Tal como ocurrirá con la entrega del puerto de Buenos Aires a un nuevo operador, la suerte de la licitación de la terminal de ómnibus de Retiro también será responsabilidad del próximo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El proceso, que lideraba el actual ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, acaba de sufrir una nueva postergación, por lo cual la concesión seguirá en manos de Néstor Otero, dueño de la sociedad Terminales de Buenos Aires (TEBA) y procesado en la causa de los cuadernos.

El empresario está acusado por el juez Claudio Bonadío del delito de cohecho activo y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y estuvo preso hasta diciembre del año pasado, cuando fue beneficiado por un fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó su liberación.

De hecho, en la actualidad Otero lidera una contra ofensiva de varios hombres de negocios K para intentar que el caso se diluya sin culpables, aprovechando los nuevos aires políticos con la llegada del Frente de Todos al poder.

Hace unas semanas, luego de que aparecieran los originales de los cuadernos de Oscar Centeno, el propio Otero presentó una denuncia ante el juzgado de Ariel Lijo para que se determine quién retuvo esos cuadernos todo este tiempo con el objetivo de que autor sea acusado de encubrimiento y así beneficiarse judicialmente.

En concreto, le pidió al magistrado varias pericias como estudios de huellas dactilares sobre los cuadernos aportados a la justicia por el ex chofer de Roberto Baratta, número dos del entonces Ministerio de Planificación Federal cuando estuvo a cargo de Julio De Vido, hoy en prisión.

Reclamó también ciertas medidas persecutorias en contra Diego Cabot. Se trata del periodista del diario La Nación que, con sus publicaciones, destapó el mayor escándalo de corrupción de la Argentina que, lamentablemente, parece camino al olvido con el regreso de Cristina Kirchner a la Casa Rosada, teniendo en cuenta que la futura vicepresidenta está acusada en la causa de liderar la "asociación ilícita" creada para cobrar sobornos y coimas en el marco de las licitaciones de obra pública ocurrida en la gestión kirchnerista.

Con este prontuario a su favor y por la incapacidad del gobierno de Mauricio Macri de culminar con el proceso licitatorio, Otero seguirá al frente de la concesión de la Terminal de Retiro, de la cual se hizo cargo en 1993 cuando desembarcó de la mano de una licitación del gobierno menemista por un plazo de concesión de 12 años, con posibilidad de prórroga, lo cual ocurrió en 2006 gracias a que el kirchnerismo le extendió el contrato por 10 años más, acuerdo venció en septiembre de 2015.

Desde esa fecha hasta la actualidad, Otero, de estrechos vínculos con el ex secretario de Transportes kirchnerista, Ricardo Jaime, logró sostener su negocio. Ni siquiera las políticas de transparencia institucional que quiso aplicar Cambiemos ni las intenciones del propio ministro Dietrich pudieron derrumbar su presencia en Retiro.

Esto a pesar de que su nombre aparece mencionado en los cuadernos de Centeno de manera reiterada y entregando bolsos por u$s250.000 y regalando vinos y champagne a Baratta a cambio de beneficios varios que el fiscal Carlos Stornelli presentó en la causa.

Según consta en la presentación que hizo el juez Bonadío para elevar la causa a juicio oral, el pago se habría hecho el 3 de junio de 2015.

Como parte de las investigaciones, el 21 de agosto del 2018 personal de la División Operaciones Federales de la Policía Federal llevó adelante un allanamiento de su domicilio en Avellaneda en el que se secuestró un revólver de simple y doble acción calibre 22 largo rifle marca Doberman y un pistolón tiro a tiro de dos caños superpuestos calibre 32 marca Rexio modelo Super, ambos sin documental.  Además, en otro domicilio del llamado "Zar de Retiro" la policía encontró tres cajas fuertes en las que había un millón de dólares y otro millón, pero de pesos.

La administración Macri intentó, con varios llamados a licitación, que la Terminal de Retiro cambiara de concesionario. Todas culminaron en fracaso, al igual que el proceso actual que debía adjudicar la licitación en octubre pasado.

De hecho, a fines de agosto se habían abierto los sobres con las propuestas y quedaron dos empresas seleccionadas para reemplazar a TEBA en la concesión de una terminal que recibe, en temporada alta, 1.500 ómnibus por día y por donde pasan unas 50.000 personas cada jornada.

Paradójicamente, una de las seleccionadas es también propiedad de Otero: Terminales Terrestres Argentinas SA. (TTA SA), que construyó y opera la terminal Dellepiane, a la que casi no llegan servicios. La sociedad está domiciliada en Lima 385, piso 11. Tiene ocho empleados, dos de ellos de apellido Otero: sus hijos Diego y Luciano.

La otra empresa es Neuss Capital, que también participó del llamado anterior y que está vinculada al hijo de uno de los hermanos Neuss (familia fundadora de la bebida del mismo nombre), que tiene contratos con el Estado porteño, como el servicio de VTV para los automotores y la instalación de surtidores eléctricos.

Con la elaboración de nuevos pliegos, el objetivo del Gobierno se fijó en que el grupo ganador liderara un plan de modernización de una de las áreas de servicios públicos de la Ciudad más abandonada, sucia y con la peor calidad de servicios y de atención a los usuarios.

La empresa ganadora del proceso debía encarar inversiones por $1.000 millones durante los 35 años de duración de la concesión, además del pago de un canon mensual mayor al actual y de obras que iban a permitir una reforma edilicia con partidas y arribos en un mismo nivel separada en dos pisos, una gran plaza pública con acceso para taxis, autos particulares, colectivos, subte y el ferrocarril, y la construcción de un hotel de 100 habitaciones y un centro de convenciones.

En la actualidad, la estación de Retiro se encuentra en pésimas condiciones de higiene y seguridad en una zona en la cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con importantes inversiones y planes urbanos de corto plazo para modernizar la totalidad del escenario.