Luego del rechazo de la Justicia y del presidente electo, Alberto Fernández, el gobierno de Mauricio Macri busca evitar que el sistema de protección de testigos de causas de corrupción caiga en manos del próximo ministro de Justicia del Frente de Todos.

La Casa Rosada estudia la creación de una agencia autárquica para la protección de testigos, algunos de ellos involucrados en causas vinculadas a hechos de corrupción durante el kirchnerismo, indicó el diario La Nación.

"Tratamos en la reunión de gabinete el tema del sistema de protección de testigos. Se presentó una propuesta y esperamos que esta semana haya novedades al respecto", dijo el actual ministro de Justicia, Germán Garavano, al término de la reunión de gabinete encabezada por Macri.

"Esperamos avanzar en una agencialización del programa de protección de testigos. Trabajaremos esta semana arduamente en los detalles. No puedo decir nada más por ahora", amplió el ministro, y detalló que la idea es "avanzar hacia un modelo de agencia" como los de la Agencia Nacional de Materiales Controlados y el Registro Nacional de las Personas, bajo la órbita del Ministerio del Interior, y la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que depende de la Jefatura de Gabinete.

"Son instituciones dentro del Estado que actúan con independencia y son autosustentables", finalizó Garavano, que en quince días -como todo Cambiemos- dejará su cargo.

Con creación de la agencia se pretende " atender un pedido de la gente que está incluida en el programa y que no quiere quedar en manos de los amigos de quienes denunciaron", afirmaron.

En el Gobierno destacan la reciente renuncia de Leonardo Fariña, imputado colaborador en la causa de la ruta del dinero K, al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, para "no ser cuidado por el próximo gobierno", según trascendió de su declaración judicial.

Continúan dentro del programa personajes emblemáticos de causas de corrupción del kirchnerismo, como el exsecretario de Obras Públicas José López; el chofer Oscar Centeno, autor de los denominados cuadernos de las coimas; Alejandro Vandenbroele (testaferro de Amado Boudou), y su exesposa Laura Muñoz, quien denunció la maniobra para apropiarse de la imprenta Ciccone.

El programa creado en 2003 también abarca a testigos vinculados a casos de narcotráfico, terrorismo, secuestros y delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Son unas 300 personas entre testigos y familiares protegidos por el Estado.

Dos semanas atrás, el Gobierno frenó el DNU presidencial, que ya estaba redactado y que establecía el traspaso del programa a la órbita de la Cámara de Casación Penal. Se combinaron entonces los rechazos de la Corte Suprema de Justicia y del presidente electo, concluyó el matutino.