Violar el aislamiento social ordenado, sin justificación puntual, es delito. A pesar de que la gente suele subestimar la gravedad de la situación, jurídicamente no hay demasiadas vueltas.

El decreto de necesidad y urgencia emitido por el Ejecutivo Nacional, en el marco de la pandemia por el coronavirus, impone el aislamiento obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, con las excepciones previstas en la misma norma.

¿Qué consecuencias legales puede traer no hacer caso al mandato?

El abogado penalista Carlos Ríos arrima certezas: "El Código Penal, en el Capítulo IV del Título 7, tipifica los delitos contra la salud pública como una categoría de los delitos contra la seguridad común. El artículo 205 prevé una pena de seis meses a dos años de prisión para el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia", señala.

También advierte Ríos que "existen delitos más graves: el de la propagación dolosa o culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa".

El primero está previsto en el artículo 202 y reprime con una severa pena de reclusión o prisión de tres a 15 años la conducta del que se sabe enfermo –en este caso de coronavirus– y, aun así, toma contacto con varias personas permitiendo que la enfermedad se difunda.

Además indica que el segundo "está contemplado en el artículo 203 del Código Penal y sanciona con multa o prisión de seis meses a cinco años si resultare la enfermedad o la muerte de alguien, a quien propague la enfermedad por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo".

En este supuesto incurre quien, aun sin saber que está enfermo, no toma las precauciones o actúa temerariamente entrando en contacto con otras personas.

"Y eso puede suceder si salimos de casa", concluye.