La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no tardó en responder a la imputación que le realizó el fiscal federal Franco Picardi por la supuesta elaboración de un "plan criminal" contra la comunidad mapuche del sur del país y que provocó las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Su respuesta llegó a través de las redes sociales: "Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente", escribió en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "No habrá apriete que me pueda frenar".

Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad.

Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente.

No habrá apriete que me pueda frenar. pic.twitter.com/HOVbTEnf0V — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 1 de noviembre de 2019

Todo surgió porque este viernes el fiscal Picardi impulsó la apertura de una investigación para determinar si desde las más altas esferas del ministerio de Seguridad de la Nación se pergeñó un plan para despojar a las comunidades mapuches de las tierras que reclaman en distintas localidades de la Patagonia y beneficiar así a quienes tienen intereses económicos sobre esa zona, revelaron fuentes judiciales.

El fiscal imputó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su ex jefe de Gabinete, Pablo Noceti; el ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané; y al secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman; y requirió a la jueza federal María Eugenia Capuccheti que realice una serie de medidas de prueba.

La causa judicial se inició a raíz de una denuncia presentada en junio por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que sostuvo que desde diciembre de 2015 se habría puesto en marcha un supuesto plan "con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las distintas comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios".

En la denuncia, la APDH presentó una serie de hechos entre los que se destacan la supuesta la actuación de fuerzas de seguridad federales sin orden judicial en determinados conflictos, la presunta realización de tareas de inteligencia ilegal, "la creación de un falso enemigo interno en la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M)" y los hechos que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Domingo Salvo.

Tras realizar una serie de medidas previas, la fiscalía decidió dar impulso a la acción penal a través de un dictamen en el que expuso, además, la situación actual de los pueblos originarios en base al Informe del Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia tras su misión a la Argentina en mayo de 2016.