El mismo día en que el Gobierno decide extender el control y congelamiento de los precios de los alimentos, las multinacionales norteamericanas salieron a rechazar las políticas regulatorias al advertir que se trata de programas que causan pérdida de rentabilidad; impiden generar nuevos empleos; limitan nuevas inversiones y generan desabastecimiento.

Si bien aclaran su "vocación" por mantener canales de diálogo con las autoridades nacionales, cuestionan en especial la continuidad del programa de Precios Máximos que viene siendo implementado por la Secretaria de Comercio Interior desde hace ya un poco más de un año a partir de la Res. 100/2020.

El rechazo a esta medida por parte de este importante grupo de empresas extranjeras quedó canalizado a través de un comunicado de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Un grupo de empresas extranjeras cuestionó fuertemente al Gobierno por los controles de precios

Fuerte cuestionamiento

No se trata de un cuestionamiento más si se tiene en cuenta que Estados Unidos es el mayor inversor externo en la Argentina desde el 2012 superando a España con un stock de u$s17.000 millones en Inversión Externa Directa (IED). También se debe tener en cuenta que muchas de las multinacionales de este origen vienen buscando la forma de salir del mercado doméstico o de reducir su presencia. Un caso paradigmático es el de Walmart, que a fines del año pasado vendio su operartoria local al empresario y ex diputado nacional Francisco de Narváez, luego de varios ejercicios financieros con resultados negativos y auxilio de la casa matriz.

"Hemos manifestado en reiteradas oportunidades los riesgos que se plantean con el mantenimiento de este programa en el tiempo: pérdida de rentabilidad de las empresas, imposibilidad de generar nuevos empleos, limitación en nuevas inversiones, desabastecimiento de productos en el punto de venta, etc", asegura la carta de AmCham.

Para las integrantes de esa entidad corporativa, así como para la industria productora de bienes de consumo en general, se ha demostrado ya la disposición por mantener funcionando sus operaciones aún en tiempos tan difíciles como los actuales, "haciendo su contribución esencial para proveer de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y otros, que han sido determinantes para proteger la matriz productiva de nuestro país y abastecer de tales insumos a la población".

Sin embargo, advierten que a partir de los complicados resultados para el sector privado de los últimos 12 meses de aplicación de cepos a los precios este programa, que el tiempo se acorta, que el margen de maniobra del sector del retail es escaso, que los niveles de sostenibilidad económica son mínimos y que los argumentos sobre la política de administración del comercio "son irracionales". De hecho, estiman que "la contradicción es manifiesta, la previsibilidad es nula, y la competitividad es una quimera".

Para graficar la gravedad de la situación, la Amcham dio a conocer un punteo sobre los resutados de Precios Máximos en el sector:

• Empleo: se logró mantener todos los puestos a pesar de la pérdida sistémica de rentabilidad, inclusive debido a las ausencias generadas por la regulación y la pandemia (personal de riesgo). Además, se han visto obligadas a contratar personal tercerizado entre el 12/25% de su plantilla permanente a efectos de mantener los niveles de producción requeridos.

"El interrogante es que post-pandemia los contratos tercerizados no serán renovados, pero ¿podrá mantenerse por mucho tiempo el nivel de personal efectivo como el actual?

• Abastecimiento: Actualmente se exige a las empresas "incrementar la producción hasta el máximo grado de su capacidad instalada y asegurar el transporte, la distribución y comercialización".

Pero un estudio realizado por GS1, de cadenas a nivel nacional, para las categorías de alimentos, perfumerías y limpieza de alta rotación informa sobre quiebres en mayo y junio del 2020 del 5%; en enero y febrero pasados del 13%, lo que muestra un índice de crecimiento de faltantes de 252%.

"Ergo, la falta de provisión bienes en el punto de venta, son consecuencias de múltiples factores en los que la empresa poco responsable es. Sugerimos, por lo tanto, intensificar el diálogo genuino, acordando salidas de corto y mediano plazo consensuadas entre todos los involucrados".

