La Justicia allanó a las empresas sospechadas de sobornos

El juez federal Octavio Araoz Lamadrid avanzó ayer en la instrucción de la causa en la que se investiga el presunto intento de soborno de parte de representantes de proveedores de tickets para frenar un proyecto de ley que modifica el sistema de vales alimentarios.

En ese marco, dispuso el allanamiento de domicilios y oficinas de las empresas involucradas, así­ como de la sede la Cámara de Servicios de Vales Alimentarios y Similares (CEVAS). En esos procedimientos secuestró documentación para ser analizada.

Mariano Recalde, hijo del diputado Héctor Recalde (FPV- Buenos Aires), explicó que "se sorprendió" cuando los supuestos sobornadores le ofrecieron desde 20 mil dólares mensuales por mantener congelado el proyecto o 20 millones si directamente se modificaba la iniciativa para imponer la obligatoriedad de pagar parte de los sueldos en tickets.

"Las cámaras ocultas tienen absoluto valor jurí­dico. Además, fueron realizadas con toda prolijidad y se hicieron teniendo todos los recaudos formales que exige la Justicia para que tenga validez", señaló en declaraciones a radiales.

Recalde hijo precisó que actualmente 1.500.000 trabajadores reciben tickets a un promedio de 223 pesos por mes, lo que suma 3.950 millones anuales.

Agregó que los representantes de las empresas de tickets "pretendí­an que se impulsara para que sea obligatoria la entrega de vales en todos los trabajadores, y de esta manera se triplicarí­a el negocio".

Por su parte, el diputado Recalde propuso que el pago de tickets sea remunerativo, porque actualmente no se computan en los aportes para la seguridad social.

Su hijo aseveró hoy que este sistema "perjudica al trabajador porque si cobra 1.200 pesos de sueldo, de los cuales 200 son en tickets, en realidad tiene 1.000 pesos a los efectos del aguinaldo, vacaciones o indemnización en caso de despido".

Respaldo del Gobierno
El Gobierno respaldó la denuncia realizada por el hijo del diputado Héctor Recalde. La postura del oficialismo fue expresada por el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, que aseguró que el Gobierno apoya esa denuncia porque es la "polí­tica fijada" por el presidente Néstor Kirchner y cuestionó "el camino de la Banelco" que se habrí­a seguido en gestiones anteriores.

En tanto, Mariano Recalde, el asesor laboral que fue ví­ctima de un intento de soborno por representantes de proveedores de tickets canasta, aseguró que las cámaras ocultas que realizó y difundió ese hecho "tienen absoluto valor jurí­dico".