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Otro caso de la era K

Mientras crece el escándalo de los cuadernos, Cristóbal López se prepara para ser indagado por el desvío de fondos de la AFIP

El empresario Cristóbal López se prepara para ser indagado por el desvío de fondos de la AFIP
Deberá declarar el próximo 17 de septiembre sobre el desvío de $8.000 millones que debían girar a la AFIP pero que usó para capitalizar su grupo Indalo
Por Andrés Sanguinetti
03.08.2018 05.43hs Negocios

Mientras crece el escándalo de los cuadernos de Oscar Centeno y el pago de coimas del “club de la obra pública” para quedarse con millonarias obras durante el gobierno kirchnerista, otra causa vinculada a supuestos ilícitos cometidos en la misma época vuelve a ganar protagonismo.

Se trata de los casos en los que se investigan las maniobras llevadas a cabo por Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa a través de Indalo para desviar fondos públicos a la compra de activos que finalmente le dieron forma al grupo empresario estrechamente vinculado a Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

En una de esas causas, el juez Javier Cosentino, a cargo de la investigación sobre la quiebra de la empresa petrolera del grupo, acaba de ponerle fecha a la indagatoria a la que deberán comparecer ambos empresarios.

Será el próximo 17 de septiembre, cuando los creadores del Grupo Indalo tendrán que trasladarse hasta el despacho del magistrado

Ambos empresarios no figuran entre los nombrados en los cuadernos escritos por el ex chofer de Roberto Baratta entre el 2008 y el 2015 y que detallan la ruta de las coimas supuestamente cobradas por el ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal para favorecer a un grupo de empresarios en millonarias obras licitadas por el Estado nacional.

Sin embargo, tanto López como De Sousa fueron siempre sindicados como parte del empresariado K que facilitó el entramado de ilícitos diseñado por Néstor Kirchner para sumar millones de dólares en coimas y sobornos. De hecho, comparten ese cartel con Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería y también sindicado como “personero” de los Kirchner.

Con este escenario de fondo, tanto López como De Sousa se están preparando para declarar ante el juez Cosentino sobre las acusaciones en contra de ambos por el supuesto desvío de $8.000 millones que la petrolera Oil Combustibles debía girar a la AFIP por el cobro del impuesto a la transferencia a los combustibles (ITC), pero que en cambio se usaron para financiar la adquisición de compañías de varios sectores.

Según consta en un oficio enviado por los síndicos de la petrolera al juez Cosentino, tanto López como De Sousa deberían ser trasladados por el Servicio Penitenciario Federal al despacho del magistrado para ser indagados. Esto se debe a que en la actualidad, los dos se encuentran detenidos, López en el penal de Ezeiza, y De Sousa en Marcos Paz.

Si bien pueden invocar el derecho a no declarar en su propia contra, los funcionarios a cargo de la sindicatura que controla las actividades de Oil le piden a Cosentino que esa posibilidad “tenga lugar en el acto de la audiencia”. Es decir, que se les impida optar por no concurrir aún cuando después se niegen declarar bajo el amparo del artículo 18 de la Constitución Nacional por el cual nadie está obligado a declarar en su contra.

De hecho también hacen referencia a que ya deben enfrentar otra causa que fue elevada a juicio oral y público y que se encuentra en la actualidad en la etapa de recolección de pruebas.

Sus detenciones ocurrieron a fines de abril por orden de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, de la sala I de la Cámara de Casación, tras un pedido del fiscal Raúl Pleé y de la AFIP para que ambos regresaran a la cárcel y se califcara el delito como administración fraudulenta agravada, y no como una evasión fiscal.

El juez Julián Ercolini, a cargo de la causa penal, los había procesado por fraude a fines de 2017 y los encarceló en el marco de una causa en la cual también procesó a Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP durante el gobierno kirchnerista.

Durante ese período, López y De Sousa perdieron el control de Indalo que pasó a manos de un fondo inversor creado por los empresarios Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre que prometieron capitalizar Indalo y Oil Combustibles, le cambiaron el nombre al holding por el de Ceibo pero que luego de seis meses debieron dar un paso al costado por las presiones judiciales y de la AFIP.

