Un juez brasileño aceptó este martes un pedido del imperio empresarial Odebrecht para acogerse a la ley de quiebras y reestructurar una deuda de 13.000 millones de dólares, años después de haber quedado en el centro de uno de los mayores casos de corrupción en el país.

El pedido de "recuperación judicial" o "protección por bancarrota" había sido presentado ayer por el conglomerado empresarial y se convirtió, por la magnitud de la deuda, en la mayor solicitud para acogerse a la ley de quiebras en la historia del país sudamericano.

Odeberch es una de las empresas más poderosas de América latina, pero desde que se destapó la trama de corrupción en la operación Lava Jato, en 2014, la multinacional brasileña sufrió varios reveses, financieros y judiciales, que la llevaron al borde de la bancarrota.

El juez de quiebras de Sao Paulo, João de Oliveira Rodrigues, aceptó la apertura del trámite y designó a la firma Alvarez & Marsal como administrador de la corte para Odebrecht, al tiempo que le concedió al conglomerado empresario 60 días para que presente un plan de reestructuración de deuda que será sometido a la aprobación de los acreedores.

La agencia EFE citó un comunicado en el que Odebrecht especificó que el pedido de recuperación judicial se convirtió en la "medida más adecuada" para posibilitar la "conclusión exitosa" del proceso de reestructuración financiera ante el "vencimiento de diversas deudas, la ocurrencia de hechos imprevisibles y los recientes ataques a los activos de las empresas".

La compañía quedó en el centro de una trama de corrupción con pago de sobornos en Brasil y en otros países sudamericanos, tras lo cual sufrió varios perjuicios en los ámbitos financiero y judiciales que la pusieron al borde de la quiebra, con una de deuda de 22.000 millones de dólares, de los cuales 13.000 millones son pasibles de reestructuración, informó la prensa local.

La constructora aclaró en su petición no abarca a algunas de sus sociedades, como la petroquímica Braskem S.A., Odebrecht Ingeniaría y Construcción S.A., Ocyan S.A., OR, Odebrecht Transport o el astillero Enseada y Atvos Agroindustrial, que ya se acogieron a ley de quiebras el mes pasado.

Tampoco algunos activos operacionales en América Latina y sus respectivas subsidiarias, precisó Odebrecht.

La compañía fundó su decisión en la "crisis económica" que afectó a Brasil en los últimos años, el impacto que tuvieron en su reputación "los errores cometidos" y la "dificultad" que enfrentan las "empresas que colaboran con la Justicia" a la hora de "recibir nuevos créditos y tener sus servicios contratados".

Los actos ilícitos con centro en Odebrecht fueron destapados al ritmo de la investigación del Lava Jato, la mayor pesquisa sobre corrupción desatada en Brasil y con ramificaciones en una decena de países de América latina.

En ese contexto, se investigaron gran cantidad de denuncias sobre pago de sobornos a funcionarios o autoridades políticas a cambio de la concesión de contratos.

El Lava Jato descubrió que la constructora del grupo tenía un departamento específico para el pago de sobornos, con tablas y apodos para esconder la identidad de los beneficiados, un complejo rompecabezas que las autoridades juntaron gracias a la confesión de 77 de sus ex ejecutivos.

Ante la magnitud del escándalo, el consorcio reconoció la corrupción en el seno de sus empresas, firmó acuerdos con autoridades de diversos países y se comprometió a pagar millonarias multas a cambio de seguir operando.

Odebrecht contaba con 181.000 empleados en 21 países antes del escándalo de corrupción, pero la plantilla se redujo a 48.000.