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¿Otro frente de tormenta? Fuerte avance del Gobierno contra las empresas alimenticias

¿Otro frente de tormenta? Fuerte avance del Gobierno contra las empresas alimenticias
El apoyo a la ley de etiquetado y la continuidad del cepo a los precios genera incertidumbre sobre el abastecimiento y el futuro de las inversiones
Por Andrés Sanguinetti
30.10.2020 11.48hs Negocios

Con dos medidas dadas a conocer casi de manera simultánea, el Gobierno decidió subir la apuesta contra el sector alimenticio, por un lado congelando los precios de más de 2300 productos hasta fines de enero del año próximo, y por otro apoyando en el Congreso la sanción de la Ley sobre Etiquetado de Alimentos.

En este caso, los senadores del Frente de Todos sumaron sus votos para que la norma ya tenga media sanción y pase a ser debatida en Diputados, a pesar de las advertencias del sector alimenticio que aseguran no haber sido consultadas y piden no "demonizar" a las empresas y tener en cuenta las distintas realidades.

La iniciativa establece la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Además, busca "garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas".

También, promueve "la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir con los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud".

No solamente los senadores oficiliastas están detrás del impulso de esta ley. También funcionarios del Gobierno defienden su aplicación como es el caso de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien además es la impulsora de la continuidad del programa de Precios Máximos.

En el caso del etiquetado, considera fundamental el rol del Estado a la hora de brindar todas las herramientas con el fin de que las y los consumidores puedan informarse sobre los alimentos. Para Español, la iniciativa significa "ampliar y defender los derechos a la salud y la información porque es una política muy efectiva para avanzar sobre la epidemia de sobrepeso y obesidad que aqueja al mundo entero".

Advierte también que el 70% de la población mayor de 13 años no lee la información nutricional de los envases por lo cual "es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a información clara, simple y precisa e incentivar a las y los consumidores a elegir alimentos de mejor calidad nutricional".

Con respecto a la continuidad del congelamiento, tanto Español como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, optaron por prorrogar Precios Máximos sin cambios y sin establecer medidas para desarmar el programa tal como venían pidiendo las compañías al sostener que no pueden mantener los valores congelados con la generalizada y constante suba de costos que vienen soportando.

El apoyo a la ley de etiquetado y la continuidad del cepo a los precios genera incertidumbre sobre el abastecimiento y el futuro de las inversiones
El apoyo a la ley de etiquetado y la continuidad del cepo a precios genera incertidumbre sobre abastecimiento e inversiones

Incertidumbre entre las alimenticias

La preocupación de la industria alimenticia con respecto al congelamiento de los precios fue trasladada por varios voceros del sector de la alimentación durante todo el mes de octubre a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo y de la Secretaría de Comercio Interior.

Sin embargo, tanto el ministro Kulfas como Español coincidieron en profundizar la grieta con las empresas a partir de la publicación en el Boletín Oficial de este viernes 30 de octubre de la Resolución 473/2020 que prolonga por otros tres meses el congelamiento de precios.

Como viene sucediendo cada vez que se extiende el programa, el Gobierno asegura haber verificado "aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también, de productos de higiene y cuidado personal; los que resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción".

En este contexto, las autoridades solamente permitieron dos incrementos leves en julio y octubre pasados al listado de 2300 productos que componen Precios Máximos y que, por ser una referencia para cada sector, marcan un límite a subas en artículos que no están alcanzados por este programa.

El mes pasado se fijaron nuevos valores máximos para diversas categorías de productos, mediante una variación porcentual autorizada a aplicarse sobre los listados vigentes al día 6 de marzo de 2020 y que no superaron el 4% en promedio.

A partir de ahora, las empresas no solamente tendrán prohibido retocar los valores de sus productos sino que además deberán publicar en cada punto de venta los listados de precios del 6 de marzo; de julio; de octubre y los actuales, "conforme la aplicación del porcentual de incremento autorizado".

Según la Resolución, "los sujetos alcanzados deberán contar con el mencionado listado en cada uno de los puntos de venta, sin excepción, debiendo incluirse los precios de venta de los productos comercializados en cada establecimiento, no aceptándose como válidos los listados de tipo genéricos".

También se intima a las empresas a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios necesarios para evitar el desabastecimiento a partir de asegurar el transporte y distribución que permita satisfacer la demanda.

En septiembre pasado, Kulfas le había prometido a las empresas reuniones para ir desarmando de manera paulatina el programa que finalmente no ocurrieron y que también iban a servir para que el sector marcara su postura frente a la ley de etiquetado.

"Son dos malas señales", aseguró uno de los máximos referentes de este sector, resumiendo la sensación que dejan entre los industriales de la alimentación el avance de la ley de etiquetado y la continuidad de Precios Máximos.

Se trata, dice, de señales preocupantes que el Gobierno está enviando a un sector fuertemente golpeado por la crisis económica y las medidas sanitarias dispuestas para luchar contra la pandemia del Covid-19.

Alerta de las empresas al Gobierno: si no cambia, habrá desabastecimiento de alimentos
Alerta de las empresas al Gobierno: si no cambia, habrá desabastecimiento de alimentos

Cuestionan las restricciones en un marco de aumentos de costos generalizados y con el impacto de la crisis cambiaria sobre la producción, además de la recesión y caída de consumo que evidencian los balances de las principales alimenticias.

A esto le suman el faltante de productos que podría terminar transformándose en un profundo desabastecimiento, a pesar de las advertencias del Gobierno sobre este problema que ya es notorio en las grandes cadenas de hipermercados y en los comercios de proximidad donde la ausencia de una gran cantidad de artículos y marcas es evidente y mayormente coincide con productos que integran la canasta de Precios Máximos y también de Precios Cuidados.

Ni la presencia de inspectores de la AFIP y de Desarrollo Productivo en los establecimientos prometiendo sanciones a empresas y cadenas que lleven a cabo estas políticas sin justificaciones que validen esos menores niveles de producción, impidió que la situación se haya transformado ya en un motivo de gran desesperación por parte de las empresas, que no entregan productos muchas veces por la incertidumbre sobre los costos más que nada atados a la evolución del dólar.

Esta inestabilidad se suma a otras ya generadas por la fragilidad de la cadena de pagos de un sector que, si bien nunca paró sus actividades, también evidencia síntomas de recesión y de fuerte caída en sus volúmenes de venta.

Muchos fabricantes reducen o directamente eliminan las bonificaciones que habitualmente discuten con sus clientes para forzar aumentos encubiertos en los precios que finalmente no podrán ser avalados en las góndolas por falta de autorización oficial.

Así vino ocurriendo en las últimas semanas, cuando circularon hasta 60 listas de precios diferentes entre proveedores y supermercados, con aumentos que rondaban el 15% para algunos alimentos como yerbas, harinas, fideos, azúcar y aceites.

En este contexto, las empresas productoras de alimentos y las grandes cadenas de retail saben que les será difícil seguir sosteniendo los actuales niveles de abastecimiento al público.

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