El juez federal Julián Ercolini dispuso este viernes la inhibición general de bienes para el exfuncionario de Juntos por el Cambio en cuyo despacho se encontró un sobre con 10 mil dólares y por el cual se abrió una causa por presunto lavado de dinero.

Se trata del ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción Rodrigo Sbarra, quien aseguró que le "plantaron la plata" en su escritorio y negó tener cualquier vínculo con el dinero hallado.

El pedido para inhibirlo de sus bienes fue realizado por el fiscal Gerardo Pollicita ante el juez federal Julián Ercolini, quien lleva adelante el expediente iniciado tras una denuncia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Según las primeras averiguaciones, ese dinero correspondería a una operación inmobiliaria que llevó adelante Sbarra con la compra de un terreno en el predio de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre.

"Existen elementos de prueba suficientes como para tener por acreditada la verosimilitud respecto de tal hecho pues, cuanto menos, Rodrigo Sbarra ocultó al Fisco Nacional la tenencia de dinero y bienes, extremo que torna urgente y necesario el dictado de la medida cautelar a su respecto", sostuvo el fiscal.

Sbarra había quedado imputado por el delito de lavado de dinero, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita confirmara, a través de una testigo, que el exfuncionario había comprado un terreno en un predio en el barrio privado Nordelta, que no había reportado en sus declaraciones juradas.

Además, también con el avance de la investigación surgió que Sbarra tendría otra propiedad en la localidad de Navarro.

"Al igual que el lote adquirido a Nordelta S.A. por Rodrigo Sbarra, referido algunos párrafos atrás, la significativa mejora introducida en los lotes de terreno de su propiedad en la localidad de Navarro, Pcia. de Buenos Aires, no fue declarada por el ex funcionario con motivo de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales", remarcó al respecto Pollicita.

Sbarra "habría recibido una cantidad no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada, que luego puso en circulación en el mercado a través de la adquisición de diferentes propiedades que tampoco aparecen reflejadas en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante los organismos competentes, lo que podría llegar a configurar lavado de activos".