Aprueban proyecto que regula el horario de asistencia de jueces
Los diputados aprobaron este miércoles el proyecto de ley que busca igualar los horarios de asistencia y permanencia en sus despachos de los jueces de cámara, tribunales y de Casación con los magistrados de primera instancia.
El proyecto, de autoría de la legisladora kirchnerista e integrante del Consejo de la Magistratura Diana Conti, fue sancionado por 99 votos afirmativos contra 28 negativos.
Conti dijo que su propuesta es "útil para cambiar uno de los poderes de la democracia" pero aclaró que hace "falta una reforma más amplia" en el Poder judicial.
Con la iniciativa se busca "que los jueces asistan y permanezcan en los juzgados en el horario que los tribunales permanecen abiertos".
La lopezmurphysta Nora Ginzburg se pronunció en contra la normativa y dijo no entender "que se piense que de esta forma la justicia puede ser más ágil".
En sentido similar se expresó el macrista Federico Pinedo, quien atacó la ley como un intento de interferir en la "división de poderes".
Su compañero de bloque, Jorge Vanossi, apuntó que el Poder Legislativo no tiene competencia para fijar los cambios propuestos.
El proyecto de ley apunta a "fijar la obligatoriedad para todos los magistrados de concurrir a sus despachos todos los días hábiles durante las horas que funcione el tribunal, exceptuando solo a los miembros de la Corte".
Hasta ahora el sistema judicial se basa en el artículo 11 del decreto 1285/58, que organiza la justicia nacional, y establece una diferencia en el horario que deben cumplir los magistrados. Según ese artículo, mientras los jueces de primera instancia deben concurrir a sus despachos todos los días hábiles, los jueces de Cámara y de tribunales orales solo tienen obligación de concurrir a sus despachos los días de "acuerdos y audiencias".
De convertirse en ley, los jueces de cámara, de tribunales orales así como los de Casación deberán comenzar a cumplir el "horario judicial", que en el caso de la ciudad de Buenos Aires es de 7.30 a 13.30.
En líneas generales, la propuesta intenta buscar cierta equidad entre los magistrados y una mayor eficiencia en la gestión de justicia.
Pero, también puede ser interpretada como un elemento presión hacia los jueces por parte del gobierno.
Sin embargo, el debate de fondo en la Cámara Baja, según las especulaciones más racionales, recién se dará el año próximo.