El régimen especial para microempresas de la ofensiva contra el trabajo ilegal, será tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso en febrero, según lo confirmaron desde el Ministerio de Trabajo.  

Se trata del pago único por trabajador, para micropyme con hasta 5 empleados, que tomará en cuenta la menor escala y la productividad general de esas empresas.

Dicho pago no alterará el valor de los aportes que garantizan los derechos de los trabajadores y su dinámica estará relacionada en forma directa con el registro de empleadores que integra la ofensiva contra el empleo ilegal. A mediados del año pasado la presidenta Cristina Fernández convocó a empresarios y gremios a reducir el porcentaje de empleo ilegal, al anunciar el salario mínimo vital y móvil. En ese esquema trabajaban ya los equipos a cargo del ministro Carlos Tomada  desde mediados de 2012.

“Ese pago único completará el proceso de simplificación de las operaciones administrativas para la contratación de personal”, recalcaron al matutino BAE desde la cartera laboral, y acotaron que se definirá un área de servicio de asistencia técnica a las micropymes para fomentar “tanto la registración del personal como otros beneficios”.

Las expectativas del Gobierno apuntan a incrementar los porcentajes de trabajo registrado, y descuentan que ese pago único no abre expectativas de incremento en la recaudación fiscal. “Hay un objetivo de gestión: garantizar el mejor registro posible para que más trabajadores puedan acceder a sus derechos”, acotó la misma fuente.

En la génesis del proyecto también participaron representaciones empresarias sindicales de la CGT que lidera Antonio Caló como la CTA de Hugo Yasky. En algún momento trascendió que en los sindicatos hubo preocupación ante la “eventual pérdida de afiliados” por este incentivo a la micropymes, circunstancia que fue minimizada desde Trabajo; “sólo fue un malentendido”, reseñaron, asegurando que la mesa tripartita coronó una labor para destacar.