Las mayores distribuidoras de luz y gas acumulan pérdidas millonarias
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Tal como ya ocurrió en el 2020, en lo que va d este año los efectos del coronavirus sobre el sector; el congelamiento tarifario que se mantuvo hasta julio pasado; la disminución de la demanda de electricidad y la recesión económica continuaron profundizando la crisis financiera de las principales compañías de servicios públicos de la Argentina.
Es decir, de las distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur y de la distribuidora de gas Metrogas.
En conjunto, en el primer semestre del año acumularon pérdidas por $28.706 millones contra un rojo global de $8.425 millones durante el mismo período del 2020, con $20.292 millones más de caída en los ingresos de las tres compañías.
El impacto de la cifra es todavía mayor si se tiene en cuenta que vienen perdiendo a razón de $4.786 millones por mes; $159 millones por día o $6,4 millones por hora.
Por lo menos, así surge de los balances presentados por las tres distribuidoras ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para informar los resultados correspondientes al primer semestre del año.
De menor a mayor, Edesur acumuló un rojo de $12.375 millones, seguida por Edenor con $11.636 millones y Metrogas con $4.705 millones, evidenciando cambios en el ranking con respecto a los primeros seis meses del año pasado, cuando la distribuidora de gas encabezó la lista con un rojo de $1.666 millones, seguida por Edenor, con $2.357 millones y Edesur con $4.202 millones.
Las compañías operan en un contexto macro económico que atraviesa el país que genera dudas con respecto a la capacidad de pago del sector público y a las posibilidades de obtener financiamiento; con incremento de la inflación que afecta el crecimiento; controles de precios; incertidumbre sobre al marco regulatorio aplicable al sector; restricciones a la adquisición y transferencia de divisas al exterior; cepos a las importaciones y exportaciones y creación de nuevos impuestos a las ventas al exterior de determinados productos o el incremento de las alícuotas vigentes.
Por eso los balances revelan que las tres compañías siguen financieramente comprometidas por este escenario así como por los efectos en sus negocios de las medidas sanitarias para combatir el Covid-19 y la incesante, así como por la falta de actualización tarifaria en sintonía con el incremento de costos.
De hecho, en mayo pasado el Gobierno sólo autorizó incrementos del 9% para las facturas de luz, y del 6% para las del gas, cuando solamente la inflación acumulada en lo que va del año se ubica en el 29,1%, según datos del INDEC.
A pesar de que el índice es mayor al proyectado por el Gobierno para todo el 2021, no existen indicios de otro incremento tarifario para lo que resta del año, lo cual jugará en contra de la necesidad de hacer caja que tienen las compañías para mantener sus servicios y, en todo caso, poner en marcha nuevos planes de inversión que por el momento mantienen en stand by.
En este escenario, la más comprometida parece ser Edesur que, entre enero y junio pasado acumuló pérdidas por $12.375 millones que son mayores a las de la última década, por $11.400 millones. El rojo de este primer semestre fue también 22% mayor con respecto a los $3.879 millones que perdió en el mismo semestre pero del 2020.
De hecho, la distribuidora propiedad del grupo italiano Enel es la empresa de servicios públicos que mayores pérdidas acumula desde el 2010 con $11.400 millones acumulados hasta este año.
Edesur ofrece servicio a 2,5 millones de clientes en un área de concesión de 3.300 km2 en la zona sur de Capital Federal y 12 partidos de la provincia de Buenos Aires.
Las razones que justifican semejante deteríoro de sus cuentas de suelen ser las mismas que para el resto de las concesionarias de servicios públicos: tarifas congeladas, aumentos insuficientes, gastos crecientes, inflación y devaluación.
Pero en el último año, las medidas sanitarias y restricciones impuestas para combatir la pandemia del Covid-19 también contribuyeron a profundizar la crisis que atraviesan estas sociedades, incluso a pesar de que en lo que va del año se observó un aumento de la demanda acumulada y por consiguiente de las ventas de energía eléctrica producto de un crecimiento de la actividad a partir de la flexibilización de las restricciones sanitarias.
Sus ventas de energía llegaron a los 7.994 GWh, un incremento del 2% con respecto a igual período del año pasado, debido a que no estuvieron vigentes las mismas medidas de confinamiento, situación que permitió una lenta recuperación del consumo, principalmente en el sector industrial.
De todos modos, las pérdidas acumuladas de energía de la distribuidora se incrementaron en 9% y sus ingresos registraron una disminución del 24%, a pesar de la entrada en vigencia de la Resolución ENRE N° 106/2021, que aprobó un aumento promedio del 9% en el cuadro tarifario a partir del 1° de mayo pasado.
