Mientras para el combate contra la pandemia del Covid-19 no parece haber grieta entre Alberto Fernández y Horacio Rodriguez Larreta, en otros temas la grieta entre el Presidente de la Nación y el Jefe de Gobierno de la Ciudad parece cada vez más grande.

Un ejemplo de este escenario se da en la pelea judicial generada por el traspaso de terrenos nacionales a la órbita porteña que llevó a cabo el ex presidente Mauricio Macri unos días antes de finalizar su mandato, el 10 de diciembre del año pasado.

El procedimiento fue encabezado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante la gestión de Cambiemos que cedió varios predios en diferentes zonas de la Capital Federal como Villa Crespo y Palermo o el denominado "Triángulo de Salguero", ubicado entre las avenidas Salguero, la autopista Presidente Arturo U. Illia y la bajada Illia.

Denuncia

Si bien tras el cambio de gobierno, los nuevos funcionarios de este organismo presentaron una denuncia judicial para frenar los traspasos y lograron un fallo favorable, ahora la Ciudad busca que la causa termine siendo definida por la Corte Suprema de la Nación.

Con ese objetivo, presentaron una medida cautelar ante el juzgado del fuero contencioso administrativo que en primera instancia se había volcado por el reclamo de la Nación.

Las autoridades porteñas buscan impugnar la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 9 que a principios de junio había rechazado los planteos del gobierno porteño y dispuso habilitar la feria judicial requerida por la AABE para impedir el cambio de jurisdicción de esos terrenos.

La medida genera un grave problema de caja para las autoridades locales si se tiene en cuenta que se trata de predios que deben ponerse a la venta para usar lo recaudado en las obras del llamado Paseo del Bajo.

La Ciudad espera que el litigio sea definido pronto por la Corte Suprema

Por eso, los abogados de la Ciudad argumentan en su planteo que la medida cautelar fue dictada por un juez incompetente, teniendo en cuenta que se solicita contra la actuación de los poderes públicos del gobierno porteño. Y por ese motivo, piden que el conflicto termine siendo resuelto por los votos de la Corte Suprema nacional.

Sin embargo, en el escrito que acaba de presentar la AABE se recuerda que el convenio firmado entre el Ministerio de Transporte de la Nación, el organismo y las autoridades porteñas el 13 de noviembre del 2019 por el cual se traspasaron los terrenos establece en su cláusula quinta la competencia de la justicia contenciosa administrativa federal "para la resolución de los conflictos que pudieran surgir".

Y agregan que en el contrato de venta de los terrenos tanto la Ciudad como la Nación renunciaron "en forma irrevocable y en la medida más amplia permitida por las leyes del país, a toda inmunidad o privilegio del cual gocen".

Es decir, y siempre según la interpretación de los abogados de la AABE, que la Ciudad renunció "al privilegio de la Competencia Originaria de la CSJN".

La controversia gira en torno a una decisión del entonces presidente Mauricio Macri

Cuestionamientos

En el escrito, el organismo también hace referencia a varios cuestionamientos existentes con respecto al proceso de venta de predios a la Ciudad y advierte que haber afectado inmuebles al pago de obligaciones, "desnaturaliza la función asignada a la AABE e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado Nacional".

En cuanto al accionar del gobierno de la Ciudad, recuerda que el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), organismo creado para regular la práctica profesional, "ha manifestado su preocupación por la cantidad e importancia de proyectos presentados en la Legislatura porteña tendientes a enajenar alrededor de 100 bienes inmuebles públicos".

Agrega que la propia agencia estatal se encuentra realizando un informe sobre el proceso de revisión de los traspasos con el objetivo de evaluar si se cumplieron todos los procedimientos legales o si existen posibles delitos o sospechas de irregularidades.

"En el presente existe una clara controversia, pues como se dijo al solicitar la medida, la legalidad de la enajenación del inmueble en trato al GCBA está siendo investigada conforme lo ordenado por el Decreto 149/2020. Es decir, la controversia es actual, y de concretarse la enajenación se vería frustrado el interés público al desapoderar al ENA de su patrimonio", advierten los abogados de la AABE.

A modo de prueba, agregan que del universo de transferencias efectuadas a la Ciudad por la Nación, el 41,90% se realizó en 2019. Es decir, de 76 inmuebles, 41 fueron cedidos ese año, "rompiendo, como se dijo, la regla de fin de mandato".