Acusado, imputado y procesado por haber pagado coimas a funcionarios del gobierno anterior en el marco de la causa de los cuadernos, Paolo Rocca paradójicamente se acaba de convertir en "el vocero" de la agenda de temas que el empresariado local reclama que Mauricio Macri encare en su cuarto año de mandato.

La voz del titular del Grupo Techint -y también el hombre más rico de la Argentina- se escuchó en un seminario de la organización Pro Pyme de la cual el holding es parte importante y, entre sus pares, se leyó como un fuerte mensaje hacia el gobierno de Cambiemos.

Si bien no marcó directamente los errores de gestión que la mayoría de los ejecutivos del país le adjudican a Macri, sí hizo referencia a las medidas que el país “necesita” mirando a mediano y largo plazo.

En ese contexto, pidió un país que genere más divisas genuinas, que apoye las exportaciones, que no mire solamente al campo sino también a la industria y que mantenga un tipo de cambio competitivo, en especial en un año electoral como será el 2019.

Rocca también hizo hincapié en la necesidad de darle prioridad a las empresas argentinas en toda la cadena de valor, que exista mayor financiamiento para el sector productivo y que se defienda la industria, más que nada cuando sufre situaciones de presión extrema con las de este momento actual de la Argentina, donde no existe casi crédito para capital de trabajo.

“En la medida en que se vayan generando oportunidades y haya recursos para apoyar la formación y la defensa de capital de trabajo, será fundamental para poder dar oxígeno, y poder levantar la producción, o acompañar una empresa una vuelta de la economía, un crecimiento de la actividad que puede venir en el principio de 2019”, sostuvo Rocca durante el evento de la organización ProPyme.

En otro párrafo de su discurso, el dueño de Techint criticó las altas tasas de interés y la elevada presión fiscal, apuntando así a dos variables que frenan cualquier plan de inversiones que el mundo empresario esté dispuesto a encarar en el país.

Más, cuando ya pasaron tres años de Cambiemos al frente de la Casa Rosada y que, en paralelo, desde el sector corporativo se vean con buenos ojos las modificaciones en la política económica que se llevaron a cabo, especialmente, entre el 2015 y el 2016 y que sirvieron para desmontar restricciones cambiarias y comerciales de la llamada “pesada herencia” kirchnerista.

Sin embargo, el ritmo de las reformas perdió fuerza y muchas de las promesas de campaña quedaron a medio camino, al punto que desde el propio oficialismo se ha reconocido que se cometieron errores, en particular por la crisis cambiaria que sacudió al país entre abril y octubre.

Pedidos para 2019

En este escenario, desde el mundo corporativo salieron a avalar las palabras de Rocca, más allá de su situación judicial como parte de la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadio y que también involucra a otros hombres fuertes del mundo corporativo local, incluyendo a parte de la familia presidencial como son Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del Jefe de Estado.

Es que, para los ejecutivos, se torna esencial que el frente fiscal y el problema inflacionario se puedan despejar en el 2019. 

Cabe destacar que la economía cerrará este año con una caída del 2,4%, mientras que la suba de precios será del 47%, convirtiendo al 2018 en el de peor desempeño desde que Macri asumió el Gobierno en diciembre del 2015.

En este contexto, los ejecutivos suman preocupaciones por los índices de desempleo y pobreza, que fueron aumentando y que provocan más de un reclamo válido entre las organizaciones sociales y los sindicatos y se convierten en factores de presión para el Gobierno de cara a las elecciones generales del próximo año.

De la radiografía sobre el futuro del cuarto año de mandato de Macri que hacen los hombres de negocios también forma parte el fuerte ajuste fiscal al que está obligado a someterse el país.

Obviamente, como parte del pacto de asistencia financiera sellado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el que Argentina deberá lograr "déficit cero" en el 2019, un objetivo también complejo en tiempos electorales.

La buena noticia está centrada en el pronóstico climático. Se dice que será más benigno para el campo y que se disfrutará de una campaña récord que aseguraría un mayor ingreso de divisas y una paulatina salida de la recesión a partir del segundo trimestre del año próximo.

Desde el Gobierno, los esfuerzos económicos estarán ligados a las necesidades electorales que apuntan a convencer a la sociedad sobre la necesidad de que Macri tenga la chance de gobernar otros cuatro años más. Esto, a pesar de que el Presidente tiene hoy cortocircuitos internos con algunas de sus principales figuras y con sus socios de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica, de Lilita Carrió.

De hecho, la reelección de Macri es una posibilidad que los empresarios observan como casi segura y por eso se adelantan a reclamar cambios en la política económica actual, aunque sin pedir regresar a recetas pasadas.

Entidades representativas del empresariado como la Unión Industrial Argentina (UIA); la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), coinciden en la necesidad de mantener los lineamientos. Pero igualmente advierten sobre los riesgos de no cambiar aquellos parámetros que han complicado la economía del país y las cuentas de las compañías, tanto grandes como pequeñas y medianas.

En este sentido, Miguel Acevedo, titular de la UIA, se muestra preocupado por el escenario de incertidumbre que evidencia la economía y en especial por el futuro de las pymes. “El mercado interno está frenado, lo cual presiona las ventas y las finanzas de las empresas”, advierte el ejecutivo de Aceitera General Deheza (AGD).