Esta decisión no resultó suficiente para revertir la caída de los ingresos ni de su EBITDA que arrojó una pérdida de $833 millones a pesar de la reducción de los costos operativos que también se vieron afectados por la caída registrada en el resto de los indicadores y por mayores costos por depreciaciones producto de las inversiones realizadas.
El resultado de Edesur se vio además afectado por un mayor cargo por impuesto a las Ganancias como consecuencia de la aplicación del sistema de alícuotas por escalas introducido por la Ley N° 27.630, que ubicó la tasa aplicable a la sociedad en un 35%, en comparación con el 30% aplicado para el ejercicio 2020.
En su último informe enviado a la CNV, Claudio Cunha, Country Manager de Enel en Argentina, efectuó un crudo escenario sobre la situación de Edesur y aclaró que el retoque tarifario no es suficiente para revertir la situación.
"Después de dos años de congelamiento de tarifas, el ajuste del 9% resulta insuficiente para mantener la calidad de servicio que nuestros clientes y el desarrollo de la economía del país necesitan", advirtió, a la vez que reclamó al Gobierno "que se avance en una solución definitiva, ya sea vía subsidio o tarifa."
Una de las pocas buenas noticias que logró fue la reducción de su deuda neta en un 50% respecto de diciembre del año pasado, así como un aumento de sus inversiones en un 24% en comparación con el primer semestre del año pasado.
Sin embargo, el panorama de la compañía es incierto, con un fuerte peso del eterno congelamiento de la tarifa impuesto por los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández y que recién se desarmó en junio pasado, después de más de 12 años de permanencia casi ininterrumpida.
Como en los últimos 10 años, siguió sin distribuir dividendos y reinvirtiendo la totalidad de los recursos disponibles al punto que el año pasado usó $9.487 millones para ese objetivo y que, sumados a los más de u$s700 millones invertidos en los últimos cuatro años (2016-2019), le han permitido una mejora en la reducción de la duración promedio de los cortes en un 29%.
Más allá de los datos económicos, la relación de los ejecutivo de Edesur y del propio grupo Enel con el Gobierno no es buena teniendo en cuenta que las autoridades nacionales optaron por mantener el congelamiento; frenaron el acuerdo de tarifas que el sector había alcanzado con el anterior gobierno y avanzan en dos investigaciones contra la empresa vinculadas a una denuncia hecha por un grupo de intendentes bonaerenses y a un incendio que generó un masivo corte de electricidad en enero pasado.
De hecho, sectores del oficialismo que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner impulsan la recisión del contrato de concesión y la estatización del servicio que en la actualidad opera en la zona sur porteña y 12 municipios bonaerenses (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente).
Vínculos políticos
Distinta parece ser la relación política de los nuevos dueños de Edenor con el gobernante Frente de Todos. Tanto Daniel Vila como sus socios en la distribuidora, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, mantienen lazos, por lo menos, aceptables con las autoridades.
Esas vinculaciones les permitieron quedarse con la empresa a fines del año pasado, tras una corta y simple negociación con Marcelo Mindlin quien, a través de Pampa Energía, era propietario de la mayoría del paquete accionario de Edenor.
Sin embargo, en su primer balance como dueños de la compañía no lograron revertir la situación inestable que pesa sobre las operaciones de la mayor distribuidora de electricidad del país que también se vio afectada por una mayor presión tributaria, pago de deudas con el Gobierno y una escasa actualización tarifaria.
De hecho, entre enero y junio pasados acumuló una pérdida de $11.636 millones contra los $2.557 millones que había perdido en el mismo período del 2020.
Tal como ocurrió con Edesur, los ejecutivos de Edesur atribuyen el rojo principalmente al deterioro del margen bruto y del resultado operativo afectados por factores impositivos y de pago de deuda a organismos del Estado.
El primer caso se vincula con el impacto del cambio en la alícuota del Impuesto a las Ganancias que supuso una pérdida adicional por $7.473 millones, a lo que se suma un mayor cargo financiero originado por el diferimiento del pago de las obligaciones con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
La pérdida no fue mayor gracias a que la empresa pudo compensar parcialmente sus resultados por una mayor ganancia por exposición a la inflación del primer semestre que acumula un 25,3%.
A pesar del escenario incierto que atraviesa, Edenor logró un fuerte apoyo para estirar los plazos de recompra de una serie de Obligaciones Negociables (ON) que vencen el 25 de octubre de 2022 por u$300 millones de los cuales en circulación todavía quedan u$s98 millones.
La empresa logró que sus inversores aprobaran una "Solicitud de Consentimiento" para evitar la cláusula de cambio de control, que la obligaba a cumplir con ese pago de manera anticipada.
Es decir, todos los vencimientos y condiciones de la ON 9,75% 2022 se mantienen sin ninguna variación con respecto a los términos originales.
