Isolux, la única empresa extranjera involucrada en la causa de las coimas descubiertas por los cuadernos de Oscar Centeno, cayó en default en la Argentina.

Ya lo había hecho en España, su país de origen, en el 2017. Entonces, los miembros de su Consejo de Administración aprobaron pedir el concurso preventivo de acreedores para reestructurar una deuda de 1.600 millones de euros.

En ese momento, y antes de que se conociera que su filial local pagó coimas al gobierno kirchnerista para quedarse con obras de infraestructura, comenzaron también los problemas de la empresa en la Argentina.

De hecho, desde la casa matriz ordenaron a su filial un irregular pase de manos para cambiar el nombre de Grupo Isolux Corsán S.A por el de Isolux Ingeniería, con el fin de eludir los graves problemas económicos que el holding atravesaba en España y que se trasladaron también al país.

La debacle se dio a pesar de que en Argentina, la empresa facturaba casi 300 millones de euros al año, lo cual representaba el 35% de los ingresos totales del grupo europeo a nivel mundial. Y gran parte de ese dinero provenía del pago de obras públicas adjudicadas por los anteriores gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que ahora son investigadas por el juez Claudio Bonadío en el marco de la causa de las coimas.

Es que Isolux fue una de las constructoras preferidas por el kirchnerismo para cederle millonarios contratos, que luego le fueron rescindidos por el actual Gobierno de Cambiemos. Incluso, varios se encuentran judicializados.

La herencia recibida por la empresa en obras acumula contratos por casi u$s5.000 millones, por lo que parece paradójico que ahora busque la cobertura legal para canalizar el repago de una deuda local que no superaría los u$s500 millones, según fuentes judiciales.

Es que, con uno de sus principales ejecutivos imputado en la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, Isolux se presentó ante la justicia local para solicitar el mismo tratamiento que su casa matriz de Madrid.

La solicitud recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 3, a cargo de Jorge S. Sicoli; Secretaría Nro. 6, a cargo de Santiago Cappagli. El 8 de agosto pasado, el juez autorizó la apertura del concurso preventivo de Isolux Ingeniería Argentina y comenzó a convocar a los acreedores a presentarse para verificar sus reclamos ante el estudio contable Celano y Abecasis, designado como síndico del proceso.

Según el escrito del magistrado, habrá tiempo hasta el 4 de febrero del año próximo para la elaboración del informe sobre las solicitudes de verificación de los pasivos. El síndico además deberá elaborar otro trabajo vinculado al análisis de las causas del desequilibrio económico de la empresa, la composición de su activo y pasivo, entre otros datos.

Fuentes judiciales estimaron que Isolux habría dejado en el país una deuda cercana a los u$s400 millones, que comenzó a acumular a partir del vaciamiento que sus ejecutivos locales llevaron a cabo luego del cambio de gobierno.

Actualmente, es la única empresa extranjera que figura en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta como participante del club de la obra pública. Es decir, de las compañías que se repartieron licitaciones convocadas por el kirchnerismo y por las cuales se pagaron millonarios sobornos y coimas.

De hecho, su anterior CEO local hasta el 2016, Juan Carlos De Goycoechea, está imputado en la causa y fue el primer arrepentido que declaró ante el juez Bonadio.

Los problemas se profundizaron cuando se le quitaron varias obras que habían sido adjudicadas por la Ciudad de Buenos Aires, como la del Paseo del Bajo, que estaban afectadas por los problemas financieros y judiciales de la casa matriz.

Se le había entregado el Tramo A de la obra por u$s160 millones, pero la gestión de Horacio Rodríguez Larreta decidió suspenderla del registro de constructoras después que el Ministerio de Justicia de la Nación le quitó un contrato en Mendoza, donde debía construir una cárcel que nunca concretó.

Además, Vialidad Nacional le rescindió el contrato para la finalización de la autovía Trelew-Puerto Madryn en Chubut. También el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, le rescindió en marzo pasado el contrato para la construcción de la usina térmica de Río Turbio.

Este emprendimiento había sido adjudicado en el 2007 por el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y ahora forma parte de la causa de los cuadernos de Oscar Centeno.

En Río Turbio se habían denunciado sobreprecios y es la causa por la cual el ex funcionario kirchnerista se encuentra en prisión. La obra fue una de las grandes promesas energéticas de Cristina Fernández. Incluso, llegó a inaugurar una caldera en plena campaña del 2015, que luego Isolux decidió apagar por falta de carbón.

De esta forma, Río Turbio se convirtió en una de los principales íconos de la corrupción K, con un valor inicial de u$s957 millones, según un informe de la Sigen, que luego sufrió 11 cambios y elevó esa cifra a casi el doble, u$s1.726 millones.

A modo de justificación sobre la decisión de correr a Isolux de la obra, Aranguren sostuvo en su momento que “la contratista no ha cumplido con su obligación de ejecutar, mantener y reparar las obras conforme a los pliegos licitatorios”.

Además se la quitó del registro de proveedores del Estado, lo cual le impedía inscribirse en nuevas obras públicas. 

Isolux también está involucrada en otra causa que se abrió contra Sideco Americana, la empresa propiedad de la familia Macri, y que investiga la venta irregular de varios parques eólicos.

En esta causa, la empresa forma parte de la trama central luego de haberle vendido a la firma de la familia presidencial los parques por u$s25 millones y que luego revendió poco meses después.

Otras obras que se le rescindieron a Isolux en la Argentina son las del corredor Nº 4 Santa-Fe-Córdoba-Entre Ríos; la central Ensenada Barragán, un tendido de fibra óptica en el NEA y la construcción de un tren de alta velocidad que nunca circuló.