Los efectos del coronavirus sobre el sector; una actualización tarifaria acotada por decisión del Gobierno en el marco de un congelamiento que lleva más de un año y medio; la disminución de la demanda de electricidad y la recesión económica causaron un fuerte deterioro en los ingresos de las principales empresas de distribución de luz y gas de la Argentina como son Edenor; Edesur y Metrogas.

Una bomba de tiempo que el Gobierno no parece estar dispuesto a desactivar si se analizan las medidas tomadas hasta ahora mediante las cuales solamente se abrió el cepo tarifario para otorgar un retoque menor al 10% luego de dos años y medio de congelamiento, contra una inflación acumulada del 100% desde la última revisión tarifaria del 2018.

De hecho, en el 2020, las tres compañías acumularon en conjunto pérdidas por $37.033 millones y durante este año ya suman otros $32.499 millones. Es decir, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández las tres mayores proveedoras de luz y gas del país suman ya una pérdida conjunta de $69.532 millones. O dicho de otra forma, algo más de $3.311 millones por mes; $110 millones por día e incluso de $4,5 millones cada 60 minutos.

A pesar de que las cifras revelan el complejo escenario financiero que atraviesan, las tres distribuidoras deben mantener sus niveles de inversiones para continuar brindando el servicio a sus casi 10 millones de usuarios repartidos entre la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

A partir de este razonamiento es que sus ejecutivos vienen reclamando salir del congelamiento tarifario estricto para modificar sus tarifas acorde al nivel de inflación que tiene la economía argentina y que genera un constante incremento de costos.

Así lo hicieron saber durante las audiencias públicas que el Gobierno convocó en marzo y abril pasado para analizar los actuales cuadros tarifarios y que derivaron en subas de solo un 6% en el caso del gas y del 9% para la electricidad, índices que estarán vigentes hasta fin de año.

Futuro incierto

El futuro que le depara a este sector a partir del 2022 todavía es incierto ya que abrió un debate dentro de la propia alianza oficialista del Frente de Todos, en donde se identifican dos posturas dos sectores con opiniones opuestas.

Por un lado están los alineados detrás del ministro de Economía, Martín Guzmán, que entienden que como parte del acuerdo con el FMI se deben permitir nuevos aumentos que sirvan para reducir el déficit público con el uso de menos fondos para subsidiar parte de esas tarifas.

Por otro lado se encuentran los defensores de un modelo redistributivo de esas partidas que tenga en cuenta el poder adquisitivo de cada usuario de los servicios de luz y gas que fomentan desde los sectores que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria.

El vocero de esta nueva fórmula tarifaria es el secretario de Energía, Darío Martinez, quien en las últimas semanas vino dando señales del formato que se podría comenzar a implementar a partir de marzo del año próximo y que contemplaría dividir a los clientes de las distribuidoras en tres segmentos, de acuerdo al poder de ingresos que declaren.

El propio presidente Alberto Fernández ya se volcó por esta postura durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso del 2021, cuando se pronunció a favor de un esquema tarifario diferencial que ajuste sus precios según el nivel de ingreso de los clientes.

Mientras tanto, el ranking de las mayores pérdidas entre las distribuidoras lo lidera Edenor, que actualmente es propiedad de una sociedad integrada por los empresarios Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, que en 21 meses lleva perdidos $32.436 millones, producto de un rojo de $17.600 millones del 2020 y de $14.836 millones de los primeros nueve meses del 2021.

A partir de estos números, sus ejecutivos vienen hablando de la existencia de "un alto grado de incertidumbre" respecto de la capacidad financiera de la distribuidora para cumplir con sus obligaciones.

Ese rojo contrasta con las ganancias que había logrado en el 2019; el 2018 y el 2017 por $16.518 millones; $8996 millones y $10.814, respectivamente.

