En veloz sesión, Diputados puso lí­mites al sistema de pasantí­as

La Cámara dio media sanción al proyecto que busca frenar el trabajo encubierto. La iniciativa dispone un nuevo régimen para la contratación de personal
Por iProfesional
LEGALES - 22 de Noviembre, 2007

La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos que fueron girados al Senado para su revisión y que componen parte del paquete "antiempresa", elaborado por el diputado y asesor de la CGT, Héctor Recalde.Como adelantara infobaeprofesional la semana pasada, la Cámara de Diputados dió sanción al proyecto de ley que establece un régimen de pasantias. La iniciativa deroga totalmente la ley 25.165 de pasantí­as y establece un nuevo método para las pasantí­as educativas. La actual ley fue blanco de crí­ticas en estos últimos tiempos por parte de los legisladores, ya que sostení­an que esa norma era utilizada para adquirir personal que desarrollaba tareas que eran cumplidas por empleados y así­ se terminaba desvirtuando el objetivo de la la ley.Los diputados presentaron diferentes proyectos de ley tendientes a subsanar esta situación que fueron unificados en un solo dictamen. La iniciativa mantiene las obligaciones sociales como el seguro de salud, riesgos de trabajo y condiciones de higiene. Asimismo, los tiempos de duración de esta figura se establecen en un mí­nimo de dos meses y un máximo de un año prorrogable por seis meses.La actual ley establece una carga de cinco dí­as a la semana con una jornada de cuatro horas. Sin embargo, la propuesta de los diputados establece directamente un carga de 20 horas semanales sin especificar su distribución en la semana.La ley 25.165 determina los objetivos y los requisitos que deben cumplirse para reconocer la pasantí­a. En principio debe realizarse un convenio entre la institución educativa y la empresa, situación que se mantiene en el proyecto de ley. Sin embargo, la iniciativa agrega que todo convenio debe ser notificado a las autoridades educativas.Por otro lado el régimen actual establece que debe haber una retribución de estí­mulo para viajes y gastos que será establecido entre la empresa y la institución educativa. La iniciativa agrega que la retribución no debe ser inferior al salario básico del convenio colectivo aplicable a la empresa.Otro de los aspectos importantes del proyecto es que establece que las pasantí­as no pueden suplir las tareas de otros empleados de las empresas, ya que es una herramienta de los alumnos para prolongar sus conocimientos profesionales. Asimismo, destaca el proyecto que las tareas que realice el pasante no deben ser ajenas a los objetivos pedagógicos de su programa de estudio.La diferencia sustancial que pretende introducir la iniciativa se da en el caso de la violación a la ley de pasantí­as. En concordancia con los últimos fallos de la justicia sobre materia laboral, el proyecto en estudio establece que el incumplimiento de la ley hará que la pasantí­a pierda carácter de tal y se considerará contrato de trabajo rigiendo las sanciones e indemnizaciones correspondientes. Por otro lado la iniciativa también indica que se aplicará el principio "in dubio pro operario" porque en caso de de duda se entenderá que la relación entre el pasante y la empresa es de naturaleza laboral y se aplicará el régimen de contrato de trabajo.La diputada Blanca Osuna (FPV), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, sostuvo que el nuevo régimen establece normas más taxativas que la actual ley, especialmente en los tiempos de duración de la pasantí­a sin ninguna posibilidad de prórroga para que se eviten "gran parte de desví­os verificados en relación con los propósitos fundamentales de formación inherentes al sistema de pasantí­as". Protección a testigos en juicios laborales La Cámara baja también dió sanción a un proyecto de que que establee que los empleados que hayan sido testigos de un juicio laboral contra laempresa en que prestaren servicios tendran una protección laboral por el perí­odo de un año a partir de la declaración en el proceso. En caso de que la empresa despida al empleado dentro del plazo indicado, el empleador deberá abonar una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a la indemnización establecida en el artí­culo 245 de la ley de contrato de trabajo. Los diputados Miguel Bonasso y Héctor Recalde -autores del proyecto de ley- fundamentaron la iniciativa al sostener que la propuesta busca "garantizar una protección mí­nima al trabajador que tenga la carga legal de prestar declaración testimonial en una causa judicial, sin que, a tal efecto, recaiga sobre sus espaldas, el riesgo de ser perjudicado por su empleador con motivo de los dichos vertidos en su deposición judicial".Por otro lado los legisldores afirmaron que de todas formas existe "la posibilidad de que el empleador adopte medidas disciplinarias contra el trabajador alcanzado por la garantí­a, siempre y cuando agote, con carácter previo a la adopción de dicha medida, el procedimiento sumarí­simo ante el juez o tribunal competente, y obtenga de ese órgano, un pronunciamiento favorable"."En definitiva, se trata, de proteger la intangibilidad de la prueba proveyendo a la transparencia del proceso judicial, y favoreciendo a la búsqueda de la verdad material, norte al cual debe aspirar por sobre todas las cosas el poder jurisdiccional. Más aún, en un contexto de alta informalidad del trabajo, donde la prueba testimonial se erige en la mayorí­a de los casos en el único medio de prueba idóneo a fin de acreditar la existencia del ví­nculo laboral", afirmaron los autores del proyecto.Wenceslao WernickeEspecial para infobaeprofesional.com

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