A instancias del kirchnerismo, el Senado evalúa dos proyectos de ley que buscan limitar las tasas de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados -como internet, cable, telefonía, medicina prepaga y tarjetas de crédito- con el argumento de que la prestación de esos servicios se hace "de manera monopólica" en el marco de la "especulación financiera".

Así lo señaló el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, autor de ambos proyectos y alfil de la vicepresidenta Cristina Kirchner, durante la primera reunión de comisiones para evaluar estas iniciativas. La idea presenta una dicotomía: por un lado, el beneficio a los usuarios y clientes y, por el otro, un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y el sector privado.

El primero de los proyectos propone modificar la Ley de Defensa al Consumidor (24.240), que establece que el interés por mora en facturas de servicios públicos no puede exceder "en más del 50% la tasa pasiva para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago".

La iniciativa que analizan en el Senado, en cambio, señala que el cobro del interés para los servicios de electricidad, gas o agua "en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva para depósitos a 30 días del Banco de la Nación". De esta manera elimina ese 50% adicional que marca la normativa actual.

Pero además, el proyecto establece la misma regla para "las empresas prestadoras de servicios de cable, servicios de internet y telefonía móvil y fija a todas las categorías de usuarios particulares de cada servicio".

Empresas de medicina privada, en alerta por los proyectos que buscan limitar el interés por mora

El segundo proyecto señala que la misma tasa de interés por mora deberá ser aplicada por "entidades bancarias, empresas de tarjetas de crédito, las de medicina prepaga, las instituciones de educación privada en todos sus niveles y las empresas de seguros".

En todos los casos, los prestadores de esos servicios tendrán un plazo de 30 días desde la eventual sanción de la ley para adecuarse a esta disposición.

Las dos iniciativas empezaron a ser tratadas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías, donde Parrilli remarcó que muchas veces "los servicios públicos se prestan de manera monopólica y por una concesión que el Estado les brinda", y aplican "una tasa de interés equivalente a una vez y media la tasa pasiva del Banco de la Nación".

"En muchos casos nos encontramos con que había cargos financieros, cargos por mora, por no pago en término, por envío de intimación, por reconexión del servicio", sostuvo el senador kirchnerista y explicó que esto hace que "un ciudadano, o una empresa, un club, lo que fuere, no pague su factura" y se genere "un grave perjuicio, en beneficio obviamente del prestador, que nosotros consideramos abusivo, excesivo".

Fuerte rechazo del sector privado

La iniciativa generó el rechazo de algunos sectores, como el de la medicina prepaga, que ya mantiene un conflicto con el Gobierno por su reclamo de aumento. En este sentido, se destacó de la reunión el cruce que tuvo Parrilli con Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical.

"Si no incentivamos tasas más elevadas para que la gente cumpla, este aumento de morosidad va a crecer", afirmó el Belocopitt y agregó: "Este aumento de costos se tiene que distribuir entre todos los usuarios. Vamos a perjudicar a los que pagan en desmedro de los que no. Y si fuera por los que no pueden, todos de acuerdo, pero la especulación, queridos amigos, existe".

Parrilli fue directamente al cruce del empresario: "Reconozco en el señor que habló un experto en reclamos al Estado, en tratar de demostrar siempre que el Estado no sirve, no anda, no funciona y que los dejen a ellos hacer las cosas libremente que la sociedad va a andar mucho mejor. La historia no ha sido precisamente así".

Dos proyectos buscan ponerle topes a las tasas de interés que se cobran en concepto de mora

En tanto, el director ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito (ATACYC), César Bastién, señaló que este "es un sector muy regulado" y que "desde el año 1999 hay tasas máximas y aranceles". Además, subrayó que "es el único sector de la economía que paga impuesto a los Débitos y Créditos por administrar fondos de terceros".

En este sentido, evaluó que si el proyecto se aprueba, las empresas se verían perjudicadas por esa tasa menor; estimó también que también se desincentivará el pago de los usuarios y se generará una menor oferta de préstamos, sobre todo para los segmentos socioeconómicos más bajos.

Por su parte, el abogado especialista en derecho del consumidor Gonzalo Rodríguez defendió el proyecto al sostener que "el endeudamiento del consumidor para acceder a los bienes y servicios" se debe a una "falta de regulación" en el mundo.

Ninguno de los dos proyectos tuvo dictamen pero, con mayoría oficialista en ambas comisiones, podría avanzar en los próximos días. Los senadores de Juntos por el Cambio no presentaron grandes objeciones, aunque sí pusieron el acento en lo referido a las cuotas de las escuelas privadas.

Al respecto, el cordobés Ernesto Martínez pidió excluir a las escuelas de gestión privada de este proyecto y Parrilli se comprometió a revisarlo. La idea de los senadores es avanzar con la firma de un dictamen antes de que empiece el receso de inverno la semana próxima.