Uruguay, en alerta por avance brasileño en negocio de la carne

Un informe de consultorí­a realizado para el gobierno advirtió el peligro de que frigorí­ficos brasileños, que concentran plantas en Uruguay, formen un cartel que fije precios en desmedro de los productores y recomendó "vigilar de cerca" a esas firmas.


Señala, además, que existen "importantes incentivos" para que los frigorí­ficos pacten polí­ticas de fijación de precios (colusión) y "escasos para no hacerlo". Por ello recomienda establecer de forma "explí­cita" una serie de "penalizaciones elevadas" que, en caso de detectarse colusión "guarden una relación con el volumen de ventas de las empresas".

Estas conclusiones y sugerencias están incluidas en un trabajo encargado por el Programa de Apoyo a la Defensa de la Competencia y Consumidor que financió el Banco Interamericano de Desarrollo para la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economí­a.

Una de las actividades del programa fue la elaboración de estudios sectoriales. Se realizó uno sobre análisis de competencia en el sector cárnico, otro sobre el mercado de encomiendas y otro sobre el efecto de la instalación de grandes superficies en el comercio minorista.

Según detalla el diario oriental El Paí­s, el trabajo culminado en agosto de este año constó de cuatro informes. En el primero se relevó la estructura y forma de competencia en el mercado de carne bovina; en el segundo las caracterí­sticas de la cadena de valor; en el tercero las condiciones de competencia y un informe final con conclusiones y recomendaciones.

El reporte elaborado por el especialista Juan Manuel Murguí­a, ingeniero agrónomo, concluyó que "no se ha demostrado la existencia de una polí­tica de fijación de precios pero tampoco se puede descartar". Esa afirmación se basa en que existen "importantes incentivos para fijar precios y escasos para no hacerlo". Entre los incentivos está la ganancia que se puede dar.

Según los datos obtenidos por el autor "si mediante un proceso de fijación de precios se logra bajar el precio del kilo en pie de ganado, solamente un centavo, esto implicarí­a para un frigorí­fico que faena 200.000 cabezas anuales un aumento en los beneficios de u$s900.000". Esto representarí­a "como mí­nimo" una cuarta parte de la rentabilidad promedio actual de ese tipo de empresas.

Los costos de acordar acciones en contra de un tercero, en cambio, son "casi inexistentes en Uruguay". Mientras la pena por un acuerdo basado en la fijación de precios en Uruguay serí­a mí­nima, en Brasil pueden ir desde 1% hasta 30% de la facturación anual.

Condiciones
La plaza local, sostiene el trabajo, presenta "un gran número de condiciones que facilitan la fijación de precios". Entre ellas una "alta concentración" de firmas, importante dificultad para el ingreso de nuevos actores, "muchos vendedores sin poder de negociación" y empresas brasileñas con presencia "en varios mercados", entre otras.

El informe advirtió que la tercera parte de la faena está en manos de dos empresas que pactaron fijaciones de precios en Brasil. Se trata de Marfrig (Colonia, Elbio Pérez, La Caballada y Tacuarembó) y Bertin (Canelones), que en 2005 enfrentaron una denuncia por fijar precios junto a otros seis frigorí­ficos brasileños.

De acuerdo a la misma fuente, en febrero de este año un procurador general recomendó la condena de los ocho frigorí­ficos, aunque en el segundo semestre hubo intentos de los acusados de lograr un acuerdo con la gremial de productores que los denunció.

Este antecedente "facilitarí­a la colusión en Uruguay" e incluso se "puede negociar en Brasil", afirma el estudio. Se sugiere que si Marfrig "se pone de acuerdo en Brasil" con Ernesto Correa -empresario brasileño que controla el frigorí­fico Pul en Cerro Largo- "toda la zona Norte del paí­s estarí­a bajo un único cártel" en función de la presencia de La Caballada en Salto y el Tacuarembó.

Es por ello que el trabajo sugiere "vigilar de cerca" a empresas con antecedentes de colusión y aquellas "que tengan ví­nculos comerciales con las mismas". Además, recomienda "disminuir las barreras" a la entrada al sector frigorí­fico simplificando los trámites para la habilitación.

Reclamo
En tanto, el diario uruguayo asegura que el consultor contratado por el gobierno de Tabaré Vázquez cuestionó duramente al Instituto Nacional de Carnes (INAC) por no facilitar información para el trabajo o hacerlo en forma tardí­a a pesar de ser para un reporte elaborado para una repartición del Estado.

El autor reveló que se solicitó información que el INAC ya habí­a publicado "en algún momento", dice el informe final del ingeniero agrónomo Juan Manuel Murguí­a.

"Las reticencias a la entrega de los datos se tradujeron en demoras de más de medio año para obtener finalmente información parcial e incompleta que no permitió su procesamiento con herramientas econométricas", señala.

El INAC regula la actividad de los frigorí­ficos y el comercio cárnico nacional e internacional. El organismo es una persona pública no estatal, en el cual hay representantes del Poder Ejecutivo y de los privados.