Dos empresas contratistas del Estado, en la mira por irregularidades en sus servicios
Hay dos empresas proveedoras del Estado que tienen bajo perfil, sus nombres no suelen ser conocidos, no hacen publicidad masiva, ni venden productos al público y rara vez aparecen en los medios de comunicación.
Se trata de las sociedades Codyela SA y Distribon SRL, que se dedican a servicios gastronómicos, incluyendo elaboración, transporte y provisión de comidas para el sector público y privado, y a servicios integrales de limpieza y mantenimiento respectivamente.
Dos empresas contratistas del Estado, en la mira por irregularidades
Ambas tienen al sector público como cliente principal y comparten accionistas si se tiene en cuenta que Alejandro Raúl Davison y Norma Yolanda Leiva son los dueños de Distribon y también ejecutivos de Codyela S.A.
En ese sentido, Davison figura como presidente y firmante de cheques en las dos sociedades, mientras que Leyva aparece en roles directivos y gerenciales.
En los últimos 10 años lograron ser socios de varios gobiernos nacionales, provinciales y municipales, como el caso del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y del kirchnerismo en su anterior mandato en la provincia de Buenos Aires.
Varios informes las ubican como receptoras de una serie de adjudicaciones para la elaboración y distribución de raciones de comida y servicios de limpieza en hospitales bonaerenses con contratos millonarios en 2017 y 2019, y de servicios de limpieza en el Ministerio Público Fiscal bonaerense en el período 2020-21.
A partir de varias denuncias de empresas competidoras, ambas proveedoras del sector público quedaron en el centro de denuncias; sospechas por licitaciones dudosas y provisión de alimentos en mal estado, así como un supuesto riesgo financiero que estarían sufriendo.
Distribon y Codyela, proveedores esenciales
En el caso de Distribon, las críticas y cuestionamientos se orientan al servicio que ofrece en la comida que llega a hospitales públicos, mientras que Codyela es apuntada por sus operaciones en el área de la limpieza y mantenimiento de edificios administrativos, donde el Estado funciona a diario.
En los registros públicos se las califica como "proveedores esenciales", o aquellos socios estratégicos que suministran bienes, servicios o recursos críticos e irremplazables para el funcionamiento de la empresa o la ejecución de proyectos para el Estado, cuya interrupción afectaría significativamente su capacidad para cumplir con sus obligaciones y objetivos contractuales, poniendo en riesgo la calidad, la continuidad o la rentabilidad de sus operaciones.
Sin embargo, varios grupos competidores denunciaron en estricto off the récord para evitar represalias una serie de irregularidades que ambas sociedades estarían cometiendo.
Por caso, hacen mención de sanciones administrativas; fallas graves en la calidad de los alimentos; documentación incompleta en licitaciones; recortes salariales; despidos de trabajadores protegidos durante la pandemia y señales de estrés financiero detectadas en registros del Banco Central.
Sin embargo, en el sector advierten que ambas empresas siguen siendo contratadas con fondos públicos, a pesar de que, por ejemplo, Codyela SA fue multada varias veces por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Un caso es el de febrero del 2021, cuando se publicó en el Boletín Oficial porteño la Disposición N.º 113/DGCYC/21 referida a una licitación pública para el servicio de entrega y distribución de raciones de alimentos en crudo de víveres secos y frescos con destino a organizaciones comunitarias y centros de primera infancia dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
En ese expediente se dieron cuenta de contravenciones al pliego de bases y condiciones cometidas por la empresa debido a entregas incompletas y faltante de algún producto o alimento, por lo cual le aplicaron una multa en aquel momento de $11.224
Denuncias del Pami por alimentos en malas condiciones
Lo mismo hizo el Pami el año pasado, cuando sancionó a la firma con una multa $671.000 por irregularidades en el servicio de elaboración y distribución de comidas para pacientes internados y personal autorizado del Hospital Dr. Cesar Milstein.