Sin embargo, en los últimos cinco ejercicios registró capital de trabajo negativo como consecuencia de la suspensión de la actualización de la tarifa desde febrero del 2019 hasta la fecha, a pesar del constante aumento de los costos de operación y las inversiones necesarios para mantener la red en un contexto inflacionario y de recesión sostenida en el cual se encuentra la economía argentina desde mediados del 2018.

Adicionalmente y como también le ocurrió a las otras dos distribuidoras, la pandemia le provocó un alto impacto financiero debido a las acciones sanitarias y a sus consecuencias sobre los indicadores de producción y actividad de la economía del país y de sus propias operaciones que se vieron afectadas por un incremento de la morosidad y una baja de la demanda.

Esto la llevó a postergar pagos a CAMMESA por la energía adquirida en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), obligaciones que acumulan una deuda $19.008, más $2.376 en concepto de intereses y recargos.

Entre el 2020 y lo que va de este año, Edenor lleva perdidos $32.436 millones

Pero el congelamiento de tarifas y el no cumplimiento del acuerdo de renegociación firmado con el anterior gobierno del ex presidente Mauricio Macri, generó una deuda del Estado con la empresa que asciende a $20.939 millones, sin considerar intereses.

Edenor es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina, con más de tres millones de clientes en un área de concesión que comprende 20 municipios del noroeste del Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En lo que va de este año, acumula un rojo de $13.341 millones entre enero y septiembre pasados, contra un resultado también negativo de $2.701 millones de igual lapso del 2020. Al desglosar la cifra por mes, la empresa viene perdiendo $1.482 millones cada 30 días o $49,4 millones diarios.

Según el informe que su directorio envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), los resultados de estos primeros nueve meses del año reflejan una caída del 19% de sus ingresos en términos reales producto del congelamiento tarifario en un contexto inflacionario y con un volumen de energía vendida que se incrementó.

También se vio afectada por el impacto del cambio en la alícuota del impuesto a las Ganancias, lo que supuso una pérdida adicional de $7.473 millones, y por un mayor cargo financiero originado por el diferimiento del pago de su deuda con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), todo lo cual fue compensado en parte por una mayor ganancia por exposición a la inflación en estos primeros nueve meses del año.

El documento explica que el margen bruto, dato que mejor representa los ingresos de la compañía y que se conoce como Valor Agregado de Distribución (VAD), cayó 14% respeto del mismo período del año pasado, afectado por el cepo a las tarifas.

En cuanto a su EBIT, el balance refleja una pérdida de $515 millones, en línea con la disminución del margen bruto.

A pesar de esas cifras negativas, las ventas de la compañía mejoraron, con un incremento del 6,8%, alcanzando los 16.489 GWh en comparación con los 15.427 GWh del 2021, con un marcado aumento en los clientes residenciales. Del mismo modo, Edenor ha logrado mejorar sus niveles de calidad de servicio y de la eficiencia en el uso de sus recursos.

En lo que respecta al plan de inversiones, alcanzaron los $10.347 millones en estos primeros nueve meses del 2021, aunque sin representar cambios significativos con respecto al mismo período del 2020.

"La sociedad continúa garantizando el servicio eléctrico a todos sus clientes", destaca el informe enviado por Edenor a la CNV, en el cual también hace referencia a las medidas y esfuerzos llevados a cabo para proteger a su personal y clientes de la pandemia del Covid-19.

De todos modos, el nivel de pérdida obliga a Edenor a intentar mejorar su perfil financiero para lo cual, a fines de julio pasado debió estirar los plazos de recompra de una serie de Obligaciones Negociables (ON) que vencen el 25 de octubre de 2022 por un total de u$300 millones de los cuales en circulación todavía quedan u$s98 millones.

Gracias al apoyo mayoritario de los tenedores de estas ON, alcanzó la dispensa de la cláusula de cambio de control, concluyendo el proceso en tiempo y forma. Es decir, todos los vencimientos y condiciones de la ON 9,75% 2022 se mantienen sin ninguna variación con respecto a los términos originales.

