Comercio: el Gobierno elimina 58 normas y profundiza "la poda regulatoria"
El gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de desregulación económica al eliminar 58 normas vinculadas al comercio interior, una medida que apunta a simplificar el funcionamiento del mercado y reducir la carga administrativa que enfrentan empresas y comercios.
Lo hizo mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME del Ministerio de Economía que fueron publicadas en el Boletín Oficial de este martes 9 de junio.
Ambas normas avanzan sobre un conjunto de regulaciones consideradas obsoletas, redundantes o incompatibles con el marco legal vigente.
Con esta nueva batería de derogaciones, la administración de Javier Milei ya supera las 240 normas eliminadas desde diciembre de 2023, consolidando uno de los procesos de simplificación regulatoria más profundos de las últimas décadas en materia de comercio interior.
Desde la cartera económica explicaron que las medidas buscan "contribuir a una mayor claridad del marco legal" y "facilitar la interpretación de la normativa estatal", eliminando disposiciones que generaban superposiciones, contradicciones o dificultades de aplicación.
Más previsibilidad para un mercado sobrerregulado
La eliminación de normas forma parte del proceso de revisión integral del entramado regulatorio que la Secretaría de Industria, Comercio y PyME viene realizando desde el comienzo de la gestión.
Según explicó el Gobierno, uno de los principales problemas detectados fue la acumulación de regulaciones emitidas durante años por distintos organismos, muchas de las cuales habían perdido vigencia práctica o habían sido reemplazadas por normas posteriores sin que las anteriores fueran formalmente derogadas.
Esa situación generaba un escenario de incertidumbre jurídica para empresas, proveedores y consumidores, que en muchos casos debían interpretar regulaciones superpuestas o incluso contradictorias.
Por ese motivo, los fundamentos de la medida sostienen que resulta necesario avanzar en la eliminación de disposiciones que ya no cumplen una función efectiva dentro del sistema regulatorio actual.
"La iniciativa busca contribuir a una mayor claridad del marco legal y, a su vez, facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica", señalaron desde el Ministerio de Economía.
La apuesta oficial por simplificar relaciones comerciales
La Secretaría de Industria, Comercio y PyME sostiene que la simplificación normativa no sólo beneficia a las compañías sino también a los consumidores.
El argumento oficial es que un marco regulatorio más claro permite identificar con mayor precisión los derechos y obligaciones de cada una de las partes involucradas en una relación comercial.
La eliminación de normas consideradas innecesarias apunta además a reducir costos administrativos y tiempos de gestión, un aspecto que el Gobierno considera clave para mejorar la competitividad de las empresas y favorecer el desarrollo de la actividad privada.
Dentro de la visión oficial, la acumulación regulatoria terminó generando una burocracia que dificultaba la operatoria cotidiana del sector productivo sin aportar beneficios concretos para la protección de los consumidores.
Por esa razón, la actual administración considera que la simplificación normativa constituye una herramienta para mejorar el funcionamiento de los mercados y fortalecer la transparencia en las relaciones comerciales.
Qué normas derogó el Gobierno
A través de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, el Gobierno avanzó con la eliminación de decenas de regulaciones vinculadas a programas de control de precios, financiamiento al consumo, comercio exterior y mecanismos de intervención estatal en distintos mercados. Entre las medidas alcanzadas figuran normas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), Ahora 12, Cuota Simple, Precios Cuidados, colegios privados y procedimientos de importación, en el marco de una revisión integral del esquema regulatorio vigente.
Entre ellas:
Derogan normas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino
La Resolución 12/2026 eliminó 22 normativas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un esquema de intervención estatal destinado a influir en los precios de la cadena triguera.
Fin de las regulaciones asociadas a Ahora 12 y Cuota Simple
El Gobierno derogó 30 normas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, que intervenían indirectamente en las condiciones de financiamiento al consumo.
