El arrepentido contador Victor Manzanares pidió reemplazar por un juramento la  caución de 100.000 pesos fijada para autorizarlo a salir del país del 20 al 22 de diciembre rumbo a Punta Arena, Chile. Logró el visto bueno de la Cámara Federal.

Distinta suerte tuvo el ex titular del ex Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti, en su pedido para recuperar relojes, armas de fuego y cartuchos incautados en allanamientos en la "causa cuadernos". La respuesta fue no.

Estos son planteos casi de rutina por parte de procesados en esta investigación. Pero, en Comodoro Py 2002, hay otras cuestiones que se miran con lupa: las que comenzaron a ir al fondo de la investigación.

Una de ellas fue planteada por el primo del presidente Mauricio Macri, Ángel Calcaterra, y su ex ejecutivo en IECSA, Héctor Javier Sánchez Caballero. Su abogado Fernando Díaz Cantón pidió el sobreseimiento por el delito de asociación ilícita, el más grave, que prevé hasta diez años de prisión.

El reclamo se hizo después que la Cámara Federal benefició a Calcaterra con falta de mérito y lo dejó procesado por presunto cohecho, con un máximo de seis años de cárcel.

Sánchez Caballero ya tenía falta de mérito por asociación ilícita, firmada por el juez federal Claudio Bonadio.

La falta de mérito implica que el imputado sigue bajo investigación por el delito del que se trate, hasta que haya prueba para procesarlo o sobreseerlo, es decir, desvincularlo definitivamente del hecho.

La defensa de ambos sostuvo que desde diciembre de 2018 cuando se tomó esta decisión, los fundamentos para sostener la "no pertenencia de los nombrados a la asociación ilícita no se han visto conmovidos por la evolución posterior de las actuaciones", según se recordó en la resolución de la Cámara Federal.

El Tribunal de Apelaciones ordenó ahora a Bonadio analizar el planteo y volver a resolver. Lo hizo porque advirtió que se "ha agregado una condición novedosa que no ha podido ser valorada" cuando se rechazó el planteo.

La novedad fue que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dictaron la falta de mérito por asociación ilícita a los dos empresarios en otra causa vinculada, en la que habían sido procesados otra vez por este mismo delito.

La defensa de Calcaterra y Sánchez Caballero postula que hubo una "arbitraria" diferenciación entre la situación de ambos en relación a otros empresarios ya sobreseídos.

"Se encuentra palmariamente demostrado que los nombrados jamás asumieron un rol determinado dentro de la organización", argumentó.

Este delito "no se ha demostrado ni en la presente causa, ni en las conexas, ni se demostrará jamás, por más que el juez de grado ‘sin razón suficiente’ se haya apartado de los criterios fijados", se sostuvo en el recurso de queja que ahora aceptó la Cámara.