iProfesional

Con un código anticorrupción, Electroingeniería busca recomponer su imagen corporativa

Contrató a dos consultoras para elaborar un manual de ética e investigar presuntos fraudes internos. Además, acaba de obtener $314 millones en los mercados
17/12/2018 - 07:07hs
Con un código anticorrupción, Electroingeniería busca recomponer su imagen corporativa

Con uno de sus fundadores en prisión tras haber sido procesado en la causa de los cuadernos, el grupo Electroingenería busca recomponer su imagen corporativa de cara a mantener sus negocios más allá de las consecuencias que pueda sufrir por las imputaciones que pesan sobre Gerardo Ferreyra en la investigación que llevan adelante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli.

El holding cordobés viene llevando a cabo una serie de acciones tendientes a recuperar su equilibrio financiero y a sostener las obras que le fueron adjudicadas en el marco de licitaciones convocadas por el kirchnerismo y también por el actual gobierno de Cambiemos.

Si bien entre sus ejecutivos y su personal no tienen dudas sobre la inocencia de Ferreyra y hasta hacen referencia a un encarcelamiento “injusto”, la continuidad de los negocios los obliga a tomar medidas que le permitan obtener fondos frescos para sostener esos planes, y a la vez, mostrar ante los inversores que la causa de los cuadernos no daña la transparencia con la cual, aseguran, se han venido desempeñando desde la fundación de Electroingenería.

El primer paso de esa estrategia fue la renuncia del propio Ferreyra a sus cargos. A esto le siguió el traspaso a sus socios chinos de Gezhouba del liderazgo de la concesión por la cual deben construir dos represas en Santa Cruz, con un presupuesto cercano a los u$s5.000 millones.

Con ambos gestos, el grupo logró sostenerse en la sociedad y hasta logró que el Gobierno le otorgara a las obras una serie de beneficios fiscales para abaratar el costo del proyecto hidroeléctrico.

Además, su presidente, Osvaldo Acosta, fue beneficiado con la “falta de mérito” en la causa, tras haber declarado en septiembre pasado. Lo mismo ocurrió con Jorge Nera, otro ejecutivo del grupo.

Ahora, Electroingenería va por más. Hace unas semanas, su directorio contrató a un grupo de consultoras especializadas en el diseño e implementación de programas de integridad (Compliance). Se trata de las firmas Transparencia Latam y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani. ¿El objetivo?. Prevenir, detectar y remediar actos irregulares, de corrupción o fraude externo o interno de sus propios ejecutivos o con sus contratistas.

De hecho, las consultoras ya comenzaron una  investigación interna a los fines de analizar las operaciones de la compañía y las acciones de sus funcionarios “en procura de detectar cualquier situación de irregularidad o sospechas en procedimientos administrativos internos, del Código de Ética y/o del marco legal vigente a los fines de adoptar las medidas correctivas que corresponda”, tal como se asegura en el escrito que dio forma a este convenio y al que tuvo acceso iProfesional.

Es decir, de actos idénticos a los cuales el juez Bonadío acusa a Ferreyra por supuestamente haber pagado coimas y sobornos para acceder a llicitaciones que entre el 2008 y el 2015 le adjudicó a Electroingenería el gobierno kirchnerista.

En el grupo rechazan las imputaciones y recuerdan que Ferreyra es el único empresario procesado que no se adhirió a la figura del arrepentido por “no tener nada de qué arrepentirse”.

El propio empresario, desde la cárcel, viene sosteniendo que la causa está armada para frenar proyectos y asegurando que gracias a Electroingenería se pudo desplazar a la vieja patria contratista que pretendía vender las mismas concesiones con un 50% de sobreprecio.

A través de una cuenta de twitter, Ferreyra se autocalifica como un rehén “por haber tenido la osadía de haber cumplido durante 12 años con la responsabilidad de comenzar y concluir exitosamente con todos los proyectos energéticos que nos encomendaron”.

Ferreyra solamente reconoció haber realizado aportes voluntarios propios para la campaña electoral del Frente para la Victoria (FpV), situación que de resultar irregular, sus abogados afirman que se encuadraría en la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos que contempla multas o inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

En ese marco, el programa de Compliance contratado por el grupo consiste en encarar varias acciones simultáneas:

1) La identificación de los riesgos mediante un diagnóstico inicial de la situación de la sociedad en materia de cumplimiento de la normativa anti-corrupción y anti-sobornos. Se determinan los procesos a controlar para mitigar los riesgos.

2) Diseño e implementación del programa desarrollando códigos de conductas, políticas y directivas, y estableciendo sistemas de control para la detección y remediación de los procesos o conductas no adecuadas.

3) Monitoreo permanente de los procesos con un tiempo estimado de diseño e implementación para todas las empresas del grupo económico de 7meses.

La estrategia parece haber sido efectiva si se tiene en cuenta que el grupo acaba de recaudar $314 millones en los mercados de capitales mediante la colocación de Obligaciones Negociables (ON) por un total de $320 millones.

Según informó la compañía a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la tasa de colocación fue Badlar + 10%. Los intereses se amortizarán mensualmente y el capital el 15 % el próximo 28 de diciembre y el resto se hará mensualmente a partir de agosto del 2019 hasta abril del 2020. El dinero servirá para sostener parte de sus planes de negocios y rescatar deuda ya emitida.

En la actualidad, el grupo empresario con sede en Córdoba posee en su cartera varios de proyectos como el de la construcción del llamado “Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz – Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa”.

Construye también dos líneas de extra alta tensión en 500 KV, una en provincia de Buenos Aires (interconexión Mar del Plata – Bahía Blanca) y la otra entre Chaco y Corrientes.

En el caso de Córdoba, junto a China Petroleum Pipeline (CPP), construyen 290 km de tendido de los gasoductos troncales de la provincia en su segunda etapa.

Según explican en la empresa, los trabajos consisten en el tendido de cañerías de acero de 2 a 8 pulgadas de diámetro en zonas rurales y urbanas; suministro y conexión de una planta de reductoras intermedias y de otras 18 plantas reductoras de presión. También continúa con la ejecución del contrato de operación y mantenimiento de la central termoeléctrica del Bicentenario en la localidad cordobesa de Pilar.

En relación a los proyectos con posibilidad de iniciarse en el mediano plazo se encuentra firmado el contrato para la construcción de la central Termoeléctrica Manuel Belgrano II, que será financiada por el Eximbank de China. En este caso, el Estado argentino debe solicitar el crédito para dar inicio al proyecto.

De hecho, el préstamo será pagado con la venta de energía que produzca la central una vez puesta en marcha. Y dentro de otros potenciales negocios, la compañía trabaja para lograr participación en proyectos hidroeléctricos y de tendidos de líneas de extra alta tensión ya en etapa de licitación o a licitarse.

Temas relacionados