realizada por un empleador solidario o directo, o se trate de programas de entrenamiento para el trabajo o inserción laboral".

De ese modo, se busca proteger a las empresas de sanciones frente al posible uso del monotributo o las pasantías y de eventuales irregularidades cometidas por las firmas contratistas o tercerizadas.

La oposición en el Senado, sin embargo, mantiene sus dudas sobre la viabilidad del proyecto oficial por entender que no puede salir "entre gallos y medianoche" y que algunos de sus artículos "vulneran derechos" de los trabajadores.

Los asesores de Lovera apuntan contra el artículo 13 que fija una indemnización del 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil por falta de registración o incorrecta registración de la fecha de ingreso o de la remuneración, en lugar de calcularla sobre el sueldo devengado, como ocurre hoy.

Cuestionan el inciso "d" del artículo 3 que reconoce aporte jubilatorios a los trabajadores solo por los últimos 60 meses (cinco años) de servicios irregulares, sin computar aquellos por una cantidad mayor de años de trabajo. Y advierten que el nuevo artículo 17 no impide a los empresarios utilizar los beneficios fiscales para "canjear" empleados viejos por nuevos.

Por otra parte, el "blanqueo" sumó duros cuestionamientos de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) en un documento publicado hace 10 días, en el que aseguran que la nueva versión, si bien modifica o elimina contenidos "regresivos" de los proyectos presentados en 2017 y 2018, mantiene "falencias estructurales" en un contexto de crisis económica "con crecimiento de los despidos".

"Su verdadera finalidad es rebajar en forma definitiva los importes indemnizatorios por trabajo no registrado o incorrectamente registrado, desfinanciar el régimen de la seguridad social y hacer recargar en los trabajadores y las trabajadoras los efectos de una crisis económica que ellos no generaron", advierte la entidad que agrupa a los letrados del derecho laboral, en su escrito de 12 páginas.

Sindicalistas, entre dos presiones

"Esas son las cosas que el sindicalismo le va a enrostrar a la CGT si apoya la propuesta oficial", reconoció un senador peronista con buena llegada a la jerarquía sindical.

Por estas horas, los cotitulares de la entidad, Héctor Daer y Carlos Acuña, enfrentan las presiones del Gobierno por destrabar la iniciativa laboral, por un lado, y el reclamo de una mayor confrontación, por otro, impulsado por los gremios duros enrolados en la central obrera y sus regionales disidentes.

Este sector encabezado por Hugo Moyano anunció el jueves pasado junto a las dos CTA y los movimientos sociales un paro para el 30 de abril en reclamo de paritarias libres, un aumento de emergencia del salario mínimo y en rechazo a "todo intento de reforma laboral".

Lejos por ahora de esa postura, Daer asistió el lunes de la semana pasada junto a Andres Rodríguez (Estatales), Gerardo Martínez (Construcción) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) a la cena la cena anual del centro de estudios Cippec, donde Macri pidió un voto de confianza ante más de mil dirigentes empresarios y políticos.

El descontento del ala dialoguista, al frente de la central obrera, trasciende la discusión sobre la formalización del empleo. También hay malhumor por la reasignación de fondos a las obras sociales. Luego de estudiar la letra chica del decreto, aseguran que es una mera "redistribución" para cubrir expedientes atrasados del Sistema Unico de Reintegros (SUR). "Es una ingeniería de un gobierno de ingenieros, nada nuevo", disparó un hombre de Azopardo.