Embargan al Estado nacional para pagar al grupo Greco
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La justicia federal decidió embargar en 600 millones de pesos al Estado Nacional y le ordenó ejecutar la sentencia que lo obliga a pagarle esa cantidad de dinero al Grupo Greco en bonos de la deuda pública. Para dar cumplimiento a lo ordenado por la justicia, el gobierno deberá utilizar las partidas originalmente previstas en el Presupuesto de este año y que al ser advertidas por senadores radicales desataron un escándalo.
La resolución judicial fue firmada el 25 de octubre por el juez Juan Francisco de Asís Soto y a pedido de ese grupo económico mendocino y mientras el pago todavía es discutido judicialmente, incluso en el fuero penal y con una denuncia contra el magistrado en el Consejo de la Magistratura. La notificación fue cursada el 29 de octubre a la Dirección de Administración de la Deuda Pública de la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía, de acuerdo a lo informado por Clarín.com
El pago finalmente decretado por el juez ya había sido ordenado en 2005, cuando Soto homologó un acuerdo alcanzado por el grupo Greco con el Ministerio de Economía en un viejo litigio con el Estado.
Sin embargo, la ex ministra de Economía Felisa Miceli dispuso dejar sin efecto luego todo lo actuado por su cartera como consecuencia de las denuncias de los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz, según informó ese mismo matutino.
El acuerdo establecía que el Estado se obligaba a pagarle al Grupo Greco $ 332.396.128 como indemnización por el desapoderamiento de sus bienes durante la dictadura. Por ello, en noviembre de 2006, el Poder Ejecutivo pidió el permiso correspondiente al Congreso para un nuevo endeudamiento que, traducido a bonos, ascendía a $ 587.650.855. Luego Miceli anuló todo lo dispuesto por su cartera.
El juez hizo referencia explícita a "los títulos mencionados en el artículo 54 de la ley 26.198 (Presupuesto General para el año 2007) en cantidad suficiente y necesaria para cubrir el importe nominal del capital adeudado de $ 315.474.089 de bonos de consolidación en moneda nacional cuarta serie 2 con más la cantidad equivalente al 20% ($ 63.094.817,80)", según informó la agencia DyN.
Los bonos, según dispuso el magistrado, deberán ser depositados en la Caja de Valores "hasta que se decida acerca de su efectiva cancelación o que el propio demandado disponga su cancelación", de acuerdo con el fallo citado por la agencia. El magistrado habría dado incluso un plazo de dos días. Fuentes de la cartera actualmente a cargo de Miguel Peirano dijeron desconocer la existencia del fallo.
Soto había decidido apartarse de la causa luego de la denuncia que se le formuló ante el Consejo de la Magistratura, pero fue ratificado en el cargo por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Este tribunal tiene todavía en revisión el acuerdo entre Greco y Economía luego anulado por Miceli.