La Justicia investiga a alimenticia rosarina por presunta estafa a importador paraguayo

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Rosario ha iniciado una investigación contra la empresa Alimentos Argentinos a partir de una denuncia presentada por la sociedad paraguaya Oryza Group. La denuncia alega que Alimentos Argentinos habría desviado fondos destinados a una importación de granos para otros fines, lo que resultó en la caída de la operación comercial. La Unidad de Delitos Económicos Complejos, liderada por el fiscal Miguel Moreno, tomó el caso y formuló imputaciones contra los titulares de la firma, Rodolfo Raffin, Lourdes Raffin y Ana María Barrios.

De acuerdo con la denuncia, Oryza Group acordó una transacción con Alimentos Argentinos en agosto de 2023 para la compra de 22 mil toneladas de maíz. En el marco de la operación, la sociedad paraguaya transfirió un adelanto de 1.5 millones de dólares a través del Banco Itaú, depositados en una cuenta del Banco Santander perteneciente a los exportadores rosarinos. Este adelanto formaba parte de una operación cuyo valor total ascendía a 4.5 millones de dólares, y su propósito era asegurar la logística y la producción de la mercadería.

Sin embargo, los denunciantes sostienen que dichos fondos no se destinaron a los fines acordados, lo que generó una serie de demoras en la operación. Ante la falta de avances, Oryza Group decidió contratar a una empresa certificadora, Control Union, para verificar la existencia y calidad de los granos. Los auditores se trasladaron a Pergamino, donde Rodolfo Raffin les mostró que en la cooperativa Unión de Alfonso se encontraban almacenadas 7 mil toneladas de maíz. Raffin también indicó que el resto de la mercadería se encontraba en los silos de Terminal VI del puerto de Rosario, aunque los auditores no pudieron ingresar al lugar ya que la empresa no contaba con un contrato de almacenamiento con dicha terminal.

Las irregularidades observadas en el proceso llevaron al MPA a investigar si el anticipo de fondos otorgado por Oryza Group fue desviado para otros fines. Según fuentes de la investigación, se maneja la hipótesis de que una parte del dinero se utilizó en inversiones financieras, como fondos de inversión, e incluso en la adquisición de activos para la empresa, incluyendo vehículos. Los fiscales también destacaron que el monto total de la operación resulta inusualmente elevado para una empresa sin trayectoria significativa en el mercado exportador, especialmente en el sector de legumbres.

Giro en la investigación

La investigación dio un giro cuando se reportó una presunta violación de una medida cautelar emitida en el marco del proceso. La medida, dirigida al Banco Santander, ordenaba la inmovilización de aproximadamente 270 millones de pesos, que se encontraban en un fondo común de inversión a nombre de uno de los imputados. Los fiscales sospechaban que estos fondos representaban parte del dinero vinculado a la operación denunciada. Sin embargo, según los denunciantes, el banco permitió el rescate de esos fondos sin informar a la Fiscalía, lo que podría haber facilitado la fuga de los recursos bajo investigación.

Esta situación generó un nuevo frente en el caso, dado que los abogados de la querella sugieren que pudo haber colaboración interna en el Banco Santander que facilitó esta maniobra. Uno de los imputados mencionó en declaraciones ante el juez de la causa que tenía un amigo que ocupaba un cargo gerencial en el banco, lo que, según la querella, podría explicar la flexibilidad del banco ante la medida cautelar. La situación es especialmente delicada, ya que la supuesta intervención de funcionarios del banco en el proceso de rescate de fondos podría derivar en una denuncia penal adicional contra ejecutivos de la entidad financiera.

El fiscal Moreno continúa analizando los detalles de la transacción y evaluando la posibilidad de que Alimentos Argentinos haya desviado los fondos hacia usos que no se corresponden con la operación acordada. En este contexto, el MPA ha solicitado medidas adicionales para establecer el destino preciso de los fondos adelantados por Oryza Group. La Fiscalía también planea profundizar en los movimientos financieros registrados en la cuenta de la empresa en el Banco Santander, para evaluar si se realizaron transacciones o adquisiciones que indiquen un posible desvío de fondos.

A la espera de nuevos avances, las autoridades del MPA se encuentran recabando más información sobre los posibles activos adquiridos por Alimentos Argentinos en el último año y revisando las cuentas de la empresa para identificar movimientos financieros sospechosos. La investigación, en este sentido, incluye un análisis exhaustivo de los movimientos de fondos y una revisión de los posibles vínculos entre los imputados y personal del Banco Santander que pudiera haber facilitado el acceso a los fondos inmovilizados.

El caso también plantea cuestiones sobre las garantías en el sistema bancario en cuanto a las medidas cautelares y el resguardo de fondos implicados en investigaciones judiciales. La investigación podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de las instituciones financieras en la administración de fondos inmovilizados por disposición judicial. Las autoridades fiscales esperan que esta situación impulse un mayor control y una revisión de las normativas bancarias para evitar posibles fugas de capital en procesos de investigación.

El reclamo de la querella

Mientras tanto, la querella de Oryza Group mantiene su reclamo ante la Fiscalía y sostiene que los fondos adelantados deben ser reintegrados o compensados de acuerdo con los términos del contrato original. Los denunciantes señalan que la situación actual representa un incumplimiento grave que ha causado perjuicios económicos significativos. Al respecto, los abogados de Oryza Group indicaron que, de no recuperarse los fondos, podrían iniciar acciones civiles y comerciales adicionales para asegurar el resarcimiento por el incumplimiento de contrato y el desvío de fondos.

El avance de la investigación determinará el curso de las acciones legales, tanto en el ámbito penal como en el civil, y los pasos a seguir en el marco de las relaciones comerciales entre ambos países. La situación también ha captado la atención de otros actores del sector exportador, quienes observan este caso como una oportunidad para revisar las prácticas en el comercio exterior y reforzar los mecanismos de seguridad en las transacciones internacionales.