El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso la excarcelación del empresario Lázaro Báez en la causa que se le sigue por lavado de dinero y, si bien abandonará el penal de Ezeiza, seguirá cumpliendo prisión preventiva domiciliaria, en el marco de otro expediente.

Los jueces dispusieron que Báez deberá someterse al cuidado del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de GPS, con un radio de 100 kilómetros a la redonda del lugar de residencia informado.

Además, le impusieron una fianza de 632 millones de pesos, la obligación de presentarse al tribunal cada 15 días y la retención de su pasaporte e interdicción de expedir nuevos a su nombre, más la prohibición de salida del país.

En el mismo fallo, los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Daniel Obligado hicieron saber que la excarcelación del imputado "no se hará efectiva a tenor del arresto domiciliario, ordenado en fecha 18 de marzo del año en curso, en la causa 3017/2013" denominada "Báez, Lázaro y otros s/ encubrimiento y otros", por lo que deberá cumplir las pautas impuestas y seguirá en prisión preventiva, pero en un domicilio.

La resolución fue adoptada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara este miércoles un fallo anterior en el que se le había rechazado al empresario el beneficio de la excarcelación y el de la prisión domiciliaria solicitado por su defensa, a pesar de las opiniones favorables del Ministerio Público Fiscal.

Lázaro Báez a un paso de recuperar la libertad

Además, los camaristas remarcaron que la parte querellante en el caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), "no se hizo presente" a la audiencia fijada para debatir la cuestión.

El 19 de junio último, el Tribunal que juzga a Báez por lavado de activos, y tiene a cargo la preparación de otro juicio por otros hechos vinculados al mismo delito, rechazó excarcelar al empresario pese al planteo fiscal a favor de conceder el beneficio con tobillera electrónica.

"El pronunciamiento recurrido ha sido dictado en exceso de la pretensión del señor fiscal de juicio, quien presentó su postura favorable al planteo efectuado por la defensa", advirtió Casación al anularlo.

La UIF había pedido 9 años de prisión

En marzo último, la Unidad de Información Financiera (UIF) había pedido condenar a 9 años de prisión al detenido empresario Lázaro Báez por "lavado de activos agravado", al dar por probado que montó una estructura para sacar del país al menos 50 millones de dólares rumbo a paraísos fiscales con dinero proveniente de la obra pública.

Al término de su alegato final ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, el organismo querellante solicitó además que se sentencie a 8 años de cárcel al mayor de los cuatro hijos del dueño de "Austral Construcciones", Martín Báez; a cinco años a Luciana y Leandro y a 4 años y a seis meses a la hija menor, Melina.

Por otro lado, el abogado de la UIF, Fabián Mérola, requirió 4 años y medio de prisión para el arrepentido Leonardo Fariña porque entendió que su confesión fue corroborada y que los datos que aportó fueron de "utilidad para el esclarecimiento de la verdad", como prevé la ley del arrepentido 27304, a la hora de conceder reducciones de penas.

"Creemos que más allá de cualquier tipo de especulación moral o política que corresponde al ámbito legislativo, lo cierto es que se ha corroborado en gran parte lo que ha dicho, vamos a tener por cumplido lo que fija la ley", sostuvo el querellante.

Para la UIF, "hubo un plan pergeñado por Lázaro Báez y Martín Báez", que se probó más allá de la confesión de Fariña, con pruebas bancarias y testigos, concluyó el abogado al pedir condenas.

La UIF había pedido 9 años de prisión

La UIF solicitó además 7 años y seis meses de cárcel para el ex contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, y para su ex abogado Jorge Chueco; seis años y medio para el empresario Fabián Rossi y seis para el financista Federico Elaskar, de un total de 25 acusados para quienes solicitó penas, en tanto que sólo para 2 pidió la absolución.

El organismo que interviene en la investigación de delitos vinculados al lavado de activos requirió también al Tribunal que aplique a Báez una multa equivalente a siete veces el monto de cada operación ilícita.

Por otro lado, el organismo reclamó para las empresas "Austral Construcciones" y "Real Estate Investment" sanciones de multa por dos veces las operaciones en las que intervinieron y en el caso de otra firma involucrada, "Helvetic Group", pidió la cancelación de su personería jurídica y multa por siete veces el monto de operaciones cuestionadas.

Además, se solicitó el "decomiso definitivo" de 32,8 millones pesos a cuentas de "Austral Construcciones", de aeronaves, de lo depositado en cuentas off shore y de bienes muebles e inmuebles.

Pidió también al Tribunal el envío de exhortos a Bahamas, Suiza y Emiratos Árabes para "hacerles saber la eventual sentencia y que procedan a la remisión de fondos de cuentas bancarias obrantes a nombre de personas físicas y jurídicas" que sean parte de la causa penal.

La UIF reclamó investigar a funcionarios del banco HSBC argentina por posibles delitos a la ley penal cambiaria en base a dichos del acusado Federico Elaskar.

El letrado retomó el alegato final ante el TOF 4 que juzga a Báez, sus cuatro hijos, su ex contador Pérez Gadín, su ex abogado Chueco, al arrepentido Fariña, al financista Federico Elaskar y al empresario Rossi, entre otros, por lavado de dinero.

"Hemos corroborado con prueba directa la constitución de una estructura para dar apariencia lícita a 50 millones de dólares de origen ilícito, con numerosas operaciones, cuentas abiertas sin una explicación económica, utilizando paraísos fiscales con un claro dolo que se manifiesta hasta la actualidad", sostuvo el organismo.