Oil Combustibles: la fiscalía pidió prisión efectiva para Echegaray, De Sousa y Cristóbal López
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El fiscal Juan García Elorrio pidió este jueves que el ex jefe de la AFIP durante el gobierno de Cristina Kirchner, Ricardo Echegaray, sea condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por favorecer a las empresas del Grupo Indalo en la evasión del impuesto a los combustibles.
En el mismo contexto, reclamó para los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión, de cumplimiento efectivo.
Atento al tiempo que permanecieron detenidos, aún en hipotético caso de condena firme López y De Sousa podría evitar el regreso a prisión.
El fiscal los acusó de "defraudación en perjuicio de la administración pública" y en ese contexto pidió que Echegaray sea condenado además a la inhibición perpetua para ejercer cargos públicos y al decomiso de bienes de López y De Sousa.
La deuda de Oil Combustibles
García Elorrio cuantificó la deuda del grupo empresario en unos 5.900 millones de pesos, unos dos mil millones menos que los ocho mil por los que fueron originalmente imputados.
Los empresarios sostienen que esa deuda estaba documentada y los planes de pago se estaban cumpliendo rigurosamente hasta que, con el cambio de autoridades de la AFIP, fueron dejados de lado para impulsar una causa penal en su contra.
El fiscal replicó que Oil Combustibles era la empresa recaudadora del Grupo Indalo para financiar nuevas inversiones a través de la evasión del impuesto a los combustibles, "que no se pagaba en tiempo y forma".
Al pronunciar su alegato acusador en el tramo final del juicio, García Elorrio consideró que la evasión del impuesto generaba una deuda que Oil incluía en planes de facilidades de pago, con la anuencia de Echegaray en la AFIP.
El fiscal explicó que la deuda se incrementó exponencialmente entre 2011 y 2016, pasando de poco más de 150 millones de pesos a casi seis mil.
El juicio se lleva a cabo ante el Tribunal Oral Federal número tres, integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Feliciano Ríos.
Denuncian la "interferencia" de Macri en la causa
Al inicio de la audiencia y previo al final del alegato fiscal, el empresario De Sousa pidió al Tribunal Oral Federal 3 hacer uso de la palabra para denunciar la "interferencia" del gobierno de Mauricio Macri en el caso, al dar por probado que fue escuchado de manera ilegal mientras estuvo detenido en el penal de Ezeiza.
De Sousa sostuvo que "claramente queda demostrado" la interferencia del Poder Ejecutivo Nacional, durante la gestión de Macri, realizó en la causa judicial de Oil Combustibles.
"La Justicia fue violada y fue afectada en su rol, hubo una clara interferencia de un poder del Estado (el Ejecutivo) con objetivos absolutamente oscuros", enfatizó el empresario.
"Se montó todo un proceso judicial, político y mediático", agregó al referirse a grabaciones de sus conversaciones en la cárcel que luego llegaron de "manera anónima" a la entonces diputada nacional Elisa Carrió, "quien hizo la denuncia" que dio origen a una causa denominada como "Operativo puf".
De Sousa consideró que "esto es un elemento más de este procedimiento vergonzoso" al que están sometidos junto a su socio desde marzo de 2016.