La Justicia reabre causa contra ex funcionarios por "corralito"
La Justicia ordenó reabrir la megacausa que investiga falencias en los controles de organismos oficiales que derivaron en la crisis financiera desatada en el tramo final del gobierno de Fernando de la Rúa, que derivó en el "corralito" a los depósitos bancarios.
La Cámara Federal revocó el archivo de la pesquisa dispuesto por el ex juez federal Guillermo Montenegro y ordenó realizar urgentes medidas de prueba para frenar una eventual prescripción del delito, informaron fuentes judiiciales.
En esa pesquisa, también se busca determinar si los funcionarios de esa época actuaron en "connivencia" con entidades bancarias a la hora de acordar las medidas que derivaron en la no restitución de los depósitos.
Los camaristas Marín Irurzun y Horacio Cattani ordenaron al juez que quede a cargo del caso determinar "a la brevedad" si las ahora ex autoridades imputadas "pudieron tener algún tipo de responsabilidad penal en la crisis de solvencia y liquidez que llevó a las instituciones financieras hacia el colapso".
Los querellantes de la causa, en su mayoría ahorristas afectados por el "corralito", sostienen que los ex funcionarios se "ampararon en las normas restrictivas dictadas en la emergencia económica en propio beneficio".
La Cámara sostuvo que el ahora ex juez Montenegro archivó la causa judicial sin ordenar antes "ninguna medida probatoria" ni producir "ninguna prueba", pese a "los insistentes escritos" que le presentaron los querellantes.
Montenegro "olvida que también resta investigar la falta de control que se les atribuye" a los entonces funcionarios, principalmente en el Banco Central y Ministerio de Economía, señaló la Cámara.
Los camaristas ordenaron "para evitar la prescripción" de los eventuales delitos "llevar a cabo todas aquellas medidas probatorias que conduzcan a acreditar o descartar la hipótesis delictiva".
Entre ellas, se dispuso que el magistrado que quede con el caso ordene un peritaje contable "a la brevedad".
La megacausa se abrió en primera instancia en el juzgado en lo criminal por entonces a cargo del juez de instrucción Mariano Bergés, quien luego renunció a su puesto.
En plena crisis social y económica y tras la instauración del "corralito", este juez convocó a los ahorristas a presentarse de manera espontánea en su juzgado para radicar denuncias.
De esta forma, quedaron abiertos cientos de expedientes que luego se unificaron y pasaron al ámbito federal cuando quedaron imputados funcionarios nacionales.