En este marco, se muestra pesimista con respecto al futuro inmediato del país. “No se ve una reactivación pronta”, asegura, a la vez que reclama medidas para amortiguar el impacto de la recesión y la caída de las ventas.

Una carta para el "cambio de dirección"

Es por esta visión que la UIA negocia firmar un documento crítico de 21 páginas redactado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), y que tiene el respaldo de dirigentes sindicales, referentes cooperativistas y de organizaciones sociales.

Bajo el título de “repensar el modelo de Nación”, el informe contiene reclamos y propuestas consensuadas por todos los sectores, reclama un "cambio de dirección" del rumbo económico, ante la "preocupante" situación social. Y pide centrar el eje en un "modelo de país sobre la base de la industria nacional, la producción y el empleo”.

Por su lado, Javier Goñi, presidente de IDEA y CEO de Ledesma, agrega que el principal desafío y que coincide con los reclamos de todo el mundo corporativo es el de bajar la tasa de interés y la inflación para reactivar la economía.

“Con estas tasas no es viable ningún negocio”, reconoce el ejecutivo a la vez que solicita a las autoridades “creer más en la economías regionales para motorizar el crecimiento y el desarrollo del interior, para no seguir cargando al GBA de gente que necesita contención”.

Un escenario en el cual coincide Jaime Campos. El titular de AEA identifica como “desafío del año entrante” el de armonizar la competencia electoral con la búsqueda de consensos en torno a consolidar una república democrática con crecimiento económico y equidad social.

“Desde la AEA consideramos imprescindible a estos fines, el acuerdo entre todos los partidos políticos”, añade el empresario casi de manera coincidente con el documento que impulsa la CEA.

Igual, Campos aclara que la visión de la entidad empresaria se centra en que se pueda definir entre todos una hoja de ruta realista tendiente a ir reduciendo gradual pero persistentemente la muy alta presión tributaria.

“De este modo, se posibilitará la movilización plena de las energías y capacidades del empresariado, único camino posible para avanzar hacia un pleno desarrollo económico y social”, asegura Campos.

En el caso de los economistas, la mirada sobre el próximo año de gestión de Cambiemos es similar a la de los empresarios.  Así lo advierte Juan Luis Bour quien, desde su puesto en FIEL, reconoce que la agenda pendiente puede ser muy ambiciosa pero sostiene que “todos descontamos que el margen de acción es muy estrecho para lo estructural”. Por lo tanto, le pide al Gobierno que en el corto plazo se concentre en estabilizar y preparar reformas para el 2020 y no alterar rumbo de lo inmediato.

Desde sectores afectados por el escenario económico reclaman medidas que permitan reducir el impacto de la actual coyuntura negativa. Un ejemplo es el de la industria textil, desde donde se señala que las medidas macroeconómicas del último año impactaron en el poder adquisitivo de la población repercutiendo directamente en el principal mercado de las Pymes textiles como es el consumo interno.

Se asegura que la caída de las ventas es el principal problema, de acuerdo a consultas realizadas a las empresas del sector, sumado a la pérdida de rentabilidad, como consecuencia del impacto tarifario y el contexto inflacionario, y la dificultad de obtención de financiamiento de su capital de trabajo en un escenario de altas tasas de interés.

Por esos motivos, Yeal Kin, presidente de la Fundación Pro Tejer, asegura que el Gobierno debería impulsar la demanda a través de medidas que estimulen el consumo interno, así como decisiones tributarias que permitan a las pymes disponer de mayor capital de trabajo amortiguando también el impacto sobre la rentabilidad de las empresas.

“Por otro lado, es fundamental la generación de instrumentos que permitan acceder a financiamiento de capital de trabajo e inversión, así como redefinir el esquema tarifario a fin de mitigar el impacto sobre los costos productivos de las pymes del sector”, añade el empresario.

Desde el sector de las Pymes el escenario se observa con los mismos signos de preocupación que el resto de los empresarios. Daniel Rosato, presidente del Industriales Pymes Argentinos (IPA), asegura que existe entre estas empresas pequeñas y medianas una creciente preocupación por un eventual agravamiento de la situación.

“Esto nos ha llevado a que pidamos, entre otras medidas, que se anulen los embargos a 180 días para tratar de que esto no siga generando más cierre de empresas o que queden afuera del mercado”, señala.

También suma a la necesidad de fomentar el comercio exterior como otro de los temas de la agenda 2019 del Gobierno. “Tenemos que cambiar en función a la decisión de los países del primer mundo con respecto a la política comercial global y tomar medidas que protejan nuestras industrias”, argumenta Rosato.

El costo energético es otro reclamo de las Pymes al sostener que los precios dolarizados le quitan previsibilidad a las empresas y hace que las variables de aumenten y generen inflación.

Pide además subsidiar la tasa de interés, para que el sector pueda destinar una alícuota del 20% para el pago de salarios, compra de insumos y de energía.

“Con los niveles actuales es imposible hacerlo y la situación se profundiza y no ofrece salida al sector, a la vez que se corre el riesgo de que más empresas ingresen en situación crítica”, apunta Rosato.

La presión impositiva es otro punto de reclamo de las Pymes. “Sufrimos Impuestos distorsivos que hacen que realimente la presión sobrepase el 50% y nos deje afuera de competencia con el resto del mundo”, se queja el titular de IPA.