Casi de manera simultánea, la compañía anunció el de una oferta pública de adquisición obligatoria de acciones Clase B y Clase C que cotizan en los mercados de capitales en el marco de una operación a la que está obligada por las normas legales que rigen la compra de la compañía que pertenecía a Pampa Energía por parte de la Empresa de Energía del Cono Sur.

En el caso de Edesur, la situación es similar. Con un resultado negativo de $6.065 millones el año pasado, ahora suma otros $14.400 millones producto de las pérdidas acumuladas entre enero y septiembre de este año. Es decir, entre enero y septiembre pasado, cuando acumula un rojo mensual de $ 1.648 millones, o $ 494 millones por día, que también representan una pérdida de $2,3 millones por hora.

Su rojo global entre el 2020 y lo que va del 2021 llega a los $20.465 millones, siendo la distribuidora de electricidad que mayores pérdidas acumula desde el 2010, superando los $30.000 millones.

La compañía controlada por el grupo italiano Enel también evidencia el desgaste financiero y comercial que ha venido sufriendo en la última década y especialmente durante los gobiernos kirchneristas y durante esta gestión del Frente de Todos, producto de los diferentes congelamientos aplicados durante dichos períodos.

Desde Edesur vienen advirtiendo que el sector eléctrico se encuentra en una situación crítica y necesita con urgencia soluciones regulatorias que permitan sostener un servicio esencial en periodo de pandemia. "Sin tarifa, sin subsidio y sin reglas no se pueden hacer milagros", señalan sus voceros quienes recuerdan que desde el año 2000, sus estados contables reflejan nada más que tres períodos positivos y otros siete negativos.

Con una importante salvedad vinculada al del 2019, cuando informó ganancias por $12.600 millones por un asiento contable vinculado al intercambio de deudas cruzadas con el Estado nacional para la resolución de los asuntos regulatorios pendientes relacionados con el período 2006-2017.

Además de los problemas de caja derivados del congelamiento y la pandemia, Edesur no logra aceitar buenas relaciones con el sector comandado por CFK y es actualmente, la empresa con mayores frentes de conflicto abiertos con el Gobierno.

A partir de la avanzada de un grupo de jefes comunales bonaerenses, las autoridades iniciaron un proceso para revisar su concesión y, eventualmente, encontrar fórmulas que permitan finalizar ese convenio.

También recibió multas millonarias aplicadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que van en camino al mismo objetivo: evidenciar la falta de aptitud de la compañía para continuar al frente del servicio de distribución de energía en la zona sur de la Capital Federal y en 12 partidos del Conurbano.

Ambas causas podrían "aportar" al embate kirchnerista para rescindir su contrato de concesión que además se encuentra en revisión por una decisión presidencial que podrá excederse por dos años y que establece aumentos parciales que serán debatidos en audiencias públicas.

En este marco, los ingresos de Edesur durante los primeros nueve meses del 2021 cayeron un 20%, pasando de los $ 70.000 millones del año pasado a lo $ 55.776 millones del actual período.

Pero a pesar del incierto panorama, Claudio Cunha, Country Manager de Enel en Argentina, enfatizó en el nivel de inversiones que la compañía mantiene y que se incrementaron en un 20%, aunque advirtió que la situación económica de la empresa "es insostenible y requiere una pronta solución por parte del Gobierno".

La situación derivó en la posibilidad de que el grupo Enel venda Edesur a Osvaldo Sortino, actualmente CEO de Enercana, empresa que opera en el segmento de servicios petroleros en Sudamérica y también en campos petrolíferos.

Según la información este ex socio del fallecido banquero Raúl Moneta en algunos proyectos en el upstream de hidrocarburos en Neuquén, habría acercado una propuesta a los ejecutivos de Enel durante un viaje que realizó a Milán en representación de un consorcio integrado también por otros empresarios argentinos.

