Con algo más de la mitad de los locales cerrados y el resto con ventas que se derrumbaron, los comercios atraviesan una grave crisis financiera con preocupantes derivaciones en el pago de salarios, servicios e impuestos y que hasta las obliga a reducir estructuras y pensar en cerrar.

Por eso y más allá del auxilio financiero que gran parte del sector privado recibe del Estado nacional, advierten sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas que permitan proteger a las empresas de eventuales juicios y reclamos que puedan surgir ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones.

Es decir, que aquellas que logren sobrevivir a las actuales dificultades, tengan un horizonte judicial estable para poder recuperar los flujos de fondos, en el mejor de los casos, de forma paulatina y teniendo en cuenta además que la asistencia estatal no impidió evitar el incumplimiento de obligaciones laborales, crediticias e impositivas asumidas por las empresas que darán lugar a un aumento de la conflictividad.

Comercio: caída generalizada de las ventas

La iniciativa es liderada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), un sector donde el 90% de sus asociados sufre derrumbe de sus ventas, no puede abonar salarios, impuestos ni servicios y en donde puede haber cierres masivos si la cuarentena se sigue extendiendo.

En este contexto, la entidad que preside Jorge Di Fiori redactó un informe crítico sobre la actual situación y les envió el documento a las máximas autoridades del Congreso nacional.

En la nota, dirigida a Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, los comerciantes expresan una "profunda preocupación por los efectos actuales y futuros de la crisis sanitaria y económica que sufre nuestro país en el marco de la pandemia de Covid-19". Proponen la adopción de medidas que permitan reducir la judicialización y, de ese modo, colaboren con la protección de la trama empresaria a partir de la fuerte caída del PBI, en su nivel actual y en las proyecciones para los próximos meses, como así también del deterioro del empleo y la cantidad de empresas activas.

Se observa además una preocupante evolución de la recaudación tributaria y del resultado fiscal en todos los niveles jurisdiccionales, a la par de un empeoramiento de los indicadores sociales.

El cierre es una perspectiva preocupante pero cada vez más considerada.

"Es esperable, entonces, que en los próximos meses los argentinos atravesemos una situación económica y social crítica, con empresas profundamente afectadas en su estabilidad financiera por el corte de las cadenas de pago y la caída de la actividad, toda vez que los flujos de fondos, en el mejor de los casos, se recuperarán solo de forma paulatina", detalla el informe elaborado por un sector que genera dos tercios del valor agregado y del empleo privado registrado y que está conformado por empresas de todos los tamaños, incluyendo pymes.

Desde la CAC consideran "imprescindible" anticiparse a las derivaciones de la crisis, más que nada las que surgen de los incumplimientos en el pago de las obligaciones por parte de las empresas que logren sobrevivir.

"Resulta entonces fundamental contemplar e implementar de forma oportuna acciones tendientes a eliminar o reducir al mínimo las consecuencias de las situaciones de conflictividad, judiciales y extrajudiciales, presentes y futuras, generadas por esta realidad", añade la carta que recibió el diputado Massa.

Las propuestas del sector comercial

Como alternativas, desde la CAC proponen la adopción de procedimientos de emergencia para preservar la operatividad de los comercios y empresas y evitar la saturación del sistema judicial con embargos, ejecuciones, rescisiones contractuales, concursos y conflictos laborales.

En este marco, las medidas propuestas se basan en:

1. Creación de una instancia administrativa específica con facultades conciliatorias que funcione como espacio alternativo de solución de controversias previo a la judicialización del conflicto.

2. Suspensión temporal de medidas cautelares, embargos, inhibiciones, ejecuciones, basadas en obligaciones incumplidas en el curso (o como consecuencia posterior) de la aplicación de las medidas de emergencia dictadas por los gobiernos nacional, provinciales y municipales.

3. Normas para el proceso de regularización del endeudamiento con los fiscos que permita recuperar la recaudación sin destrucción de empresas.

4. Adecuación de la legislación aplicable en materia concursal en relación con la situación de emergencia pública sanitaria.

5. Determinación de esquemas de financiamiento de los pasivos con el sistema financiero, incluyendo a las tarjetas de crédito.

Comercio: el resguardo judicial será necesario para asegurar la supervivencia de muchos negocios.

"Consideramos que estas acciones colaborarían con la protección de la trama empresaria de nuestro país, lo que a su vez favorecería al conjunto de la economía nacional", asegura la carta de la CAC.

En una encuesta anterior, la entidad empresarial había detallado el duro escenario que atraviesa a partir de las medidas dispuestas por el Gobierno para combatir el avance del coronavirus.

Según la consulta, un 52% de los comercios está cerrado; otro 39% opera parcialmente y solo un 8% lo hace de la forma habitual. Y de los que se encuentran operando, el 47,1% optó por el teletrabajo para preservar al personal del contagio y otro 36,6% redujo la jornada laboral, así como un 34,4% desarrolló nuevos canales de venta a través de internet, por ejemplo.

De todos modos, esos cambios no alcanzaron para equilibrar la complicada situación financiera por la que atraviesan los comercios si se tiene en cuenta que al 92% de los consultados se le cayeron las ventas y esto las obliga a endeudarse en el pago de alquileres, servicios e impuestos.