El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió este martes que el ex titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza fuese condenado a la pena de prisión perpetua por ser "instigador" del crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010 en Barracas.

Bajo la misma figura y tras un extenso alegato detallado, los abogado Alberto Bovino y Maximiliano Medina pidieron la misma pena para el entonces segundo del gremio Juan Carlos Fernández, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

Exigieron que también ordene la misma condena -aunque bajo cargos distintos- a otros acusados: el comisario Hugo Lompizano; los delegados Pablo Díaz y Daniel González; los barrabravas Cristian "Harry" Favale y Gabriel "El Payaso" Sánchez, y los trabajadores ferroviarios Juan Carlos Pérez y Salvador Pipito.

El alegato que estuvo interrumpido por tres cuartos intermedios dispuestos por el Tribunal Oral Criminal N 21, incluyó un detallado rol que tuvieron cada uno de los acusados.

La hipótesis de esta querella, que representa a la mamá de Mariano, Beatriz Rial, el crimen fue resuelto para "aleccionar" y "evitar" futuros cortes de vías por parte de los tercerizados, porque Pedraza quiso mantener la "hegemonía política en el gremio y conservar el poder económico a través de esta forma de contratación, la tercerización".

Según la querella, Pedraza hacía un negocio con las tercerizadas, incluso aseguraron que el sindicalista estaba al frente de una y tenía influencia en otras, y lo hizo en complicidad con la empresa operativa UGOFE y al secretaría de Transporte, entonces a cargo de Juan Pablo Schiavi.

Además, negaron que los ferroviarios se hayan auto convocado allí en Avellaneda para evitar el corte de vías; y en cambio aseguraron que la convocatoria fue gestada desde el gremio de la Unión Ferroviaria, más concretamente por Pedraza y Fernández y el delegado Pablo Díaz.

"El homicidio de Ferreyra fue a 300 metros de las vías y cuando se retiraba, evitar el corte de vías era una fachada", agregó el abogado Maximiliano Medina, quien realiza el alegato junto con el letrado Alberto Bovino, ambos del CELS.

También la querella acusó a los ferroviarios Salvador Pipito y Daniel González por amenazar a un equipo periodístico de C5N que estaba en el lugar para evitar que tomasen imágenes.

El próximo viernes será el turno de dar a conocer los alegatos por parte de la querella que tiene a su cargo el Partido Obrero y la abogada María del Carmen Verdú, en representación de los heridos en el hecho, y luego será el turno de la fiscal María Luz Jalbert.