El ex Subdirector Ejecutivo de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier, apeló su procesamiento por supuestas "negociaciones incompatibles" con la función pública y busca revertir la decisión del juez federal Sebastián Casanello.

La causa ya está bajo análisis en la sala primera de la Cámara Federal porteña, a cargo de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Estos magistrados serán los encargados de confirmar o revocar el fallo que lo procesó por presunto delito, al evitar apartarse a la hora de suscribir obligaciones negociables emitidas por las empresas Arcor y Cablevisión por un total de 22 millones de dólares, como responsable del F.G.S. Está embargado por 12,4 millones de pesos.

En la acusación se dio por probado que se habría interesado en el tema, pese a los vínculos que lo unieron con ambas empresas y en base a los cuales debió haberse apartado en cumplimiento de la Ley de Etica Pública 25188.

El 8 de junio de 2016 el FGS suscribió 10 millones de dólares de Obligaciones Negociables Clase A de Cablevisión SA y el 29 de ese mes hizo lo mismo con 12 millones de dólares de Arcor SAIC.

La investigación sigue sobre otros posibles participantes del hecho y está delegada en el fiscal Franco Picardi. Pero en lo que a Blaquier se refiere, los camaristas de la instancia de apelación deberán resolver si aceptan los argumentos de su defensa o ratifican los del juez Casanello. Antes habrá una audiencia en fecha a determinar, explicaron fuentes judiciales.

¿Qué argumentó el magistrado para procesar? Blaquier habría hecho "caso omiso" a la obligación de abstenerse de intervenir en esas operaciones por un conflicto de interés: en el primer caso, el Grupo Clarín controlaba Cablevisión y Blaquier fue Director Titular no independiente por la Clase C de accionistas de Clarín. Cuando dejó ese puesto, lo reemplazó su hermano Gonzalo Blaquier el 25 de abril de 2016.

En el caso de Arcor, el ex funcionario fue nombrado por tres ejercicios como Director titular y según la acusación habría participado en el diseño del plan de reestructuración de deuda. Al procesarlo se advirtió que los conflictos de intereses de funcionarios públicos forman parte de los casos enmarcados en la temática de corrupción a partir de tratados internacionales que buscan combatirla y a los que suscribió Argentina.

La Ley de Etica Pública se sancionó para cumplir en el país con la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996.

En el procesamiento se aludió a esta Convención y a la de Naciones Unidas contra la Corrupción como fuente de la prevención de conflictos de intereses. También se remarcó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió que si no se resuelven estos conflictos pueden afectar a los gobiernos democráticos y que las decisiones públicas deben ser y también "percibirse como imparciales".

La Ley de Etica Pública impone la obligación de abstenerse en asuntos vinculados a personas o empresas privadas con las que el funcionario haya tenido vínculos en los tres años previos a asumir su cargo.

Todo esto está ya bajo estudio en el segundo piso del edificio de los tribunales de Retiro, sede de la Cámara Federal. El Tribunal revisará las pruebas usadas para procesar, por ejemplo las declaraciones juradas patrimoniales de Blaquier, donde están informadas deudas con ambas empresas.

También se sostuvo que por su profesión y experiencia en finanzas no pudo desconocer lo que ocurría relacionado a la incompatiblidad personal para intervenir en temas vinculados con Arcor y Clarín-Cablevisión. Pese a ello "se interesó" en las operaciones. Además había otras opciones de inversión que, según la imputación del fiscal Picardi, no fueron tenidas en cuenta.

Cuando pisó Comodoro Py 2002 para su indagatoria, Blaquier presentó escritos y sólo aceptó responder preguntas de su defensa y del juzgado.

Argumentó que la decisión final de la suscripción de las obligaciones fue del titular de ANSES, Emilio Basavilbaso y que él era Secretario del Comité Ejecutivo del FGS sin voto.

El juez procesó a Blaquier por haber intervenido en la operación, más allá de quién fue el funcionario público que puso la firma final.

Entre los argumentos centrales de la apelación, remarcó además que no estuvo en el país cuando se tomó la decisión sobre Arcor y que no fue directivo ni empleado de Cablevisión, sino de Clarín -dos personas jurídicas diferentes-, por lo que no había impedimento formal.

Sobre el primer punto, en el procesamiento se aludió a que recurrió a otra persona para concretar la operación y sobre el segundo se analizó que las decisiones de la controlante Clarín tenían consecuencias en Cablevisión y que además Blaquier integró el directorio de la primera con anterioridad a la decisión de comprar la segunda.