Las consecuencias del "escándalo de los cuadernos K" podrían llegar mucho más lejos de lo que se ha visto con las detenciones de empresarios y ex funcionarios ocurridas el miércoles.

Es que importantes ejecutivos de grupos locales y extranjeros también figuran en el caso del reparto de bolsos con millones de dólares utilizados para el pago de sobornos y coimas.

La investigación de corrupción -que ya en algunos círculos se empieza a conocer como los "Centeno Papers" y que impulsa el juez federal Claudio Bonadio- involucraría a un grupo más amplio de empresarios cuyos nombres ya se filtraron pero que oficialmente se darían a conocer con el correr de los días.

De hecho, el tema amenaza con convertirse en un verdadero mapa de hechos ilícitos vinculados con la obra pública argentina, y podría afectar a hombres de negocios pertenecientes a grandes contratistas del Estado.

En la nómina figurarían ejecutivos de compañías de la talla de Techint, Roggio, Albanesi y Supercemento, entre otros de alto perfil. Por lo pronto, ya empezaron los allanamientos en las oficinas de las firmas sospechadas.

De momento, ya fueron detenidos Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería; Javier Sanchez Caballero, de IECSA, y Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y de la empresa Esuco.

Estos dos últimos empresarios (Caballero y Wagner) también figuran en las investigaciones sobre el pago de coimas que en la Argentina habría realizado el grupo brasileño Odebrecht, en el marco de la mega causa de corrupción conocida como "Lava Jato".

Según fuentes judiciales, este jueves serían indagados por el magistrado y es probable que, tras el pago de abultadas fianzas, queden nuevamente en libertad aunque procesados.

El juez continuará profundizando en la causa que impulsa el fiscal Carlos Stornelli, para quien está probada la existencia de un mecanismo mediante el cual se repartieron millones de dólares de coimas.

El dinero habría sido distribuido en bolsos que a lo largo de seis años- entre 2008 y 2015- fueron trasladados por Oscar Bernardo Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien fuera la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal.

Este ex militar retirado fue a su vez acusado por su ex mujer de transportar esos bolsos, supuestamente destinados a sobornar a funcionarios del entonces gobierno kirchnerista y a empresarios a cargo de la mayoría de las obras públicas licitadas por De Vido, mayormente vinculadas al sector energético.

Los nombres que siguen en la lista

Pero la investigación de Bonadio no se detiene en el caso de los tres empresarios detenidos.

De hecho, ya se cursaron órdenes de detención para otra decena de ex funcionarios y hombres de negocios, entre los que se encuentran Juan Carlos Goycochea, de la compañía española Isolux; Francisco Valenti, de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA); y Oscar Thomas, del directorio de Yacyretá.

Las fuentes judiciales también admiten que en la lista de involucrados figuran conocidos ejecutivos de otros grupos locales y extranjeros como Techint, Roggio, Albanesi, Supercemento y otros ex integrantes o actuales miembros de la española Isolux.

"Habrá novedades a medida que avancemos con las citaciones y profundicemos los allanamientos", adelantaron desde la Justicia ante las consultas de iProfesional, sin querer admitir o negar la lista de posibles implicados que se irían sumando a las investigaciones.

De todos modos, y más allá del cuidado judicial con el que se busca avanzar en esta causa, hay constructoras, energéticas y grandes grupos locales vinculados a este escándalo, que sería una ramificación del Lava Jato y del mecanismo implementado por Odebrecht para sobornar gobiernos para quedarse con multimillonarias obras de infraestructura en Brasil, Argentina y en casi todo el resto de América latina.

Según los datos hasta ahora aportados por el fiscal Stornelli, la ruta de este dinero "embolsado" rondaría los u$s160 millones destinados al pago de coimas.

Una causa iniciada gracias a una investigación periodística de La Nación, basada en la lectura de ocho cuadernos escritos por el ex chofer de Baratta en los que detalló -a lo largo de seis años- todas y cada una de las operaciones de manera minuciosa y precisa.

Más allá de que la Justicia deberá buscar nuevas pruebas para determinar la veracidad de la información aportada, en los cuadernos de Centeno que forman parte del expediente figuran direcciones, reuniones y los destinos de los bolsos con el dinero, además de importantes apellidos del mundo corporativo local y extranjero.

La matriz delictiva habría sido encabezada por Baratta, a partir de su puesto como Secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal que comandó De Vido, quien hoy día sigue detenido por los pagos de sobornos en la mina de carbón de Río Turbio.

Precisamente, una obra que fue adjudicada a la española Isolux y que el actual gobierno de Cambiemos anuló por estas supuestas irregularidades.

De hecho, la empresa española dejó sus negocios en la Argentina y le fue quitada la obra del Paseo del Bajo por orden del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En la reconstrucción de la causa que hacen cerca del fiscal Stornelli se llega a nombres de empresarios radicados en Buenos Aires pero también en otras provincias como Mendoza y Córdoba, entre otras. Todos, beneficiados con importantes contratos de obra pública, tanto de la construcción como del sector energético.

En la investigación también fueron llamados a indagatoria los principales referentes del kirchnerismo, como la propia Cristina Fernández, quien debería presentarse ante Bonadío el próximo 13 de agosto.

En este caso, las fuentes judiciales estiman que no lo hará invocando sus fueros como senadora nacional.

También tendrían que presentarse ante el magistrado el propio De Vido; el ex juez Norberto Oyarbide y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudi Ulloa, entre otros.

Hasta ahora, hubo 34 allanamientos ordenados por Bonadio y los detenidos fueron:

- Walter Faygas

- Hugo Larraburu

- Jorge Guillermo Neira

- Armando Loson

- Carlos Mundin

- Nelson Lazarte

- Claudio Glazman

- Gerardo Ferreyra

- Héctor Javier Sánchez Caballero (de IECSA).

Todos, en el marco del expediente conocido como Gas Natural Licuado (GNL), en el que se investigaron los sobreprecios en la compra de buques entre 2008 y 2015 y por la cual está detenido De Vido y también lo estuvo Baratta, hasta que fue liberado en marzo a raíz de un fallo de la Sala I de la Cámara federal porteña, que dictó la falta de mérito.

El ex jefe de gabinete del kirchnerismo, Juan Manuel Abal Medina, también comparecerá ante Bonadio ya que varios de los autos utilizados para el reparto de los fondos estaban afectados a esa área del gobierno.

Otro empresario llamado a declarar es el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Lascurain, quien deberá comparecer ante Bonadio el 9 de agosto. Este hombre de negocios ya está vinculado a la causa Río Turbio.