Eliminan obligaciones para colegios privados sobre la comunicación de cuotas
También quedaron sin efecto cuatro normativas que exigían a las instituciones educativas privadas informar con anticipación los aumentos de aranceles.
Se deroga una norma complementaria de Precios Cuidados
La medida incluye la eliminación de una disposición accesoria vinculada al programa Precios Cuidados.
Unifican los canales de reclamos para adolescentes consumidores
El Ejecutivo derogó una normativa que establecía mecanismos de atención superpuestos para adolescentes consumidores, concentrando las consultas en un único canal especializado.
Las resoluciones sobre control de precios que fueron eliminadas
Entre las principales derogaciones se encuentran la Resolución 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior y sus 19 modificatorias, que regulaban precios de determinados productos.
Cambios en los requisitos de información para comercializar bienes
También quedaron sin efecto las resoluciones 426/2022 y 296/2023, relacionadas con exigencias informativas para la comercialización de bienes.
Derogan normas históricas del ex Ministerio de Economía
La resolución alcanza además a las normas 22/2006, 178/2007 y 167/2008, dictadas por el entonces Ministerio de Economía y Producción.
Queda sin efecto una resolución sobre cuotas de colegios privados
El Gobierno derogó la Resolución 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, vinculada al decreto que eliminó la autorización estatal previa para modificar cuotas escolares.
Eliminan disposiciones de política económica y comercio interior
La medida también alcanza a la Resolución 82/2014 de la ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo y a la Disposición 167/2018 de la ex Subsecretaría de Comercio Interior.
Fin de programas de fomento al consumo vencidos
Se derogó la Resolución 282/2021 y sus 21 modificatorias, correspondientes a programas de incentivo al consumo cuya vigencia había expirado.
Derogan las normas vinculadas al Fondo del Trigo
Entre las disposiciones eliminadas figuran las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022, junto con su modificatoria 148/2022, todas relacionadas con el FETA.
Eliminan procedimientos para autorizaciones de importación
Finalmente, quedaron sin efecto las resoluciones 254/2019 y 43/2022, que establecían procedimientos de autorización para la importación de mercancías.
Derogaciones en masa: ya van más de 240 normas eliminadas
La nueva decisión se suma a una extensa lista de derogaciones impulsadas por la Secretaría de Industria, Comercio y PyME desde la asunción de Javier Milei.
De acuerdo con datos oficiales, desde diciembre de 2023 ya fueron eliminadas más de 240 normas relacionadas con comercio interior.
El Gobierno sostiene que la revisión permanente de regulaciones permite detectar disposiciones desactualizadas que continúan vigentes únicamente por inercia administrativa.
La estrategia forma parte del plan más amplio de reforma del Estado impulsado por la Casa Rosada, que busca reducir la intervención estatal en la economía y avanzar hacia un esquema regulatorio más simple.
En esa línea, desde Economía remarcan que la desburocratización no implica la eliminación de controles esenciales sino la depuración de reglas que generan complejidad innecesaria.
Lo que viene: la limpieza regulatoria continuará en 2026
La decisión publicada este lunes difícilmente sea la última.
Fuentes del área de Comercio aseguran que continúa el análisis de cientos de resoluciones, disposiciones y reglamentaciones vigentes para determinar cuáles mantienen utilidad práctica y cuáles pueden ser eliminadas o simplificadas.
La expectativa oficial es profundizar durante 2026 el proceso de limpieza regulatoria iniciado al comienzo de la gestión, una de las banderas económicas del Gobierno de Javier Milei.
Con la derogación de estas 58 normas, el Ejecutivo busca enviar además una señal al sector privado: avanzar hacia un esquema con menos burocracia, menores costos administrativos y mayor previsibilidad para la actividad económica.
Para el Gobierno, la simplificación regulatoria se convirtió en una herramienta central de su estrategia económica. Para las empresas, el desafío será comprobar si la reducción del volumen normativo se traduce efectivamente en menos trámites, menores costos y una operatoria más ágil en el día a día.