Además de tener a Gerardo Ferreyra, uno de sus dueños, en prisión por estar imputado en la causa de los cuadernos de las coimas K, el grupo Electroingeniería suma un nuevo problema.

En esta oportunidad, con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debido a que el organismo fiscal le trabó un millonario embargo por deudas impositivas y previsionales que el grupo cordobés fue acumulando en los últimos años. El monto de la medida supera los $152 millones y fue decidido por el ente a cargo de Leandro Cuccioli en julio pasado, luego de no haber podido cobrar la deuda por los carriles habituales.

La falta de pago involucra también a la empresa Integración Eléctrica Sur (Intesar) dedicada a la construcción, puesta en servicio, operación y mantenimiento de líneas eléctricas y estaciones transformadoras de alta y extra alta tensión.

Fuentes cercanas al grupo admiten el embargo pero aclaran que la falta de pago se encuentra directamente ligada a los problemas que vienen teniendo por frenos e incumplimientos en los pagos de los proyectos energéticos en los cuales participan. También por retraso en los pagos de parte del Estado Nacional de las obras a cargo de Electroingeniería, como el caso de varias líneas de alta tensión que se encuentran ralentizadas. "Te embargan por un lado y no te pagan las obras por el otro, con lo cual se hace difícil el cumplimiento", señalan cerca de Ferreyra.

Estos embargos son independientes a las investigaciones que el organismo abrió contra todas las empresas involucradas en la causa de los cuadernos que investiga el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli.

Para analizar este caso, la AFIP creó el llamado Grupo de Acción Fiscalizadora (GAF) que analiza las presentaciones judiciales para buscar supuestos delitos vinculados a violaciones múltiples a las leyes impositivas, especialmente la Ley Penal Tributaria.

De esta forma, la AFIP abre un nuevo frente de batalla en contra de un grupo empresario fuertemente identificado con el kirchnerismo, tal como ya ocurrió con Indalo, el holding que crearon Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Ambos empresarios se encuentran alojados en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz en el marco de una causa también iniciada por la AFIP por el supuesto delito de defraudación y evasión fiscal por haber utilizado fondos del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) para comprar empresas que luego incluían como parte del Grupo Indalo.

En este caso, la AFIP les reclama una suma superior a los $15.000 millones, gran parte de la cual se encuentra en la quiebra de Oil Combustibles, la petrolera del holding.

Tanto Cristóbal López y Fabián De Sousa, como Lázaro Baez, Gerardo Ferreyra y su socio Gustavo Acosta son considerados empresarios estrechamente ligados a las gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner.

En el caso de los dueños de Electroingeniería, solamente Ferreyra se encuentra imputado, procesado y cumpliendo prisión por haber sido involucrado en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer del número dos del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

Su nombre aparece en varias páginas y el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa, lo acusa de formar parte de una asociación ilícita que se repartió las licitaciones públicas organizadas entre el 2006 y el 2015 por el kirchnerismo.

Junto a Jorge Neira, otro ejecutivo de Electroingeniería, a Ferreyra se lo acusa de haber aportado u$s11 millones al gobierno de los Kirchner para poder se beneficiario de varios negocios de la obra pública.

Tras su detención, Ferreyra decidió apartarse de sus cargos ejecutivos en Electroingenería para evitar que sus imputaciones terminaran por complicar la situación financiera del holding cordobés.

El grupo también creó un programa de integridad para cumplir con el objetivo de luchar contra la corrupción y abrió una investigación interna sobre la actuación en la causa de los cuadernos a fin de descartar la comisión de cualquier ilícito que estará a cargo de un estudio de abogados externo.

Según consta en una nota de la sociedad enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, esta decisión busca “resguardar y conservar adecuadamente toda la información y documentación de los períodos investigados”.

La causa llevó a Ferreyra a la cárcel de Marcos Paz, desde donde el empresario cordobés avisa que no se pasará a las filas de los arrepentidos y asegura que la adjudicación de las obras a su grupo le permitió al Estado evitar sobreprecios de hasta el 50% que pretendían lograr empresas que identifica como parte de la “patria contratista”.

Sin embargo, el grupo debió dejar el liderazgo de su mayor obra a sus socios chinos en la construcción de dos represas santacruceñas antes llamadas Kirchner y Cepernic y ahora rebautizadas como Condor Cliff y La Barrancosa. Una obra a cargo de la UTE Represas Patagonia, formada por Electroingeniería, Gezhouba e Hidrocuyo, que involucra inversiones cercanas a los u$s5.000 millones y que fue adjudicado durante la gestión del anterior gobierno kirchnerista.

El objetivo de la obra es el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz con a construcción de dos represas y centrales hidroelécticas ubicadas sobre el río Santa Cruz con la finalidad de generar energía renovable para todo el país.

El año pasado, el presidente Mauricio Macri decidió sostener la iniciativa al considerarlas esenciales para lograr la autonomía energética de la Argentina y sometió la iniciativa a una audiencia pública. Luego, se le introdujeron algunos cambios y las represas fueron relanzadas en febrero.

Si bien desde el Gobierno se intentó correr a Electroingeniería de la UTE, a partir de operaciones lideradas por el secretario de Energía, Javier iguacel, el holding resisitió el embate y negoción con sus socios asiáticos dejar de lado el liderazgo del emprendimiento.

Mientras tanto, sus abogados buscan una salida para levantar el embargo de la AFIP. Lo hacen mediante la suscripción de un nuevo plan de pagos con el ente fiscal en los términos de la resolución general 4289 que permite adoptar un plan de facilidades de pago para regularizar deuda vencida al 31 de junio pasado.

El objetivo de Electroingeniería es el de abonar un anticipo del 10% de lo adeuado y el resto en 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con una tasa mensual equivalente a la nominal anual (TNA), más un 3% o 4% anual.

De esta manera, en el grupo consideran que podrán regular el 99,5% de la deuda ya judicializada y el 86% del total del reclamo de la AFIP, permitiendo levantar todos los embargos vigentes sobre las cuentas de la sociedad. En este tema, también se incluyen una gran cantidad de cheques rechazados que acumula el grupo.