"Hay consenso en cuanto a la necesidad de mejorar en lo inmediato el funcionamiento del sistema Judicial. Un rápido diagnostico nos permite concluir que los procesos son lentos, las estadísticas escasas, el acceso al sistema de gestión es complejo y solo apto para unos pocos. En materia de contenido de las sentencias, el grado de previsibilidad es muy bajo y la disparidad de criterios jurisprudenciales es muy alta".

La frase pertenece a un documento elaborado por dos cámaras empresarias y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que contiene ocho propuestas para reformar la Justicia.

Del trabajo, que será enviado al gobierno nacional, al Congreso, a la Corte Suprema y al Concejo de la Magistratura, participaron analistas y expertos legales convocados por AmCham, que representa a las empresas norteamericanas, e IDEA, que agrupa a las compañías más importantes del país.

Sus integrantes consideran que, por su relevancia institucional y su impacto social, cualquier reforma judicial debe resultar perdurable en el tiempo y brindar un eficaz y eficiente acceso a la administración de justicia, "garantizando la probidad e independencia de los jueces y fiscales".

Con este propósito, el informe contiene una serie de iniciativas sobre las reformas que los hombres de negocios entienden se deben implementar bajo el título de "8 propuestas para una justicia más eficiente".

"El ideario que lo inspira no es otro que su vocación de contribuir con el presente aporte a un mejor, completo y saludable análisis y diálogo, respecto de aquellas políticas públicas que, según nuestro criterio, puedan colaborar a afanzar el progreso en la calidad de las instituciones de nuestra República", señala el documento en su introducción.

Tecnología, ética y más fondos y menos política, la propuesta de empresarios para reformar la justicia

El trabajo aparece en momentos en los cuales desde el Gobierno se impulsan cambios cuestionados desde diferentes sectores empresarios y sociales que entienden que persiguen "la manipulación del sistema judicial".

Las sospechas del mundo corporativo no se disipan ni siquiera con los mensajes del propio presidente Alberto Fernández sobre la necesidad de ampliar los consensos, mejorar el servicio de justicia sin asegurar impunidad, concretar acuerdos, avanzar en espacios de diálogo con todos los sectores y no cerrarse ni confrontar.

Los hombres de negocios, por el contrario, entienden que la iniciativa de la reforma judicial, que ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación, es "inadecuada, tanto respecto a la oportunidad en la cual se plantea, como en su contenido".

Es que la seguridad jurídica es uno de los principales valores que analizan los empresarios a la hora de definir planes de inversión a largo plazo que consideran imprescindibles para generar empleo genuino y reactivar la economía.

Ejemplos como el intento de expropiación de Vicentin o la fuerte intervención estatal en los controles y regulaciones de precios de ciertos sectores privados son considerados como señales contrarias a la necesidad de recrear la confianza en la Argentina.

Con este marco, el documento elaborado por abogados y representantes de IDEA y AmCham entienden que los ocho capítulos buscan impulsar propuestas referidas a los jueces y a los órganos e institutos judiciales.

"La adjudicación de derechos que los jueces hacen cuando dictan resoluciones, son eventos que modifcan la vida de las personas y también de las empresas, por ello, la mejor previsibilidad que acerca de dichas decisiones pueda existir, como la mayor confanza en los jueces que las dictan, promueve un bienestar superior a todos los ciudadanos", asegura el trabajo.

Despolitizar

En este sentido, las ocho propuestas están divididas en ocho capítulos:

• 1- Tecnología para facilitar el acceso a la justicia, democratizar su contenido, eficientizar y transparentar los procesos. Asimismo, permitirá evaluar el desempeño de los tribunales y poder comparar el tratamiento de casos análogos en tiempo real por parte de la ciudadanía.
• 2- Mejores prácticas éticas fortaleciendo los principios y valores fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de una ética judicial.
• 3- Recursos económicos para la autonomía judicial, ya que esto incrementa la posibilidad de su independencia, lo cual es esencial para el pleno funcionamiento de la República. Necesitamos una Corte Suprema y un Consejo de la Magistratura, que puedan planificar y ejecutar el presupuesto judicial con absoluta autonomía.
• 4- Corte Suprema más eficaz para solucionar el volumen y la lentitud del propio sistema, sin necesidad de la creación de Tribunales Intermedios que tan sólo alargarán aún más la duración de las causas judiciales y generarán mayor desconfianza a la ciudadanía.
• 5- Despolitizar el Consejo de la Magistratura con una composición equilibrada, que evite una mayor incidencia de parte de los representantes de la política partidaria en desmedro de los otros sectores que lo deben integrar. Que se cumpla con el equilibrio exigido por el artículo 114 de la Constitución Naciona y que se conforme un Consejo más independiente para tener una justicia más independiente.
• 6- Formación y desarrollo de la carrera judicial, jerarquizando la Escuela Judicial de la Nación para tener más y mejores aspirantes, mejores jueces y, finalmente, para tener Justicia. justicia y méritos, más que política y antigüedad.
• 7- Procesos civiles y comerciales más simples y veloces y más justos, actualizando normas procesales, para facilitar el acceso al servicio de justicia que asegure la efectiva tutela de los derechos de todos los ciudadanos.
• 8- Mayor celeridad en los procesos penales, tender a la figura del juez de control para evitar abusos sobre derechos fundamentales e implementar juicio por jurados. Necesitamos una justicia Penal más veloz, necesitamos una justicia penal muchísimo más eficiente que evite que las causas terminen por prescripción.