El kirchnerismo está juntando voto por voto para la sesión del 25 de septiembre. Ese día es el indicado para debatir en el recinto de Diputados el proyecto de Presupuesto Nacional 2014, la prórroga de la Emergencia Económica y los impuestos con vigencia que vencen el 31 de diciembre, entre ellos el tributo sobre el cheque, clave para asegurar una recaudación de unos $55.000 millones anuales.

Son las leyes que el Gobierno necesita aprobar antes de las elecciones del 27 de octubre, en precaución por el efecto que pueda producir en las lealtades dentro de los propios bloques kirchneristas esa elección.

Este fin de semana hubo negociaciones para preparar el plenario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que deberá emitir mañana el dictamen del Presupuesto 2014. Todo ese proceso está comandado por Julián Domínguez, el presidente de la Cámara. 

En materia de convencimiento el kirchnerismo no puede esperar mucho de la oposición. Tras la presentación del proyecto el jueves pasado por la mañana y el comienzo del debate por la tarde con la visita de Axel Kicillof, Juan Carlos Pezoa y Adrián Consentino a la comisión, todos los diputados de la oposición unificaron posición en un punto: no hay acuerdo con el Gobierno en ninguno de los artículos que integran el proyecto de presupuesto.

Así se cuestionó la proyección de evolución del gasto y la recaudación: "Cuando el ministro dice que el gasto va a crecer un 18% está diciendo que los trabajadores, los jubilados, el gasto social todo va a crecer por debajo de la inflación, y estaríamos en presencia de un ajuste en 2014", dijo ese día Claudio Lozano. Pero no fue el único ya que el radicalismo, la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay y el peronismo disidente fijó la misma posición.

No hay acuerdo tampoco en la tasa de crecimiento de la economía proyectada en 6,2%, sobre todo porque ese pronóstico supone que quien asuma la presidencia en 2015 deberá pagar (pocos días después de la ceremonia de jura) unos u$s7.125 millones por el cupón PBI. En 2014, si se mantiene el pronóstico de crecimiento de 2013 que Kicillof y Pezoa defendieron en Diputados la semana pasada, el pago por ese cupón rondará los u$s4.375 millones. Todos esos números son rechazados por toda la oposición que acusa al Gobierno de ocultar tras un crecimiento inflado el creciente déficit y el estancamiento de la economía.

También se cuestiona desde el radicalismo la modificación a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, que se introdujo en el artículo 68 por el que se vuelve a establecer que el cobro de sentencias contra el Estado queda supeditado a la inclusión de la partida para pagarlo en el Presupuesto Nacional siguiente al del fallo judicial. Es decir que, como en tiempos de Domingo Cavallo, argumentan, se pagará lo que ordena un juez pero siempre que esté incluido en el presupuesto. 

Dentro de los cuestionamientos al proyecto entra la constitución del fondo de desendeudamiento que para 2014 se llevará u$s9.855 millones, lo que supone un 28% de las reservas del BCRA al nivel en el que estaban el viernes pasado.

Las partidas destinadas al pago de deuda, los refuerzos en la autorización para la importanción de energía, que se mantienen en los mismo volúmenes pero a precios más elevados y la incertidumbre en el proceso de renovación del plan de desendeudamiento de las provincias, no contemplado en el proyecto de presupuesto de este año, aportaron lo suficiente como para que la oposición anuncie el quite de colaboración casi unánime.

Pero el principal problema del kirchnerismo no está allí sino en la votación de la prórroga de la declaración de Emergencia Pública hasta el 31 de diciembre de 2015.

El primer paso que tendrá que cumplir el oficialismo es emitir los despachos de comisión. Para eso no tendrá problemas: de los 52 miembros de la Comisión de Presupuesto, el Frente para la Victoria, que conduce Juliana Di Tullio, cuenta con el respaldo de 27 diputados y dos aliados aportados por los santiagueños y Nuevo Encuentro. 

Para eso el kirchnerista Roberto Felleti, presidente de Presupuesto y Hacienda ya convocó a una reunión para mañana a las 16 para avanzar en el análisis y redacción de los dictámenes que pueden ser emitidos ese día o el miércoles si quiere que se traten en una sesión ordinaria en lugar de una especial donde no se requerirían los 7 días hábiles entre la emisión del dictámen y la votación en el recinto, como exige el reglamento.