El Ejecutivo desmiente "avance" sobre otros poderes

El Gobierno negó este miércoles que la decisión de la Casa Rosada de otorgar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) el control financiero de los gastos del Congreso y el Poder Judicial signifique un avance sobre esos poderes del Estado.


El ministro del Interior, Aní­bal Fernández, aclaró que el decreto que establece que la SIGEN sólo podrá auditar a otros poderes mediante la firma de convenios especí­ficos "es un tema presupuestario" y, de ninguna manera, una pretensión del Gobierno de controlar a los otros poderes.

En declaraciones a Radio 10, el ministro salió así­ al cruce de una nota en ese sentido publicada hoy por un matutino.

Fernández, refiriéndose a ese artí­culo, afirmó que "hablar de poder sin lí­mites o de tirar por la borda 700 años de historia respecto de la división de poderes" es no conocer este tema.

En esa información, el matutino porteño alude al decreto 1.344/07, firmado el 4 de octubre pasado, que señala que "el Poder Judicial y el Poder Legislativo 'están incluidos en la Administración Central', que cae bajo la órbita de la SIGEN".

"En rigor -prosigue el artí­culo periodí­stico-, la Ley de Administración Finaciera vigente no le otorga a la SIGEN esa atribución porque este organismo realiza un control interno del gasto de los recursos que ejecuta el Poder Ejecutivo. Pero el decreto va más allá de la ley y extiende las funciones de esa dependencia al Poder Judicial y al Congreso."

En sus manifestaciones de esta mañana, Fernández explicó que "el decreto 1.344/07 no hace otra cosa que reglamentar la Ley de Administración Financiera que data de 1992".

"En el artí­culo 8º dice: se consideran incluidos en la Administración Central el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público", señaló el funcionario.

Y añadió que esa ley "dice claramente que la SIGEN y la AGN, como órganos normativos de supervisión y coordinación de los sistemas de control, serán autoridad de aplicación, en el ámbito de sus competencias especí­ficas".

Según un matutino, distintos constitucionalistas consultados sobre esta medida consideraron que implica un abierto desafí­o a la independencia de poderes que garantiza la Constitución nacional.