En días difíciles para el país y toda la sociedad, y en momentos en los cuales hasta el propio presidente Alberto Fernández viene reclamando el trabajo en conjunto de todos los sectores para combatir los efectos sociales y económicos que está dejando el coronavirus, el empresario Cristóbal López salió a reflotar la grieta política que hasta ahora parecía haber entrado en, por lo menos, una etapa de hibernación.

Como viene haciendo desde hace ya un par de meses, el dueño del ex Grupo Indalo utiliza las redes sociales para expresar sus opiniones. Más que nada desde twitter, donde en los últimos días se dedicó a denunciar una supuesta operación de desestabilización contra el gobierno de Alberto Fernández.

En el guion que el empresario K escribe a diario desde su dominio @Cristobal_ok, los responsables de esta campaña de desprestigio se esconden en las oficinas del PRO.

López abrió su cuenta el 28 de febrero pasado "para poder expresar algunas de las cosas que hasta ahora no había podido decir". Desde entonces, el referente corporativo de la mirada política kirchnerista viene diciendo que se siente un perseguido por el anterior gobierno de Mauricio Macri, a quien acusa de haber inventado todas las causas en las que es investigado.

Argumenta que desde Cambiemos se utilizó a la AFIP de Alberto Abad para armar procesos judiciales que tenían como objetivo destruir el entramado de activos que había logrado crear con el Grupo Indalo. Dice que el ex jefe del organismo recaudador en tiempos de Macri "tenía un grupo de abogados que llamaba un grupo de choque contra nuestra empresa".

Apunta directamente a los ex funcionarios cercanos a Macri. "Hubo una intención deliberada del gobierno del ex presidente Macri de ahogar nuestras empresas para que cedamos a las presiones de su gobierno", tuiteó el 28 de febrero pasado.

Ocurre que todas las imputaciones recibidas por López y su socio Fabián De Sousa se sucedieron tras el cambio de gobierno del 2015 mediante la apertura de causas judiciales por supuestos desvío de fondos de la petrolera Oil Combustibles para cancelar obligaciones tributarias por $8.000 millones para la compra de empresas con las cuales incrementaron los activos de Indalo.

Por esa causa y otras acusaciones que ambos recibieron también por supuestos ilícitos económicos, fueron enviados a prisión en diciembre del 2017, por orden del juez Julián Ercolin, quien los procesó por defraudación al Estado junto con el exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray.

La orden del magistrado llegó precisamente unos meses después de que el PRO y sus aliados en Cambiemos ganaron las elecciones de medio término en el país.  En el caso de López, cumplió su reclusión en el penal de Ezeiza, donde pasó casi 530 días en un pabellón especial que compartió con otros reclusos "famosos" que ocuparon altos cargos en los anteriores gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Ahora, y en el medio del combate contra el coronavirus, el empresario dirige también sus acusaciones contra el anterior gobierno. "Está claro que iniciaron una operación desde las usinas del PRO en contra de nuestro gobierno, el gobierno que los argentinos y las argentinas elegimos democráticamente hace menos de un año. No les importa la situación", dijo el empresario en uno de sus últimos tuits.

Según su visión, los ex funcionarios de Cambiemos están preparando el terreno, primero para culpar al Gobierno de una pandemia que inevitablemente se a va a agravar. Y luego, de la obvia caída de la actividad económica y sus consecuencias, que también va a suceder. Se trata de una combinación de factores que López califica como "una mezcla explosiva".

Para el empresario, no existen dudas sobre la jugada de la oposición. "Tienen el discurso preparado para decir que el esfuerzo no sirvió porque hubo X cantidad de infectados, pérdidas de vida y encima con una crisis económica que sufrimos por las medidas que tomaron". De acuerdo a su mirada del complot, van por ahí, sin prisa pero sin pausa.

Lo paradójico de la teoría conspirativa de este empresario es que hasta ahora ningún referente de peso de Cambiemos, del PRO o de sus aliados salió a encabezar una campaña en contra del Gobierno.

Por el contrario, todos han unificado el discurso en la defensa de las medidas que toma el Presidente, en el trabajo en conjunto con el Gobierno, tal como se refleja en las acciones de, por ejemplo, Horacio Rordiguez Larreta, quien desde la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, coordina todos los planes con la Nación y con la provincia de Buenos Aires.

Hasta el propio Macri salió en varias oportunidades a pedir el encolumnamiento de sus partidarios y referentes políticos con las medidas que adopta la Casa Rosada para dar pelea a esta pandemia mundial.