Ahora, tanto Rosner como Dellatorre también forman parte del expediente de Cosentino y hasta podrían ser imputados en el marco de la causa por la quiebra de Oil y la debacle de todo el Grupo Indalo.

En cuanto a la indagatoria de López y De Sousa, los síndicos de Oil evalúan como alternativa solicitar al juez Ercolini para que requiera a los procesados si están de acuerdo en presentarse a las indagatorias o si prefieren invocar el artículo 18 de la Constitución Nacional. “Si así lo hicieran, carecerá de sentido mantener la convocatoria y el traslado” admiten los funcionarios. En caso contrario piden recabar en el mismo oficio que se le envíe a Ercolini que arbitre los medios para el comparendo y custodia de ambos procesados.

Por ese motivo, también se libró un oficio al director del Servicio Penitenciario Federal para que “anoticie formalmente a los citados su convocatoria a la audiencia, arbitre las medidas necesarias para sus traslados, custodia y regreso y haga saber al juez o jueces que hubiesen dispuesto el arresto de los citados”.

En este marco, es más que probable que ambos empresarios se nieguen a declarar ante Cosentino por consejo de su abogado, Aníbal Fernández. El ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández asumió la defensa de ambos en mayo pasado contratado para las causas civiles, como la que los involucra en la caída de Oil Combustibles.

En esta caso, el también ex candidato a gobernador bonaerense durante las elecciones nacionales del 2015, busca desacreditar al juez Cosentino a quien acusa de tener intereses creados en la causa que investiga supuestos delitos de evasión y defraudación, entre otros. La investigación derivó en la intervención y quiebra de Oil Combustibles, dejando una deuda mayor a los $17.000 millones con el organismo fiscal y otros acreedores.

Pero según un pedido de recusación enviado por Aníbal Fernández a Cosentino, el magistrado responde al Gobierno para lograr ser favorecido en la votación de un concurso que se lleva adelante para designar un nuevo camarista.  De acuerdo a la denuncia, Cosentino está concursando para ascender a la CámaraNacional en lo Comercial en el concurso Nº 374 del Consejo de la Magistratura, para ocupar cargos en las Salas A,C y F de este tribunal.

Se asegura que el magistrado ya ha rendido la prueba escrita y la exposición oral y se encuentra séptimo entre los 11 postulantes de los que saldrán los nueve que integrarán las tres ternas, a la espera del dictamen definitivo del Consejo de la Magistratura. Se añade que los empresarios están privados de la libertad "de manera ilegal" y que fueron "falsamente acusados de un delito que, aún en caso de existir condena, serí¬a excarcelable” .

Fernández reclama que Cosentino se aparte de la causa por "tener interés en el pleito" en una causa a la que califican de "ser una campaña pública del actual gobierno nacional, que incluye operaciones mediáticas y presiones sobre los jueces". Advierte que el objetivo de este escenario es privarlos de la libertad, lograr la quiebra de Oil y liquidar o controlar las empresas de medios de comunicación que integran el Grupo Indalo "y son la voz de la oposición".

Sostiene que todas las resoluciones adoptadas por Cosentino que llevaron a la petrolera a la quiebra son "absolutamente ilegales e inéditas en la jurisprudencia argentina". Y se vinculan las decisiones con el interés del magistrado por ascender a juez de Cámara participando de un concurso donde será el Poder Ejecutivo el encargado de definir la elección y proponer su pliego al Senado.

También añaden que la conducta de Cosentino en el proceso "ha creado una gravísima apariencia de parcialidad que exige similar apartamiento frente a las exigencias ciudadanas de transparencia en la actuación judicial en democracia". Se recuerdan allanamientos a las sedes de varias sociedades por orden del juez Claudio Bonadí¬o, la decisión del Poder Ejecutivo de restringir la pauta oficial asignada a esas empresas de medios y los embargos trabados por el juez Ercolini a los bienes de ambos empresarios por $17.000 millones.






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