El Gobierno llevará el caso de los tickets ante la OCDE

Los ecos del escándalo en la denuncia de los tickets continúan expandiéndose. El Gobierno decidió llevar la acusación por un presunto ofrecimiento de sobornos por parte de empresas de tickets canasta a un nivel internacional. En diciembre, a través de la Cancillerí­a argentina, el caso se presentará ante una comisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que vendrá a Buenos Aires para evaluar la actuación de las compañí­as francesas, especialmente de Accor, según publicó Ambito Financiero. La idea en el Gobierno, además del beneficio polí­tico de tener el tema en la agenda durante el primer semestre de 2008, es intentar transformar la denuncia en una especie de "caso testigo" en foros mundiales, según precisó el matutino. Así­ se terminó de definir el viernes último, luego de una reunión en la Cancillerí­a entre el Ministro Jorge Taiana y el diputado Héctor Recalde. Ambos evaluaron esa posibilidad de llevar el caso ante la OCDE, ya que es el único organismo reconocido internacionalmente, con facultades para aplicar la convención sobre el combate de sobornos a funcionarios en transacciones comerciales internacionales. En diciembre llegará a Buenos Aires una misión de la OCDE, con funcionarios facultados para recibir formalmente una denuncia contra los empresarios Santiago Lynch, director de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios (Cevas), y Miguel Guido Spano, un intermediario del sector empresario, además de la empresa acusada sea Accor. La estrategia oficialLa posibilidad de llevar el caso a niveles internacionales habí­a sido analizada, antes que con Taiana, entre Recalde y el propio presidente Néstor Kirchner, cuando ambos se encontraron el martes pasado por la mañana en la Casa de Gobierno. En ese encuentro, el diputado le presentó el caso antes de la conferencia de prensa donde el presunto pedido de sobornos se hizo público. Kirchner no sólo dio el visto bueno oficial a la denuncia, sino que, además, le preparó a Recalde la reunión con Taiana para que analicen la alternativa de denuncia internacional. La OCDE, compuesta por 30 paí­ses, tiene como objetivo coordinar sus polí­ticas económicas y sociales multilaterales,y en los últimos tiempos se ha constituido como un influyente foro mundial en el que se analizan y se establecen orientaciones sobre temas de relevancia internacional como economí­a, educación y medioambiente. La convención sobre el combate de sobornos a funcionarios en transacciones comerciales de la OCDE fue adoptada el 21 de noviembre de 1997 por sus 30 paí­ses miembro (Francia entre ellos) y cinco no-miembro, entre ellos, la Argentina (los otros dos latinoamericanos son Brasil y Chile). La convención menciona especí­ficamente la posibilidad de castigar a funcionarios extranjeros que realicen operaciones contrarias a la soberaní­a polí­tica, social o económica de un estado independiente dentro de su territorio. En la misma lí­nea, la OCDE tiene la facultad de investigar y sancionar a empresas trasnacionales que hayan incurrido o intentado incurrir en casos de corrupción. Es más, se asegura, con bastante optimismo oficial, que el caso podrí­a convertirse en una situación «testigo» para futuras acusaciones que puedanllegar ante la OCDE. Así­, en los próximos dí­as la Cancillerí­a y Recalde avanzarí­an, con la redacción de la denuncia. Localmente, la presentación quedó en manos del juzgado federal número 9, a cargo del magistrado Octavio Aráoz de Lamadrid, y del fiscal Jorge Di Lello.