Sin embargo, Cristóbal López no detiene su andanda de denuncias en la oposición política. En otro de sus tuits acusó a cierto sector del periodismo y del mundo empresario de formar parte también de la campaña desestabilizadora.

"Es muy evidente la presión desde determinadas empresas y sus medios de comunicación para que el Gobierno levante la cuarentena. Es una irresponsabilidad que especulen con la salud de todo un país", escribió pero sin identificar a los destinatarios de sus acusaciones.

Algo que también llama la atención si se tiene en cuenta la casi unanimidad de opiniones en el mundo corporativo sobre el respaldo a las decisiones de Alberto Fernández, aun a pesar de las graves consecuencias que el aislamiento obligatorio está causando en la economía y en el día a día de una gran cantidad de sectores y de empresas grandes, pequeñas y medianas.

Hasta ahora, desde la Unión industrial Argentina (UIA), pasando por la Copal, las asociaciones bancarias y las cámaras de comercio han salido solamente posturas de respaldo a la decisión oficial de anteponer la salud a la economía que vienen acompañadas de pedidos y reclamos para la adopción de medidas de salvataje de parte del Estado nacional.

Ni que hablar en el mundo periodístico, donde todas las señales de televisión y el resto de los medios de comunicación vienen cumpliendo una función esencial a la hora de interpretar el camino elegido por el Presidente para combatir la pandemia del Covid-19.

No hay programa de noticias, diario, emisiones de radio ni informaciones de medios online que no hagan hincapié en la necesidad de cumplir con la cuarentena obligatoria y en el resto de las estrategias oficiales adoptadas hasta la fecha.

Si bien pasa sus días de cuarentena en alguna de sus residencias, López sigue imputado en las causas en las que se lo investiga. De hecho, hasta que la justicia también tuvo que hacer aislamiento social obligatorio, debía concurrir a los tribunales de Comodoro Py a declarar semanalmente.

Y más allá de lo que en esas sesiones exponía, desde su twitter viene haciendo un repaso de la situación y contando su verdad luego de haber sido puesto en libertad por el fallecido juez Claudio Bonadío a fines del año pasado.

"No nos liberaron ni las PASO ni ninguna elección. Nos liberó el hecho de que quedó al descubierto un mecanismo paralelo dentro de la AFIP para hacer quebrar nuestra empresa. Quienes se prestaron a esa operación se van a tener que hacer cargo de lo que dijeron y no pudieron sostener", decía el 8 de marzo pasado a través de los caracteres de la red social del pajarito.

El mismo día agregaba: "Si querés saber por qué nos liberaron podés leer el expediente. Además te va a servir para no volver a publicar información sin chequear. Desde las PASO pasaron más cosas: algunos periodistas "con prestigio" empezaron a aparecer como sicarios de intereses que no pueden revelar", le decía desde su cuenta de twitter al periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon.

Para López, toda la argumentación que utiliza para defender desde twitter lo que pasó con Oil Combustibles proviene de la precia que forma la causa. "A diciembre del 2015 no había deuda exigible y la deuda que había fue incorporada al plan de pagos que la AFIP, durante el gobierno de Macri, aprobó".

Acusa al anterior gobierno de haberse "cansado de decirle a la gente que cargaba nafta que nos quedamos con su plata", y asegura que en febrero del 2016 la AFIP otorgó a la petrolera de Indalo un plan de pago por el impuesto a la transferencia de los combustibles ITC. "A esa fecha, nuestros planes de pago estaban al día y sin mora. No lo digo yo, lo dice la pericia de la Corte Suprema", resalta siempre desde su carácter de tuitero serial.

En esa línea, denuncia que siempre estuvo en condiciones de cumplir el plan de pagos y que fue el gobierno de Macri el que decidió la quiebra de Indalo en perjuicio del interés público.

"Construyeron un relato falso a través de un grupo paralelo que funcionó en la AFIP y lo difundieron a través de los medios de comunicación aliados. Ahora, cuando tienen que sostener en un juicio todo lo que escribieron no tienen cómo fundamentarlo", resalta en otro de sus tuits publicado el 5 de marzo pasado.

López y De Sousa están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal 3 en un juicio oral y público por retener impuestos a los combustibles por $8.000 millones, según la acusación fiscal.

Sin embargo, esta no es la única causa que enfrentan. Pesan además otras que impulsaba el fallecido juez federal Claudio Bonadío ligadas al caso de los cuadernos de las coimas.