Cuando confirmó procesamientos a exfuncionarios y empresarios por supuesto cobro y pago de sobornos en el escándalo del Lavajato y Odebrecht vinculado a la licitación de plantas potabilizadoras de la estatal Aysa, la sala uno de la Cámara Federal porteña rechazó un planteo del empresario Aldo Roggio para traspasar las acciones de su empresa a sus tres hijos.

Pero ese día hubo una de cal y otra de arena: como contrapartida, se redujeron de manera sustancial los embargos sobre empresas y sus titulares procesados.

Esa sala del Tribunal de Apelaciones aplica un razonamiento que repercute en todas las causas que le toca revisar y sienta precedente.

"Consideramos que a la hora de imponer los embargos respectivos resulta razonable fijar un valor menos elevado a aquellos imputados a quienes se les atribuyan conductas de menor significación penal y/o cuya duración no abarque todo el período investigado", explicaron en este caso.

El juez federal Sebastián Casanello embargó por $511 millones. Sus superiores del Tribunal de Apelaciones citaron el Código Penal y también los dichos de un arrepentido ante la justicia brasileña, Luiz Mameri.

"Cada socio pagaba los sobornos de acuerdo a su participación en el consorcio", dijo en ese país.

Esa prueba sirvió para confirmar procesamientos pero, también, debe valorarse "en este caso en beneficio de los imputados y sus empresas", remarcaron los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Los montos de embargo quedaron prorrateados de acuerdo al grado de intervención de cada empresa y su responsable en lo ocurrido.

"Camargo Correa S.A.", "Esuco S.A.", "Odebrecht S.A.", "Benito Roggio S.A.", "Supercemento SAIC" y "JCCC S.A." no participaron con el mismo porcentaje en las UTEs (Unión Transitoria de Empresas) investigadas.

La constructora brasileña tuvo un 50 por ciento; Supercemento SAIC un 16,66; Roggio un 16,67 y JCCC SA otro 16,66 en la obra Paraná de las Palmas, mientras que Camargo Correa SA entró con un 60 por ciento y Esuco con un 40 a la planta de Berazategui.

A la hora de volver a calcular, hubo una sola salvedad en el prorrateo y fue para Carlos Wagner. "Corresponde indicar que su participación en los hechos no se limitó a su rol como titular de Esuco S.A.", sino que "tomó una participación preponderante en el primer tramo en su carácter de Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, razón por la cual el monto que se le habrá de fijar no se ajustará a la participación de su firma en la UTE Camargo Correa".

En base a estos argumentos, sólo se confirmó el embargo de 511 millones de pesos sobre los bienes del detenido ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido y sus ex funcionarios Roberto Baratta y José López.

Aldo Roggio, Tito Biagini y las empresas "Roggio S.A.", "Supercemento SAIC" y "JCCC S.A." fueron beneficiados con una sustancial reducción. Cada uno quedó embargado por 85 millones de pesos.

Sobre los demás se reajustaron las sumas: para los ex responsables de Aysa Carlos Ben, Raúl Biancuzzo y el empresario constructor Wagner. Los montos quedaron en $304 millones.

A "Esuco SA" se le fijó un embargo de 121 millones de pesos; 182 millones para "Camargo Correa SA" y 255 millones a Odebrecht.

Para el empresario Jorge Rodríguez se ordenó un embargo de 258 millones y de 129 a Carlos Dentone Loinaz, Martín Molinolo Menafra y Osvaldo Gandini.