Sin embargo, hace unas semanas el conglomerado europeo negó su salida del mercado local. Por lo menos así lo aseguró Francesco Starace, CEO de Enel durante el Capital Market Day, un foro realizado por streaming en Milán en el cual descartó, por ahora, la venta de Edesur y ratificó la presencia de Enel en el país por lo menos hasta el año próximo.

Entre el 2020 y lo que va del 2021 el rojo global de Edesur es de $20.465 millones, siendo la distribuidora con mayores pérdidas

"No tenemos ninguna prisa para irnos de Argentina", aseguró en el encuentro para luego desmentir contactos con el empresario argentino para ceder el control de la distribuidora.

"Se decía que algunos querían comprar nuestros activos y querían hablar con nosotros, pero no es así. Y de acercarse esas personas les íbamos a decir que no estábamos interesados", aclaró.

De todos modos, Starace dejó una puerta abierta para una eventual retirada de Enel del mercado local que ligó al futuro de la política energética que adopte el Gobierno para los próximos años.

"Nuestra posición es quedarnos en Argentina y ver qué pasa, no queremos irnos, queremos saber cuál es la política energética que adoptará el año que viene, y según eso veremos cuál es la mejor decisión para nosotros.", argumentó.

En el gas, grandes pérdidas

En el caso de Metrogas, arroja pérdidas menores que las distribuidoras de electricidad, aunque su situación es igual de preocupante si se le agrega el condimento de ser una compañía de servicios públicos controlada por el Estado nacional a través de las acciones que son propiedad de YPF.

La petrolera estatal es dueña del 70% del capital social de Metrogas, mientras que el otro 30% flota en el mercado bursátil.

Si bien durante todos estos años de actividad, la distribuidora presentó varios balances anuales en rojo, el resultado del ejercicio del 2020 muestra las mayores pérdidas en casi tres décadas, por $13.368 millones, contra una ganancia de $57 millones en el 2019 y de un rojo de $1.669 millones del 2018.

Y en lo que va de este año, acumula un rojo de $3.263 millones, lo cual evidencia una pérdida de $16.631 millones en los 22 meses de gobierno del Frente de Todos.

Al igual que con las eléctricas, el parcial congelamiento de tarifas también le genera un fuerte retraso en sus ingresos y en su ecuación económica en comparación con índices de inflación que en el mismo período superaron el 100%.

También se vio afectada por el bajo nivel de ventas por el Covid-19, donde la mayoría de las empresas pymes y clientes residenciales de la compañía redujeron al mínimo o no tuvieron consumo de gas y GNC y donde las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno le provocaron una caída de sus ingresos y atraso en el cobro de las facturas que le generó un índice de incobrabilidad de morosos de hasta el 40%.

Durante este año, y si bien logró achicar considerablemente sus pérdidas, su futuro sigue ligado a las medidas que el Gobierno adopte o no con relación a las tarifas.

Una decisión que influye directamente en la capacidad de la empresa para continuar sus operaciones brindando servicios a más de 2,5 millones de clientes dentro de Capital Federal y el conurbano bonaerense.

Es que la distribuidora continúa atravesando problemas de liquidez, posición financiera y caja mayormente causados por una falta de actualización tarifaria acorde a los costos crecientes que debe hacer frente para mantener su actividad.

En este caso, las críticas se orientan al aumento tarifario del 6% que el Gobierno permitió aplicar a las facturas de gas desde junio pasado, luego de dos años de congelamiento de precios.

Se trata de retoques que para los clientes de Metrogas, el recargo es de $145 mensuales para un consumidor promedio, con facturas que pasarán a abonar $1.786 anual, con un pico de $2.622 durante los meses de invierno y unos $1.188 durante el resto del año.

La empresa había solicitado aumentos considerablemente mayores durante la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en abril pasado sobre la base de un atraso tarifario de dos años y cuyo congelamiento no acompañó la evolución de la inflación en ese período.

