La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) dio inicio a una investigación para determinar la existencia de posibles maniobras desestabilizadoras y delictivas contra el orden público económico- financiero.

Los fiscales a cargo de la Procuración General de la Nación, bajo la dirección de Alejandra Gils Carbó, creen que las maniobras de algunas empresas con el dólar dispararon un proceso de aumento de precios injustificados, que podrían configurar un fraude contra la administración pública.

Si bien el texto de la Procelac no menciona a la empresa Shell, acusada por el propio ministro de Economía, Axel Kicilloff, de comprar dólares por encima del valor de mercado para elevar su precio, el área de Fraudes Económicos y Bancarios, que dirige Pedro Biscay, explicó que es "en relación a los hechos que trascendieran la semana pasada en los distintos medios de comunicación sobre ciertas operaciones cambiarias que se habrían apartado de la cotización oficial y que habrían provocado una brusca alza en la misma".

Y agrega que "la pesquisa se extenderá también a otros sectores productivos que incrementaron sus precios a partir de la nueva cotización, de manera injustificada, y abarcará ilícitos cambiarios, fraudes al comercio e industria o defraudaciones contra la administración pública que pudieran haberse producido".

"Esa irregular situación tuvo como consecuencia un impacto negativo en el mercado, que derivo en el alza de algunos precios (incluso aquellos que no dependerían de componentes importados sujetos a la variación del dólar) perjudicando de esta manera al público consumidor", publicó El Cronista.

"Las presuntas conductas de manipulación en el dólar dentro del mercado cambiario con una finalidad desestabilizadora, afectan al orden público económico-financiero; en tanto lesionan el normal desarrollo del mercado, como también su confiabilidad y estabilidad, pudiendo configurarse un daño que impactaría a todo el sistema y un perjuicio a los intereses económicos de la Nación. La gravedad de todas estas circunstancias amerita ser sometida a un profundo análisis".

En ese contexto el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay señaló en radio Mitre que el Gobierno cree "que con el derecho penal se pueden solucionar problemas económicos".

Y agregó que "no resiste un gran comentario porque me parece que es una multiplicación de lo que estamos viendo hace tanto tiempo. Una administración que trata siempre de encontrar culpables afuera".

Y recordó que el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo "Moreno, aplicaba sanciones contra consultoras porque no le gustaba cómo medían los precios".