• Inversiones en infraestructura: ante la consulta a nuestras empresas sobre el nivel de inversión en infraestructura del último año, la respuesta fue de aproximadamente u$s150 millones, lo cual es considerado por AmCham escaso, si se toma la encuesta realizada por la entidad entre las empresas americanas socias en eel 2017, cuando el número de inversión alcanzó los u$s2.234 millones.

"Si bien la pandemia repercute en el número, a esto se le suma la situación de imprevisibilidad, desconfianza e inseguridad que impide a las empresas invertir en nuestro país".

• Inversión en marketing: La reducción alcanzó el 38%, producto de la necesidad de maximizar recursos, a pesar de ser elementos vitales para las actividades comerciales: como la fidelización de clientes, las comunicaciones de nuevos lanzamientos, acciones de promoción, fortalecimiento de canales de venta, etc.

• Rentabilidad: los resultados de las políticas oficiales, según la AmCham, muestran una gran cantidad de empresas con el 30% de sus productos con rentabilidad negativa; categorías enteras que no han sido deslistadas y que están mayoritariamente por debajo del break-even operativo.

Esto evidencia márgenes operativos reducidos en hasta el 36% entre el aumento de costos y la imposibilidad de modificar sus precios. "La disyuntiva no es la de trabajar a pérdida o quedar en infracción, la pregunta es hasta cuanto podrá sostenerse esta situación" adviere el comunicado empresario.

Problemas reales

Otro aspecto que las compañías norteamericanas cuestionan son los mecanismos de control e información que han sido establecidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo en las últimas semanas. En especial, el SIPRE y SIFIRE, sistemas que para las multinacionales no sólo intensifican la carga burocrática de las empresas, asignando recursos a sectores improductivos, sino que demuestran ser ineficientes para solucionar los problemas de fondo.

"¿Por qué no empezamos a pensar en mecanismos de análisis vertical de la cadena de valor, partiendo desde los insumos primarios hasta el precio del producto en la mesa de los argentinos?", se preguntan desde la AmCham para aconsejar en este sentido a las autoridades que analicen la cadena en detalle para encontrar los problemas reales a los que identifican.

La cadena de supermercados Walmart vendió sus negocios locales tras años de pérdidas y críticas a los controles de precios

En este sentido, hacen referencia a costos elevados de logística y distribución; carga impositiva creciente e insostenible; ineficiencias o falta de interés político en la aplicación de mecanismos de control de las operaciones informales; costos incrementales relacionados con la pandemia, en lugar de concentrar solo la atención en 1000 empresas que se ven impactadas por dichos elementos en sus estructuras y viéndose imposibilitadas de trasladarlos a los precios ante la intervención del Estado en sus decisiones comerciales.

"Las consecuencias son obvias: ante un ambiente regulatorio más hostil, restrictivo, e imprevisible, nadie planifica a mediano y largo plazo, y por ende la recuperación económica va a ser limitada e insuficiente", anticipan desde la AmCham, a la vez que piden a las autoridades que comprendan y acepten que ninguna empresa que pretenda ser sustentable podría establecer un precio tratándose de bienes de consumo, muy por encima de las posibilidades de compra de sus usuarios y consumidores.

Para la cámara empresaria, "todos valoran y reconocen sus posibilidades de elegir libremente aquellos productos que desean o puedan adquirir basándose en su preferencia, precio o calidad".

Por eso le reclaman a la Secretaría de Comercio Interior la derogación de la Res.100/2020 de Precios Máximos y que arbitre los medios para permitir a las empresas realizar aumentos escalonados para los próximos meses, "siendo responsables y conscientes de la gravedad de la situación de nuestros ciudadanos, pero haciendo posible la continuación de sus operaciones comerciales en nuestro país".

El comunicado finaliza tras dar a entender que los recursos de la administración del presidente Alberto Fernández deberían estar concentrados en analizar los factores generadores de este fenómeno de aumento de precios en lugar de regular mediante sanciones y controles inaplicables, y proponer nuevas regulaciones.

"Es necesario entablar un canal de decisiones consensuadas con el sector privado, que evite dar el último salto al vacío.", aseguran.