Tal como lo hizo con los laboratorios, con los que acordó una rebaja en el precio de los medicamentos, ahora el Gobierno busca ponerle un "cepo" a la constante suba en los precios de las prepagas.

Más que nada si se tiene en cuenta solamente el año pasado la salud acumuló un incremento del 72,1%, siendo el rubro que mayor suba registró dentro de los que mide el Indec, impulsado precisamente por los valores de los planes de las prepagas y de los medicamentos.

Para analizar esta situación y también buscar alternativas que permitan reducir los costos que las empresas de este sector deben afrontar, habrá una reunión en la sede del Ministerio de Salud que fue pactada para el mediodía de este jueves.

El anfitrión del encuentro será el titular de la cartera, Ginés Gonzalez García, quien recibirá a los principales empresarios de este negocio, junto a los titulares de las cámaras que agrupan a las clínicas y sanatorios privados.

Según pudo saber iProfesional, las conversaciones girarán en torno a los aumentos en las prestaciones que se darán durante este año y a la necesidad de contener los costos que afronta el sector.

En el primer caso, el compromiso de las empresas es el de retocar los valores lo menor posible durante todo el año con la posibilidad de que las subas no sean mayores a la inflación estimada por el Gobierno que para todo el 2020 debería rondar el 40%.

Muy lejos de lo que fueron los índices del 2019, cuando la medicina privada cerró el ciclo con niveles récord de aumentos, incluso muy por encima de los promedios de la inflación.

De hecho, según un relevamiento del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), la medicina privada representa en la actualidad el 72,1% de una jubilación media y el 30,4% de un salario medio.

El documento también informa que los aumentos de las cuotas superaron a los salarios por 10 puntos porcentuales en 2016, 5 puntos en 2017, 11 puntos en 2018 y proyectamos que lo harán en 12 puntos durante 2019.

Sin embargo, se trata de un sector golpeado por la devaluación y el encarecimiento de los precios de los insumos importados en el marco de un escenario de financiamiento casi inexistente o caro.

Ese combo los llevó a que los ajustes en sus tarifas fueran a la par de los aumentos en los costos devengados de cada año anterior y siguiendo las paritarias del sector.

El componente importado de la prestación es otro de los costos que pesa y que en el caso de prótesis e insumos, representa el 40% de los costos según estiman las empresas del sector teniendo en cuenta las sucesivas devaluaciones que se dieron durante el anterior gobierno y que, en el caso de la medicina, rondó el 89% solamente en el 2019.

Por eso, durante la reunión los empresarios le pedirán al ministro Ginez que el Gobierno evalúe medidas que les permitan hacer frente a esa problemática que, según los representantes de clínicas, hospitales privados y sanatorios, los coloca en una situación "terminal", incluso con empresas en cesación de pago y hasta de "colapso" si no se modifican algunas regulaciones.

En la lista de pedidos, se destaca la necesidad de lograr por lo menos una rebaja del 5% del costo salarial y del 2% del costo operativo. Las medidas propuestas tienen por objetivo aliviar el altísimo costo que para los actores del sector implica operar con sujetos exentos como el PAMI y las obras sociales.

Según un informe económico elaborado en conjunto por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim), las soluciones pasan por mejorar la consistencia financiera de los recursos per cápita y sincerar las exigencias del Programa Médico Obligatorio (PMO) a la disponibilidad de recursos per cápita de los diferentes segmentos de la población a través de un sector que atiende la salud de más del 70% de la sociedad.

La propuesta se completa con la implementación de medidas fiscales de protección para el sector de la salud que ya fue enviada a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.

Se solicita también la introducción en la Ley de Presupuesto para este año de un paquete de medidas que, según sus autores, benefician a las clínicas y sanatorios privados.

Algunos de esos pedidos se refieren a que se admita el cómputo del crédito fiscal del IVA originado por operaciones exentas y que en su caso se pueda acreditar contra otros impuestos a cargo de la AFIP o contra las contribuciones patronales o, en su defecto, devolución o transferencia a favor de terceros responsables.

También, la posibilidad de considerar a las contribuciones patronales efectivamente abonadas como crédito fiscal en el IVA, además de equiparar a los empleadores respecto del importe de las contribuciones patronales que les corresponde abonar.

Otro reclamo es la exclusión de régimen de Factura de Crédito Electrónica MIPYMES de todos los actores que integran el sector de la salud. También la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de enero de este año; la reducción del impuesto a los créditos y débitos al 0,25; y hasta una moratoria especial que prevea la reducción de intereses resarcitorios, tasa de interés reducida, plazos extendidos de pago y eximición de sanciones, entre otras cuestiones.

Otra de la denuncia que las empresas le llevan al Gobierno se vincula con el "férreo control de precios" que sufren por parte de obras sociales y el Pami, así como por la Superintendencia de Servicios de Salud que regula el porcentaje de aumento de precios a la medicina prepaga.