Manuel Vázquez, confeso testaferro del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime volvió sobre sus pasos como arrepentido del capítulo argentino del Lava Jato y benefició así a al primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, al que había acusado de pagar sobornos por u$s20 millones para quedarse con el contrato de u$s1500 millones para soterrar el tren Sarmiento.

Tres meses después de aquella confesión que brindó ante el fiscal federal Franco Picardi, Vázquez afirmó esta semana ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que en febrero había admitido su intermediación en el pago de esas coimas a Jaime por presión de su propia abogada defensora, a quien acusó de un supuesto conflicto de interés y decidió luego sustituir.

Sin embargo, en la práctica Vázquez volvió sobre sus pasos como arrepentido en la primera oportunidad procesal que tuvo después de que Martínez de Giorgi eliminara la única motivación por la que el testaferro de Jaime quería confesar: sacar a su familia de cualquier problema penal.

En febrero, días antes de someterse a una cirugía de corazón de la que temía no salir vivo, Vázquez había confesado su rol en las coimas que pagó Calcaterra en nombre del consorcio integrado por Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa, pero también había despegado a sus dos hijos y a su exesposa, quienes lo acompañaron hasta la puerta misma de la Fiscalía, en el quinto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, y lo esperaron allí hasta que terminó su confesión, horas después.

Fue entonces, ante Picardi, que Vázquez relató que Calcaterra y su mano derecha, Javier Sánchez Calcaterra, habrían pagado una primera coima por u$s5 millones a Jaime, en efectivo, que llevaron en bolsos a la Secretaría de Transporte, y otros u$s15 millones, también con bolsos, pero que pasó a retirar el chofer de Jaime con un auto oficial, según indicó el diario La Nación.

Vázquez buscó quitarle toda responsabilidad penal a sus hijos, Julián y Mariano Vázquez, y a su ex esposa, Marta Domínguez, aunque figuran con él en sus operaciones comerciales, algunas de ellas bajo la lupa de la Justicia penal.

En ese entonces, dijo que él daba las órdenes, que ellos no conocían a los funcionarios involucrados, que ni siquiera dialogaron por teléfono con Jaime y otros acusados, y que él era y debía ser el único responsable penal.

Aparentemente, la estrategia de Vázquez era que Martínez de Giorgi lo aceptara como arrepentido y después, con su confesión como sustento exculpatorio, conseguir el sobreseimiento de sus familiares, que quedarían libres de culpa y cargo en el caso de que él muriera en el quirófano.

Sin embargo, Martínez de Giorgi alteró la secuencia y modificó el resultado porque a mediados de abril, y sin resolver si aceptaba o no a Vázquez como arrepentido, dictó la falta de mérito de Calcaterra y otros empresarios tras sostener que no había pruebas suficientes para procesarlos por cohecho, aunque sí procesó a De Vido y José López por negociaciones incompatibles con la función pública, además de sobreseer a los familiares de Vázquez.

Ya sin su motivación central para ratificar ante el juez su confesión de febrero, Vázquez prescindió de su defensora, a quien acusó de presionarlo, y la reemplazó por Andrés Gramajo, quien hasta entonces defendía al ex titular de Aysa Carlos Ben, en la investigación que busca determinar si cobró sobornos para otorgarle a Odebrecht el contrato para construir una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas.

Tras este ida y vuelta de Vázquez será la Cámara Federal la que defina los próximos pasos. Tras la apelación de Picardi, deberá resolver si revoca o confirma la falta de mérito de Calcaterra, Lorenzo Ghella, Sánchez Caballero y Jorge "Corcho" Rodríguez, entre otros empresarios, ejecutivos y lobistas, como así también evaluará si convalida o revierte los sobreseimientos de los familiares de Vázquez, como pidió el fiscal.