Fútbol para Todos: ordenan reabrir la investigación contra Aníbal Fernández
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La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación del llamado FIFAGate por presuntos sobornos pagados a entidades como la FIFA y CONMEBOL en tiempos de Fútbol para Todos. En el expediente está imputado el actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, entonces jefe de Gabinete.
La investigación local es por el supuesto pago de unos 33 millones de dólares -por dos años- por parte de empresarios para obtener derechos de televisación de distintos torneos para después venderle publicidad al Estado Nacional. Abarcaba a varios torneos, entre ellos la Copa América 2015.
La decisión judicial llega luego de que el juez federal Daniel Rafecas la archivara en primera instancia pese al pedido del fiscal Gerardo Pollicita de investigar.
El testimonio de Alejandro Burzaco en Estados Unidos
La Justicia pudo clarificar varios de los negociados a partir del testimonio que en noviembre de 2017 brindó el ex CEO de la empresa Torneos, Alejandro Burzaco, ante un tribunal de los Estados Unidos en calidad de testigo protegido. Así es que complicó la situación judicial del exjefe de Gabinete, hoy ministro de Seguridad, a partir de lo cual el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria de Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina , Gabriel Mariotto y Pablo Paladino por defraudación al Estado a raíz de la contratación de los derechos de televisión para transmitir los partidos de la Selección argentina.
Pollicita pidió entonces que se aplicara la inhibición general de bienes y se prohibiera la salida del país de los 19 imputados en la causa. Entre sus argumentos principales, el fiscal federal expresó que los funcionarios violaron la ley, ya que las contrataciones ejecutadas por el Estado fueron "arbitrarias" y "excedieron" los objetivos del programa Fútbol para Todos.
En su presentación, Pollicita sostuvo que el Estado pagó sobreprecios por los derechos de televisión para transmitir partidos de la Albiceleste. Las participaciones internacionales más costosas para el gobierno fueron el Mundial de Brasil, en 2014, por US$ 18 millones, y la Copa América de 2015, por otros US$ 8 millones.
Por esa causa, los imputados habían sido sobreseídos en noviembre de 2019, pero ahora, a partir de la resolución que firmaron los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el caso volverá a investigarse con un pedido específico: que envíen al a justicia federal la confesión de Alejandro Burzaco "para que se determine quién pagó y quién cobró las coimas", según indicaron fuentes judiciales al diario Clarín.
"En esta tesitura, más allá de la pertinencia de la eventual identificación de aquellos valores mediante un nuevo peritaje en los términos solicitados por el Fiscal, resulta crucial para esta pesquisa establecer si ha mediado algún acuerdo espurio que pudiera haber tenido como perjudicado al Estado Nacional o también, independientemente de aquella comprobación, respecto del cual hubieran obtenido beneficios indebidos tanto los funcionarios (...) públicos como los empresarios involucrados, existiendo aún otros caminos por recorrer a fin de llegar a su dilucidación", concluyó la Cámara.