La cerealera Vicentin viene sufriendo un duro lobby cuyo objetivo es, principalmente, el de evitar una salida concursal exitosa.

Una de las últimas movidas, que genera preocupación, es el intento de trasladar el concurso de acreedores de Vicentin a los tribunales de Rosario.

Dicha estrategia está impulsada por Armando Traferri, jefe de la bancada peronista y exintendente de San Lorenzo.

Traferri, de hecho, fue quien solicitó el traslado a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El pedido y el fuerte lobby que se viene haciendo en esa dirección, responde a que se quiere evitar que el régimen concursal se realice el San Lorenzo, donde donde tiene sede legal la cerealera.

Para dicho pedido de traslado, ahora en manos del máximo tribunal, quedan algunas etapas determinantes por definir, como el informe general del síndico, la categorización y la propuesta formal. Sin embargo, en términos legales, el traslado sería completamente inconducente.

Y, lo más preocupante, es que, según pudo saber este medio, la idea estaría conectada con intereses comerciales que amenazan con complicar seriamente el futuro de la cerealera y a los empleos que genera.

Vicentin sufre un fuerte lobby en contra que busca hacer peligrar la salida concursal

Al profundizar en la trama de este lobby político, con intereses comerciales, se sabe que por detrás hay un grupo de diversos actores que son los que están pujando por trasladar el concurso y llevarlo a Rosario.

Este mismo grupo incluso intentó contar con el espaldarazo de la Bolsa de Comercio de Rosario, pero fracasó en el intento. Su presidente apoyó el intento de intervención y la figura del Fideicomiso de administracion impulsado por el gobierno de Perotti

Entre los que tienen intereses en que fracase la salida concursal de Vicentin figura el estudio Casanova, Mattos y Salvatierra, que estaría vinculado con el mulitmedio La Capital de Rosario, Canal 3, Grupo Litoral y Rosario 3, entre otros. Los socios del estudio serían accionistas del grupo de medios.

Hay un dato más: este mismo estudio representa al grupo corredor Grassi S.A, de Mariano Grassi.

No es menor: se trata nada más y nada menos que de uno de los acreedores de la cerealera (está patrocinado por Gustavo Feldman, abogado del estudio satélite del estudio Salvatierra), que presentó recientemente una denuncia penal por supuestas irregularidades en los balances contables.

Además, trascendió que estos grupos apoyaron el intento del gobernador Perotti de constituir un fideicomiso, que había sido rechazado de plano por los accionistas, dado que consideraron que era una salida peor que la intervención y expropiación.

Vicentin está definiendo operaciones de exportación clave, por un valor cercano a los u$s100 millones

Otra pieza que forma parte de este rompecabezas que mezcla temas políticos, comerciales y judiciales: el hijo de Perotti trabaja en el estudio de abogados mencionado anteriormente.

Además, según pudo saber este medio, este grupo intentó boicotear la homologación de los contratos a fasón que habían sido aprobados por el juez del concurso, Fabián Lorenzini. Se trata de contratos sumamente importantes para la cerealera, dado que le reportarán al grupo cerca de u$s100 millones, necesarios para que la compañía mantenga sus plantas funcionando, a la

Esto, en un contexto en el que la cerealera busca una salida concursal con el ingreso de capitales frescos que podrían provenir de algunos acreedores que están interesados en convertir sus acreencias en acciones o inversiones que podrían llegar de la mano del banco de inversiones de Nueva York Maxim, que fue recientemente contratado.