El flamante ministro de Educación Nicolás Trotta anticipó que volverá la paritaria nacional docente, a los fines de fijar el piso salarial docente en todo el país para el «cargo testigo», que solía ser aquel docente que recién inicia su carrera y que tiene un solo cargo.

"Lo que se ha planteado en relación a la realidad salarial de los maestros es poder, en un corto plazo, establecer un diálogo no solo con las organizaciones sindicales de los maestros sino también con cada una de las jurisdicciones", dijo el ministro en una entrevista a Radio La Red.

Asimismo, Trotta destacó el rol muy activo que debe cumplir el Consejo Federal de Educación y mencionó que es probable que haya una primera reunión la semana próxima, de la que participarán las 24 jurisdicciones.

De acuerdo a la nueva administración, se buscará una discusión federal de diferentes aspectos educativos que se consideran centrales para lograr una realidad de equidad en todo el país.

Pero la discusión no solo se circunscribirá al aspecto salarial, sino también a cuestiones pedagógicas en todo el país vinculadas a la formación docente.

Tras la Ley de Transferencia de Servicios Educativos de 1991, la negociación colectiva docente pasó del ámbito nacional al jurisdiccional.

Ante los distintos inconvenientes para fijar el incremento salarial, a través del artículo 10 de la ley de Financiamiento Educativo de 2005, se creó la Paritaria Nacional Docente (PND), que obligaba a sentar en una misma mesa al Estado Nacional, a los Estados provinciales y a los principales gremios de la enseñanza con representación proporcional a la cantidad de afiliados.

Asimismo, establecía que "el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologí­a juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a:

a) condiciones laborales,

b) calendario educativo,

c) salario mínimo docente y

d) carrera docente.

En este sentido, hay que destacar que cada provincia tomaba el valor fijado en la paritaria nacional y lo discutía con los sindicatos en su propia jurisdicción, estableciendo así un nuevo piso mayor o igual al nacional, en cada jurisdicción.

Además de fijar el piso salarial docente en todo el país para un «cargo testigo»,  establecía un fondo compensador financiado por el gobierno nacional para un grupo de provincias que tenían dificultades para solventar el costo acordado de salario mínimo nacional. No buscaba equipararlo en todas las provincias sino que sean bastante similares, de acuerdo a la realidad de cada territorio.

En abril de 2007, el decreto 457/07 reglamentó esa ley y señala que: "corresponderá que el convenio marco trate todas las cuestiones laborales generales que integran la relación de empleo de los trabajadores docentes de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires. Esto es:

- Retribución mínima de los trabajadores docentes.

- Materias de índole económica, laboral, asistencial, previsional y, en general, las  condiciones de trabajo, a saber:

* Condiciones de ingreso a la carrera docente, promoción y capacitación, calificaciones del personal;

* Régimen de vacantes;

* Trámites de reincorporaciones;

* Jornadas de trabajo;

* Derechos sociales y previsionales;

* Políticas de formación docente y capacitación en servicio;

* Representación y actuación sindical;

* Títulos;

* Cualquier otra materia laboral prevista en el artículo 10 de la ley 20.675, que funcionó como principal referencia para los aumentos que posteriormente las provincias debían discutir con sus maestros.

De 2008 a 2011 la Paritaria tuvo el acuerdo de gobierno y sindicatos. Durante los años 2012 y 2013 fue sancionada por decreto, sin el acuerdo de los sindicatos docentes nacionales. En 2014, tuvo una extensa negociación pero se llegó a un acuerdo, al igual que en 2015 y 2016.

Pero a través del decreto 52/2018, el gobierno nacional la eliminó al modificar el texto de la ley 24.049 de Financiamiento Educativo.

La gestión de Cambiemos le quitó toda referencia a la discusión salarial y sólo se discutirán cuestiones gremiales.

Es que en el punto 4 del texto se cambió el artículo 6 del decreto 457/2007 que reglamentó la ley y estableció que el salario mínimo docente "no podrá ser inferior al 20% por encima del salario mínimo vital y móvil vigente, acuerdo arribado entre las asociaciones sindicales y el Poder Ejecutivo Nacional según Acta suscripta entre las partes de fecha 25 de febrero de 2016."

Tras esa normativa solo podían discutirse cuestiones laborales generales, como las condiciones de ingreso a la carrera docente, promoción y capacitación, calificaciones del personal; régimen de vacantes; trámites de reincorporaciones; jornadas de trabajo; Derechos sociales y previsionales; políticas de formación docente y capacitación en servicio y representación y actuación sindical.

Por otro lado, el decreto, que tiene la firma del presidente Mauricio Macri, modificó la composición de la mesa de discusión para quitarle poder al gremio más grande, CTERA.

Por el decreto 457/2007, Ctera podía llevar cinco representantes y los otros cuatro gremios un representante cada uno, por lo cual era necesaria su aprobación para continuar con la negociación.

De acuerdo a la norma firmada por Mauricio Macri, se quitó la referencia a la proporción y se estableció que a esa mesa deberá ir un representante por gremio.

Y,  en lo concerniente al aspecto salarial, se indicó que cada provincia negocie el incremento que más se ajuste a su realidad.

Ahora, se espera que el presidente Alberto Fernández, a través de un nuevo decreto, derogue la norma firmada por su antecesor y pueda volverse a discutir la paritaria nacional docente. Ello podría ocurrir en los próximos días.