Frente a este panorama, el directorio de la distribuidora adoptó fuertes medidas para compensar la falta de actualización tarifaria con una estricta política de reducción de gastos con una baja del 26,9% respecto del mismo período del ejercicio anterior.

La caída se debió principalmente a menores costos en la compra de gas y transporte que cayeron un 26,5%, al igual que los gastos de compra de gas natural y transporte para comercialización que se redujeron un 32,8%. En el caso de los costos de transporte de gas para distribución de gas y transporte disminuyeron un 31,3%.

Como parte de la misma gestión, los resultados financieros netos generaron una ganancia de $1.440 millones, debido principalmente a la mayor ganancia generada por aplicación del ajuste por inflación, la menor diferencia de cambio y la ganancia por refinanciación de la deuda financiera.

También los gastos de comercialización disminuyeron un 11,4%, aunque los administrativos aumentaron un 7,5%.

La pérdida operativa fue de $1.170 millones, respecto de una ganancia operativa de $2.706 millones registrada en el mismo período del ejercicio anterior.

En el caso de las ventas, disminuyeron un 28,4%, totalizando $40.400 millones, respecto de los $56.389 millones que logró durante los primeros nueve meses del año pasado.

En el caso de la comercialización de gas a las estaciones de GNC, disminuyeron un 98,0%, debido a que desde el 1 de enero pasado, en el marco del Plan Gas no se registraron más ventas a esta categoría de clientes.

El mismo escenario evidenciaron las ventas del servicio de transporte y distribución a las centrales eléctricas y a los clientes industriales, con una caída del 14% y el 32,2% respectivamente, afectadas por el cepo tarifario.

A partir de estas cifras, en su nota enviada a la CNV, los ejecutivos de Metrogas incluyen una advertencia sobre el futuro operativo de la compañía, ligado estrechamente a las medidas que el Gobierno pueda adoptar como parte del proceso de renegociación del contrato de concesión y las tarifas.

La distribuidora de gas controlada por YPF suma una pérdida de $16.631 millones en los 22 meses de gobierno del Frente de Todos.

"Si bien la sociedad ha adoptado y continúa adoptando diversas medidas para morigerar los impactos negativos derivados de la falta de actualización tarifaria y se encuentra realizando las gestiones necesarias para la obtención de un ajuste que permita recomponer el margen de distribución, la posibilidad de continuar como una empresa en marcha depende en gran medida de la aprobación por parte del Gobierno Nacional de incrementos tarifarios y de la conclusión del proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral ("RTI"), así como de la refinanciación de las deudas financieras, factores que no dependen exclusivamente de la gestión empresaria", asegura.

Ya en su balance anterior, el directorio de Metrogas advertía que mientras la tarifa se mantenga en valores constantes, "esto continuará impactando negativamente en la sociedad, disminuyendo el flujo de ingresos y empeorando la actual situación económico-financiera".

Otro fantasma que pesa sobre la liquidez de Metrogas se vincula a su deuda financiera denominada en dólares y que está expuesta a las variaciones en el tipo de cambio.

El mismo impacto deriva de las altas tasas de interés o el aumento de la inflación que incrementan los costos de operación.

Como mecanismo de protección, Metrogas comenzó, en diciembre del año pasado, a pagar la mayor parte de la deuda por los acuerdos con los productores de gas contraída durante el 2019, además de iniciar negociaciones para saldar el pasivo generado por el gas entregado en junio, julio y agosto del 2020. A esta altura, la empresa pudo ya acordar con el 70% de los productores, cancelando varios de esos vencimientos de deuda.

Con respecto a su deuda bancaria, también puso en marcha un proceso de negociación, el 23 de abril pasado, con los bancos ICBC; Itaú Argentina y el Itaú Unibanco Nassau Branch para refinanciar la totalidad del capital cuyo vencimiento operaba en 2021, así como una reducción del costo financiero y la carga de intereses.