Funcionarios judiciales coincidieron en destacar la "vital necesidad" de crear una "Oficina Jurídica y Técnica Especializada en Delitos Informáticos" para así alinear al Ministerio Público Fiscal con la realidad que surge de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de los delincuentes.

El pedido surge de un análisis y conclusiones de un relevamiento ordenado por el Procurador General de la Nación y de los participantes del segundo curso intensivo sobre "delitos informáticos, investigación y prueba digital" a cargo del fiscal Ricardo Saenz.

La adecuación legislativa, la cooperación internacional, la capacitación de los operadores de justicia y fuerzas de seguridad y la creación de una unidad especializada en delincuencia informática fueron los puntos que quedaron en mayor evidencia en esa investigación y durante el curso, realizado en Buenos Aires el 18 y 19 de noviembre.

"La promulgación de la Ley 26.388 del 24 de junio de 2008, es sólo el puntapié inicial en esta materia. Quedan aún pendientes la reforma procesal y una nueva reforma del derecho sustantivo a fin de adecuar la normativa vigente a los estándares internacionales y al nuevo escenario que la sociedad de la información y las comunicaciones plantea", advirtieron los participantes de la investigación.

El relevamiento puso en evidencia que la capacitación de los operadores de la justicia es "indispensable para una mejor y más cabal comprensión de la ciberdelincuencia en todos sus aspectos legales. Las particularidades que esta nueva forma de delincuencia reviste presenta serias dificultades investigativas".

Para los funcionarios judiciales que estuvieron en el curso, los delitos informáticos "exigen la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades así como la utilización de herramientas forenses y medidas procesales que permitan ampliar la producción de la prueba no sólo a los medios ya conocidos sino también a la prueba digital y su consecuente análisis".

La cooperación internacional, tal como se infiere de los informes presentados, "es una pieza clave; así como también deviene imprescindible la interacción con el sector privado, como los ISP (proveedores de servicios de Internet, sigla en inglés) y los desarrolladores de nuevos hardware y software", señalan las conclusiones del relevamiento.

En ese sentido, se destacó que "la producción de la prueba así como las tareas de inteligencia, necesariamente, van a requerir de la contribución del sector privado". 

También se señaló la conveniencia de ofrecer a través de una oficina técnica especializada del Ministerio Público Fiscal que, actuando conjuntamente con el Departamento de Informática, brinde el asesoramiento jurídico, la colaboración y las herramientas tecnológicas adecuadas a las Fiscalías para la investigación y persecución penal de los delitos informáticos.

De este modo, también se respondería a lo expresado en el Art. 35 del Convenio de Ciberdelincuencia de Budapest que permitiría a la Argentina ingresar a los estándares internacionales.

En la situación actual, la gran mayoría de las fiscalías investiga estos delitos con la División de Delitos en Tecnología y Análisis Criminal de la Policía Federal.