Es más, el mismo año el organismo volvió a multar a la empresa, esta vez con $1.173.923,78 por falta de personal necesario para el correcto funcionamiento del servicio; falta de mantenimiento e higiene; falta de entrega de azúcar y edulcorante para personal autorizado y la distribución de comidas en bandejas descartables que no se adaptan a las especificaciones técnicas estipuladas en los pliegos.
Otro episodio que involucra a esta compañía se dio en el hospital Interzonal José Penna de Bahía Blanca, donde personal médico encontró un caracol dentro de una ración de comida servida a pacientes.
El profesional de la salud estaba cenando canelones, sintió un gusto raro y cuando desarmó la comida halló el pequeño molusco.
Tras el hecho, los residentes emitieron un comunicado en el cual exigieron la inspección Bromatológica de la cocina.
Además, denunciaron que no es la primera vez que encuentran animales o insectos en la comida.
Cada vez más vigentes
El Municipio clausuró momentáneamente e intimó a la empresa Codyela S. A., encargada del servicio de alimentación y limpieza del nosocomio, para que adecue sus instalaciones.
De todos modos, Codyela continuó recibiendo adjudicaciones millonarias, aun cuando se suman acusaciones de que su servicio tiene fallas graves de higiene en hospitales públicos.
Las denuncias también la involucran en otro hecho que quedó plasmado en una resolución del Boletín Oficial de la República Argentina, en el cual se informó sobre la presentación Codyela a una licitación sin la garantía de mantenimiento de oferta y sin los certificados de libre deuda sindical exigidos por los gremios UTHGRA y OSUTHGRA.
En el caso de Distribon SRL, que ofrece servicios de limpieza de edificios estatales de alta irculación, también se acumulan denuncias.
Nueva jugada
Por caso, en las torres del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de La Plata, un grupo de trabajadores informó sobre recortes salariales, precarización contractual y amenazas de reemplazo mediante rotación de razones sociales, una estrategia habitual en esquemas de tercerización rígida.
La situación escaló durante la pandemia cuando, según los gremios del sector, la empresa despidió a 11 trabajadores que estaban con licencia médica por integrar grupos de riesgo.
Los despidos habrían violado la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, pese a que en esos momentos de aislamiento por el Covid-19 el gobierno nacional había prohibido expresamente reducir personal protegido en plena emergencia sanitaria.
Para varios empresarios de este negocio y asiduos competidores de las dos empresas, también es llamativa la "duplicidad societaria" entre las dos empresas que, según sus opiniones, erosiona la transparencia de las licitaciones y habilita una competencia ficticia donde, en lugar de varios oferentes, actúa un único grupo
Repartir el mercado
Pero, además de estas preocupaciones, existe también un riesgo sobre la capacidad financiera de las dos compañías cuestionadas, ya que, en las bases crediticias del Banco Central se indican señales de estrés financiero alarmantes si se tiene en cuenta que, para empresas que prestan servicios esenciales —alimentación
hospitalaria y limpieza en sedes del Estado—, la solvencia es una condición básica para garantizar que los servicios no se interrumpan.
A partir de este escenario, expertos en control de gestión pública que analizaron el caso señalaron a iProfesional que "la combinación de sanciones, faltas laborales y fragilidad financiera amerita medidas inmediatas".
En este sentido, los reclamos van por aplicar la cláusula de integridad operativa y suspender de manera preventiva proveedores con fallas graves hasta aprobar auditorías sanitarias independientes.
Reclaman también que se aplique la cláusula de integridad laboral a partir de un monitoreo reforzado y reporte mensual para empresas denunciadas por despidos prohibidos o incumplimiento de conciliaciones.
Otro pedido se basa en la c láusula de solvencia financiera para que las empresas presenten de manera mensual informes del BCRA, "si hay cheques rechazados o alto riesgo crediticio, suspensión de pagos y activación de un proveedor alternativo".
"Las dos empresas son un caso testigo de las vulnerabilidades del sistema de tercerización estatal que marca funciones críticas delegadas a empresas que acumulan observaciones por calidad, conducta laboral y, ahora, solvencia financiera", advierte el CEO de una empresa que opera en el mismo negocio.