CIADI: el Gobierno suma fuerzas para bajar otro reclamo

Representantes del Consejo de la Magistratura se presentaron ante el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino y el subprocurador, Gustavo Scrinzi, con el fin objetivo de informarse cuál es el estado actual de la demanda que la multinacional Unisys tiene presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Fuentes consultadas destacaron que en representación del cuerpo de justicia se presentaron, ante los funcionarios, los consejeros Ernesto Sanz y Luis Marí­a Cabral, y la administradora General del Poder Judicial, Cristina Akmentins.

Durante el encuentro se cambiaron opiniones sobre la posibilidad de que Unisys deje de lado la demanda que presentó a principios de 2005 ante el CIADI, ante la aplicación de las leyes de emergencia a un contrato que data de 1997, por el cual la empresa dotó al Poder Judicial de equipos y sistemas tecnológicos.

Al respecto, los voceros judiciales resaltaron que los representantes del Consejo resaltaron la buena voluntad de Procuración General, organismo que tiene la representación legal del Estado Argentino en este tipo de disputas.

Durante el encuentro, Akmentins realizó varias observaciones al caso, las cuales, informaron, podrí­an pasar a convertirse en dictámenes y pasarí­an a formar parte del argumento defensivo del Estado ante el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Asimismo, se informó que la Procuración tomará contacto con la Oficina de Crédito Público dependiente del Ministerio de Economí­a para solicitar su interpretación respecto a la ejecución del contrato, que generó el reclamo, desde que se dictó la ley de pesificación y demás legislaciones, que provocaron entre otras cosas la suspensión de todos los pagos de las cuotas en dólares.

Durante la última reunión de la Comisión de Administración y Financiera, Akmentins deslizó que la empresa podrí­a ser considerada como "prestadora de servicios e insumos y no cómo una de inversión en el paí­s".

Si prospera esta idea, puede surgir que la pesificación se haga a razón de u$s1 = $1,40 más CER, lo que correrá por cuenta del Ministerio de Economí­a que efectuaba los pagos.

En tanto, se convocó a un equipo de trabajo para calcular el perjuicio que le habrí­a generado Unisys al Poder Judicial, el cual formará parte de la pretensión del Poder Judicial ante esa situación de diferencias que se mantienen.

Leonardo Scolpatti
lscolpatti@infobae.com