De manera simultánea, la compañía anunció una oferta pública de adquisición obligatoria de acciones Clase B y Clase C para cumplir con las normas legales que rigen la compra de la compañía hoy en manos de la Empresa de Energía del Cono Sur.
Además, sus nuevos dueños mantuvieron el perfil de negocios con inversiones por $6.170 millones entre enero y junio pasados que representan un incremento del 4% en términos reales respecto del mismo período del año anterior.
Según sus ejecutivos, el plan ejecutado en los últimos años "muestra resultados que se reflejan en una continua mejora en la calidad del servicio, al reducir la duración y frecuencia de los cortes desde 2014, y cumpliendo así los requerimientos regulatorios previstos en la última revisión tarifaria integral, incluso superando este año los indicadores de calidad exigidos por el regulador para el fin del período tarifario en febrero 2022".
Edenor sostiene también que "continúa garantizando el servicio eléctrico a todos sus clientes", a pesar de que la pandemia supuso un desafío para la sociedad, y para las compañías de servicios públicos.
Dudas "significativas"
El caso de Metrogas también evidencia el mismo escenario de inestabilidad financiera e incertidumbre que cuelga sobre las empresas de servicios públicos.
La distribuidora de gas controlada por YPF y que brinda servicios a más de 2,5 millones de clientes dentro de Capital Federal y el conurbano bonaerense, sigue acumulando pérdidas y su directorio advierte que sin nuevas subas de tarifas se pueden generar dudas "significativas" sobre su continuidad operativa.
La advertencia se sostiene a pesar de que entre enero y junio pasados logró reducir considerablemente sus pérdidas que llegaron a $4.706 millones contra los $11.361 millones que también perdió en igual período del 2020.
En la Nota 3.1 del balance financiero consolidado condensado intermedio, Metrogas detalla los impactos negativos en su liquidez, posición financiera y resultados generados por "una actualización tarifaria por debajo del incremento general de precios de la economía y de los costos de la sociedad".
La referencia es al aumento tarifario del 6% que el Gobierno permitió aplicar a las facturas de gas desde junio pasado y que para los clientes de Metrogas, representa unos $145 mensuales.
Siempre según el directorio de la compañía, el futuro de las finanzas y las operaciones de Metrogas seguirá comprometido "en la medida que no se obtenga una adecuada recomposición tarifaria o se implementen otros mecanismos que permitan equilibrar su situación de liquidez y su posición financiera".
Del balance también se desprende que posee un capital de trabajo negativo mayor a los $13.613 millones que aumenta la incertidumbre y las dudas "significativas" sobre la capacidad de la distribuidora "para continuar como empresa en funcionamiento", tal cual se describe el propio informe de la compañía.
Otro fantasma que pesa sobre la liquidez de Metrogas se vincula a su deuda financiera denominada en dólares.
De acuerdo al informe de la compañía, cualquier movimiento no previsto o abrupto del dólar "resulta en cambios significativos en los montos necesarios para ser aplicados al pago de servicios de deuda, afectando de tal manera los resultados y la condición financiera".
El mismo impacto deriva de las altas tasas de interés o el aumento de la inflación que incrementan los costos de operación.
Como mecanismo de protección ante un escenario que pueda empeorar en el futuro, Metrogas comenzó, en diciembre del año pasado, a pagar la mayor parte de la deuda por los acuerdos con los productores de gas contraída durante el 2019, además de iniciar negociaciones para saldar el pasivo generado por el gas entregado en junio, julio y agosto del 2020. A esta altura, la empresa pudo ya acordar con el 70% de los productores, cancelando varios de esos vencimientos de deuda.
Con respecto a su deuda bancaria, puso en marcha un proceso de negociación, el 23 de abril pasado, con los bancos ICBC; Itaú Argentina y el Itaú Unibanco Nassau Branch para refinanciar la totalidad del capital de deudas bancarias cuyo vencimiento operaba en 2021, así como una reducción del costo financiero y la carga de intereses.
Por caso, acordó capitalizar los intereses que vencían en febrero y marzo de este año que abonará en marzo y abril del 2024, devengando intereses hasta su cancelación, a la nueva tasa acordada BADLAR corregida por bancos con devolución LELIQ más un margen aplicable del 9,85%.
El capital original adeudado de $3.329 millones también devengará intereses a la nueva tasa y será amortizado en nueve cuotas trimestrales desde el 28 de febrero del 2022.
Del mismo modo y bajo el contrato bilateral ICBC de agosto del 2020, acordó la capitalización de intereses que vencían en febrero próximo para abonarlos en septiembre del 2024. Parte del capital adeudado por $987 millones devengará intereses a la nueva tasa, mientras que otros $43 millones devengarán intereses a la tasa originaria BADLAR corregida más 9,85%. Además, el préstamo total será amortizado en 11 cuotas trimestrales desde el 28 de febrero del 2022.