El Gobierno analiza subsidiar a las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia con $500 millones para evitar nuevos paros.

El Ejecutivo compensaría los pasajes para personas discapacitadas y "ayudaría" con el programa de Recuperación Productivacon (REPRO) a pagar la suba salarial del 23% decretada por el Ministerio de Trabajo.

Este jueves por la tarde habrá una nueva reunión en la cartera laboral dirigida por Carlos Tomada entre las patronales y el gremio de la UTA, donde el Gobierno llevaría una propuesta para intentar acercar posiciones y destrabar el conflicto del sector, que ya provocó cinco días sin servicio.

La idea es poner este jueves fin a la paritaria con la firma del acuerdo, porque el viernes vence la conciliación voluntaria que el sindicato aceptó la semana pasada y que dejó sin efecto la nueva huelga dispuesta por los conductores de micros.

La Secretaría de Transporte destinaría a las cámaras empresarias unos $500 millones en subsidios para garantizar el financiamiento del aumento salarial de 23% fijado para los choferes de la actividad el mes pasado.

Ese esquema contemplaría una compensación de $100 por cada boleto para los pasajeros con discapacidad, lo que representaría unos $400 millones anuales (calculado sobre un promedio anual de 4 millones de pasajes), según calcula el diario El Cronista.

Y añade que a eso se sumaría el otorgamiento de alrededor de 2.000 planes REPRO del Ministerio de Trabajo, por los cuales el Estado financiaría una parte de los sueldos (entre $600 y $800) de los choferes por un plazo mínimo de seis meses a cambio de la garantía empresaria de efectuar despidos.

Según calcularon en el sector, esas dos medidas implicarían para las compañías una asistencia anual cercana a los $500, poco más de la mitad del costo del aumento salarial a los choferes para este 2013.

Voceros de la negociación comentaron que en Transporte también evalúan alguna compensación para aquellas compañías que compiten directamente con los vuelos de Aerolíneas Argentinas y que reclaman una asistencia estatal mayor ante la imposibilidad de trasladar a las tarifas los costos del incremento salarial de los choferes.